El gobierno provincial tomó la decisión, y la formalizará antes del fin de semana, de bajarse de la co-adminstración de Vicentin, tal como lo dispuso días atrás el juez comercial que lleva la convocatoria de la defaulteada agroexportadora, Fabián Lorenzini.
Formalmente, según sostienen en la Casa Gris, que fue la que pidió hace seis meses la intervención, la medida llega fuera de tiempo. Pero informalmente se deja trascender que no quieren aparecer convalidando una resolución que les parece que el juez tomó pensando más en cuidar sus espaldas ahora que avanzan las causas penales contra Vicentin y que salpican la convocatoria que lleva adelante, como la posibilidad que le dio a la aceitera de demorar varios meses antes de presentar el último balance como siempre se exige a las empresas para aceptarle la apertura de un concurso de acreedores.
La renuncia a presentarle al juez llevará la firma de la Secretaria de Justicia y de la Inspección General de Personas Físicas, que fue la que formalmente había realizado el pedido. Precisamente, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, ya la semana pasada se había manifestado molesto por la demora del juez en avalar su reclamo, que incluso era más urgente cuando todavía no había renunciando el directorio que llevó a la empresa a la más grande cesación de pagos en la historia.
En rigor, cuando Santa Fe pidió la intervención era parte de un paquete de medidas conocido como el “Plan Perotti”. Es que luego de que el juez rechazara los decretos de intervención del gobierno nacional y las asonadas en el interior contra la Casa Rosada hicieran recular al presidente Alberto Fernández y su plan de expropiación, el gobernador santafesino presentó una estrategia alternativo y más dialoguista. En líneas generales, el Plan Perotti, que estaba mas prolijamente concebido desde el punto de vista legal, argumentaba la necesida de intervenir luego de observar irregularidades administrativas en la sociedad.
El interventor, como en este caso, no corría al directorio pero sí conduciría el proceso. La idea era que una vez intervenida la empresa, se forme un fideicomiso -administrado por un tercero- en el que los dueños cederían sus acciones para que los interventores negocien con acreedores y con nuevos inversores la venta (total o parcial) de la compañía. En ese contexto, se reflotaría del plan original la alianza con YPF para desarrollar nuevos negocios de agregado de valor. Ese plan fracasó porque el juez demoró en intervenir la empresa y los dueños de la compañía rechazaron ceder sus acciones.
Precisamente, por esa demora (de varios meses) el "plan Perotti" es historia. Es que ahora con un nuevo directorio ya negociando con acreedores la reestructuración de Vicentin y habiendo permitido el juez que la empresa se desprenda de activos, la intervención dispuesta queda reducida al control. Y para el gobierno provincial, el control ya lo puede hacer con las propias atribuciones de la Inspección General de Personas Jurídicas.
Con el paso al costado de la Provincia, sólo quedó como interventor el abogado Andrés Schocron, quien venía revistiendo la función de veedor a propuesta de la Asociación de Cooperativa Argentinas (ACA), principal acreedor comercial de Vicentin. Sobre el interventor, respalda la intención del nuevo directorio de activar una ronda de negociaciones con acreedores e inversores poniendo sobre la mesa la venta de la acciones de la firma.
Por su parte, tal como publicó Rosario3, el directorio de la agroexportadora rechazó la medida del juez y apela la intervención.
