La inseguridad apabulla diariamente a la provincia y es lógico que concentre el debate de los candidatos y la atención de los ciudadanos. Pero que la agenda económica no venga teniendo centralidad electoral no significa que no tenga asuntos pendientes y urgentes por resolver.
Y no sólo aquellos en los que la injerencia nacional es decisiva, como la creciente pobreza, sino también temas de estricta “jurisdicción provincial” como es el deficiente estado de la infraestructura santafesina. Temas que se pueden reducir en una sola pregunta: ¿Qué piensan hacer los candidatos con la EPE y Aguas?
En efecto, toda la infraestructura santafesina cruje, desde la logística a la de los servicios pasando por la productiva. Y hay temas de fondo que necesitan debatirse, como el impacto hídrico por la creciente urbanización de los suelos. Pero también la expansión del servicio de cloacas y agua potable. O la falta de servicio eléctrico en muchas de las zonas del gran Rosario que se están industrializando.
Claramente, hay una situación estructural deficitaria en materia de infraestructura que excede lo que ocurrió en los cuatro años de Omar Perotti o en la gestión de Miguel Lifschitz. Tiene que ver con una ya crónica desconexión entre los niveles de inversión efectuada en infraestructura y las necesidades de la creciente demanda.
Según la Cepal, para que no haya una brecha creciente entre oferta y demanda se necesita por lo menos un nivel de inversión en infraestructura de entre el 15 y el 20% de los presupuestos públicos anuales de las provincias. ¿Qué pasó en Santa Fe? En los últimos 20 años se alcanzó ese porcentaje solo en dos años: en el 2006 y en el 2013. Dicho claro, sólo dos años en los últimos 20.
Y es en ese marco en el que toma relevancia que los equipos de los candidatos vayan preparando planes y estrategias para las dos empresas provinciales de servicios públicos: Aguas y EPE. Ambas firmas arrastran serias dificultades: algunas provocadas o aumentadas por la alta inflación (por ejemplo encareciendo insumos y obras) y otras provocadas por déficits internos estructurales, como es el peso de los sindicatos -siempre díscolos a darle ritmo a las gestiones- en la conducción de las empresas.
El caso de Aguas aparece más urgente. La empresa, como ocurre en todas las líneas estatales, afronta retrasos en el pago de obras y proveedores. Pero además, por el aumento de la inflación, las recientes subas tarifarias ya quedaron retrasadas para enfrentar el aumento de los costos, y por eso hoy tiene una dependencia intensiva de los fondos provinciales no ya para obras de ampliación sino para la gestión y el mantenimiento diario. Y sin contar que el esquema normativo que la rige sigue siendo el de la época en que estaba privatizada.
Si bien la EPE no tiene urgencias en la diaria, a diferencia de Aguas que necesita de fondos del Tesoro provincial para que le cierren las cuentas, ninguna de las dos empresas puede afrontar grandes inversiones sin auxilio de la administración provincial o del aporte de los privados en el caso del servicio de energía eléctrica, que deben costear de sus bolsillos las obras de provisión energética. La alternativa de financiamiento del mercado de capitales, por caso, es una experiencia a recorrer que todavía no emprendieron y podrían emprender las propuestas de los candidatos.
La cuestión de los servicios incluso se puede poner más difícil si a nivel nacional cambia el gobierno por uno más afín a seguir reduciendo los subsidios estatales a la energía, que sumaría presión a las tarifas. O que tenga vocación privatista en la provincia.
La contundencia de los datos muestra cómo las inversiones que se anuncian, por más millonarias que sean, van corriendo muy de atrás. Y además de explicar muchos de los actuales déficits en la prestación de servicios, exponen la necesidad de que la cuestión de la infraestructura amerita ser un tema central en la agenda de los candidatos a gobernador Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski.
Rosario necesita un shock de obras de infraestructura, sobre todo si se quiere luchar contra la inseguridad a fuerza de urbanizar barrios populares. La posibilidad de que haya un mismo color político entre Municipalidad y Provincia pude contribuir a que la gestión del financiamiento para tales obras sea más dinámica.
Pero además necesita unión política para la búsqueda de un mayor financiamiento nacional, terminando -por ejemplo- con injusticias en el reparto de los fondos. Y va sólo un ejemplo: el fondo del conurbano de Rosario -que fue de 20 millones de pesos a mediados de los 90- nunca se actualizó y hoy sigue recibiendo la misma cantidad, mientras que el del conurbano bonaerense se actualizó y hoy es de 260 mil millones de pesos.
Como sea, hasta ahora, ninguno de los candidatos expuso esta problemática en sus agendas electorales y tampoco aparecieron referentes en las áreas de infraestructura. Se espera que ahora que ambos dirigentes quedaron consolidados en sus candidaturas aparezcan los referentes y los planes para resolver las urgencia de la infraestructura regional.
