La detención este lunes del presidente de Vicentin, Omar Scarel, provocó un profundo cimbronazo en el concurso de acreedores -que la agroexportadora parecía tener encarrilado a un mes de que se le venza el plazo judicial para negociar un acuerdo- y ahora la declarada batalla por el futuro de la compañía tiene final abierto.
Es que la razón de la detención de Scarel es un golpe al corazón de la propuesta de pago que Vicentin les hizo a sus acreedores: abonar su pasivo con lo que recaude por la venta del 33% de las acciones que tiene en Renova (por unos u$s300 millones) a Viterra (ex Glencore).
Pero ocurre que en diciembre pasado el Tribunal del Colegio de Jueces de Segunda Instancia confirmó una cautelar tomada en primera instancia que prohíbe cambios en la propiedad de las acciones de las empresas donde la concursada Vicentin Saic tenga participación.
Y la fiscalía de Delitos Económicos detuvo a Scarel, como presidente del directorio de Vicentin, por entender que la propuesta de pago a los acreedores está violando esa resolución judicial, y por eso lo imputará por desobediencia.
Por el contrario, para la agroexportadora “de ninguna manera se incumplieron estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”.
La letra chica
Los argumentos de uno y otro lado se suceden. Por ejemplo, el debate sobre cuán bien claro estaba puestos en los contratos de conformidad presentado a los acreedores que era un entendimiento ad referéndum.
¿Decir que el acuerdo depende de las “homologaciones judiciales y de levantamientos de las medidas cautelares interpuestas” sin expresar que eran “cautelares penales” la que pesaban sobre los activos a vender es una forma de avisarle realmente a los acreedores que firmaban el acuerdo cuál era el de situación? ¿O, en rigor, lo que hizo fue un ocultamiento implícito de la situación, y por ende una violación a la cautelar?
¿Fijar una fecha cierta de pago, a pocos días de lograda la homologación, pero sin aclarar que para cumplirla debe primero lograr dar vuelta un fallo de Cámara en un fuero penal del que ninguna injerencia tiene el juez comercial que homologa el entendimiento concursal es mostrarle las cartas tal como son a los acreedores?
Claramente, en la avanzada de los fiscales subyace la idea de que se está cometiendo una estafa a los acreedores. Aparece ahí la interpretación de que la supuesta actitud de firmar contratos como si no existiese la cautelar penal que hace inejutable el acuerdo de pago representaría un engaño a los acreedores, una manipulación.
Y si hablamos de letra chica, ahora que todo está en debate hay otra cláusula que llama la atención entre acreedores y es la que dice que todo el acuerdo, además de la homologación judicial y el levantamiento de cautelares, está sujeto a que Viterra (la ex Glencore que comprará el 33% de Renova) pueda revisar las condiciones. ¿Sólo una formalidad propia de la redacción contractual o también abre la puerta a eventuales nuevos escollos para cobrar?
Lo cierto es que el miércoles cuando se realice la audiencia imputativa contra Scarel en el Centro de Justicia Penal cada parte expondrá sus argumentos en detalle y será, finalmente, la Justicia quien dirima el contrapunto.
¿Puerta 12?
La estrategia de Vicentin siempre fue mantener separados el frente jurídico comercial del frente jurídico penal entendiendo que las denuncias por estafas que acumulaba de acreedores eran para presionarlos por un mejor arreglo comercial.
Y en ese contexto, apostó a que resolviendo el concurso se destrabarían los escollos penales. De hecho, sostienen que, si se aprueba la propuesta con las mayorías requeridas por la ley concursal, Lorenzini les pediría a los diferentes órganos de la administración y del Poder Judicial que adopten las medidas necesarias para que el acuerdo homologado sea ejecutable.
Y no sólo en lo formal sino también en lo práctico. Por ejemplo, si los bancos extranjeros se adherían a la propuesta de pago se entendían que se bajaban del frente penal le quitarían peso a esa avanzada quedando peleando en soledad el grupo Grassi, principal opositor a la oferta concursal.
No en vano los opositores a Vicentin le pusieron el mote de “Puerta 12” a la estrategia de lograr un acuerdo con los acreedores más chicos (a la mayoría le saldaría la deuda con un pago de 30 mil dólares sin quita y en un único pago a los pocos días de homologado el concurso) que dispararía una avalancha de adhesiones y conformidades que se llevaría puesto al intento de resistir a los acreedores más grandes (que dicen que la oferta les significa una quita del 90%), del Banco Nación (que también se opone Vicentin) y los fiscales.
Independientemente de eso, es cierto que en su estrategia comunicacional siempre se minimizó la existencia de la cautelar. Por ejemplo, ante la consulta de Rosario3 la semana pasada se dijo que su alcance estaba restringida a venta que la sociedad familiar (Vicentin Family Group) quisiera hacer de acciones que tiene en terceras empresas (como el frigorífico Friar al grupo financiero BAF, que es caso que disparó la cautelar) pero que no se vinculan con los activos de la concursada Vicentin Saic. Todo lo contrario, a lo que opinan los fiscales que sostienen que la prohibición alcanza a los activos de Vicentin Saic.
Esa estrategia de “cuasi-invisibilización” de la situación también se observa en los escritos presentados a la prensa sobre la marcha de las negociaciones con los acreedores en la que nunca se explicitó la existencia de una cautelar penal que puede dar por tierra el acuerdo.
¿Y el Banco Nación?
Y esa minimización (al menos pública) de la avanzada penal, también la observaron en carne propia los fiscales. Por ejemplo, el fiscal que lleva la investigación, Miguel Moreno, ya le había avisado al juez del concurso en febrero que no veía con buenos ojos que la propuesta de pago de Vicentin se base en la venta de activos cuando regía una cautelar prohibiendo ese tipo de operaciones. El mes pasado el fiscal Sebastián Narvaja también había alertado sobre el tema, pero no obtuvo respuesta forma de su escrito por parte de la empresa.
Como en el caso de la cautelar, Vicentin siempre le restó importancia a la oposición del Banco Nación a la oferta de pago. Al considerarse el 90% de su deuda privilegiada (algo menos de 300 millones de dólares), la empresa descuenta que la entidad deberá cobrarse del producido de los embargos que tiene sobre activos fabriles de Vicentin en el norte provincial, propiedades sobre la que además pesa una garantía hipotecaria a su favor. Y como es raro que el Nación ejecute una hipoteca, sobre todo de una planta en funcionamiento y con empleados cobrando, ante cada declaración del presidente de la entidad crediticia, Eduardo Hecker, quejándose, la respuesta es que el funcionario está haciendo política.
Por el contrario, para los acreedores que rechazan por abusiva la oferta de pago de Vicentin sostienen que la estrategia de la agroexportadora en lo que respecta al Banco Nación es alargar al máximo los tiempos procesales a la espera de que con un cambio de gobierno nacional llegue una administración más afín al grupo que, con nuevas autoridades en la entidad crediticia, desactive políticamente la oposición al proceso.
El papel del juez
Pero) también le pone presión a la resolución del concurso. Y es que el juez Fabián Lorenzini, quien lleva la convocatoria de la aceitera, ahora tiene una situación aún más compleja.
Hasta ahora el juez Fabián Lorenzini tenía que ver cómo resolvía jurídicamente el acuerdo concursal. Pero ahora tiene un desafío adicional.
En principio, si Vicentin logra las conformidades necesarias (ya tiene las cápitas, pero le falta el capital), ¿puede el magistrado homologar una propuesta concursal que jurídicamente es “inejecutable” por la cautelar? Y dar vuelta una decisión de Cámara pude llevar años, cuando el 30 de junio le vence a Vicentin el período de exclusividad en la negociación, y si para esa fecha no suma las voluntades pierde el control ya que se abre la fase para el cram down, la última instancia antes de la quiebra. Y no existe “una homologación en suspenso” de un concurso. En definitiva, la disposición judicial penal “afectó la capacidad del juez comercial”.
Y si ya de por sí se presentaba difícil para el juez homologar con la cautelar, la fuerte jugada de Ministerio Público de la Acusación (MPA) le suma otra encerrona a debatir: ¿no está viciada la voluntad de los acreedores en la obtención de las conformidades? ¿Se pueden aceptar conformidades producto de un contrato que, como dicen los fiscales, no les mostraron a los acreedores la situación real provocada por la cautelar vigente?
¿Y los bancos?
Los bancos extranjeros, a los que Vicentin les debe 500 millones de dólares y –como grupo- es el principal acreedor, tiene en sus manos buena la llave para inclinar hacia un lado u otro el conflicto. Si se adhieren a la propuesta de pago, Vicentin logra un aliado, pero si se bajan el acuerdo no se puede aprobar y se abre así la instancia del cram dow o la quiebra.
Los bancos, según Vicentin, estaban prestos a dar su conformidad a la propuesta, lo que le permitía a la deudora conseguir el capital necesario para que se apruebe su oferta. Pero la pregunta es: ¿ante esta situación, y con el presidente de Vicentin durmiendo tras las rejas, se sumarán? Es que si prospera en la Justicia la visión de los fiscales quedarían involucrados en la comisión de un delito. Este lunes, por lo pronto, se excusaron de responder la consulta ante la consulta de Rosario3.
Está claro que si los bancos se retiran de la mesa, es "game over" para Vicentin. ¿Y, a todo esto, cómo se paran los compradores de Vicentin, o "inversores estratégicos" tal como se bautizó al grupo que formaron Viterra, ACA y Bunge para repartirse en el futuro los negocios y activos de la firma? Por el lado de Viterra, en Vincentin descuentan que estos avatares judiciales no lo amedrentarán. Y hasta esperan algún pronunciamiento público en breve.
En tanto, ACA, principal acreedor comercial de Vicentin también parece muy comprometido con el proceso y es que hacerse con las plantas de la empresa es la mejor forma de cobrar que tiene la asociación de cooperativas. Bunge, fue el último en entrar y no pierde nada si decide retirarse. Y es por eso que en el mercado de granos están atentos a cuál será su postura. Y si bien no sería mortal su retirada, que la trader estadounidense decida ir a cuarteles de invierno con este tema significaría un duro golpe a Vicentin.
¿Casualidad?
Es más, para Vicentin no fue casual que el primer día en el que el jefe de los fiscales económicos, Miguel Moreno, se reincorpora luego de una licencia lo primero que hizo fue detener a Scarel en Avellaneda. Es que en la aceitera sostienen que la avanzada de los fiscales fue a pedir de los acreedores cerealistas díscolos con el objetivo de voltear el acuerdo.
“Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido. No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”, se quejó Vicentin por medio de un comunicado.
Pasado y futuro
¿Por qué sería tan traumático para el juez no homologar un acuerdo? Claramente, la normativa argentina en concursos y quiebra (y los usos y costumbres de los magistrados), está pensada para salvar a las empresas de la quiebra. Pero en este caso, entre la falta de acuerdo y la liquidación hay una fase en el medio avanzada: el “cram down” o la posibilidad de que terceros también acerquen propuestas de salida a la crisis.
El grupo Grassi encabeza un fideicomiso de acreedores granarios de Vicentin que le viene dando forma a una propuesta de cram down en la que prometen un mejor acuerdo de pago. Incluso, contrataron a un banco de primera línea para que active conversaciones con los bancos acreedores, los que –como se dijo- son los que inclinarán la balanza. Y hasta el juez, no del todo cómodo, igual le abrió el juego como para que se vaya preparando por si fracasaba la oferta de los aceiteros.
Por su parte, Vicentin siempre alertó que Grassi nunca mostró realmente cómo sería el plan para mejorar la oferta y criticó que nunca dijo quiénes son sus aliados peso pesado para el manejo de la agroexportadora. Y en la medida de que Vicentin sumaba adhesiones a su oferta de pago, bajaba la consideración del mercado a la salida vía cram down. ¿Este cimbronazo lo vuelve a poner en carrera?
En efecto, así como el control del 100% de la aceitera más grande del país le significaría a Viterra dar vuelta de página con todo el proceso, no quedarse con el 33% que le falta controlar de la fábrica de Timbúes podría significar que se indague judicialmente cómo le compró el 16% a Vicentin apenas unos días antes de que la aceitera concrete el default más grande en la historia del mercado de granos argentinos.
¿Desmedido?
La detención de Scarel en su domicilio en Avellaneda tomó por sorpresa a Vicentin y fue calificada de “absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida” por la empresa. “Todos los miembros del Directorio de Vicentin imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la Justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”, resaltó la firma en un comunicado.
Y los abogados de la empresa que mantuvieron conversaciones con los fiscales ejercieron ayer mismo una fuerte crítica por la decisión de traer al empresario preso desde el norte santafesino a Rosario.
Moreno fijo audiencia imputativa para el miércoles, aunque la defensa buscó apurarla para este martes en busca de reducir el tiempo que Scarel debe pasar tras las rejas. Todo indica que el juez Román Lanzón, quien viene llevando el caso, será quien la presida.
Moreno se prepara ahora para pedir la prisión preventiva del empresario, pero para la defensa no existe justificativo para mantenerlo preso por el delito de desobediencia, más allá de que insisten con que eso no ocurrió. Y por eso preparan una aguerrida defensa para la caliente audiencia que habrá el miércoles.
Para intentar convencer al juez de que mantenga Scarel tras las rejas, el fiscal recurrirá al archivo argumentando que Scarel, imputado por la firma de balances falsos en 2017 y 2018 y la confección de informes trimestrales para los bancos también falsos en 2019, sigue incurriendo en la comisión de delitos. Ocurre que antes de ser el presidente de la firma, Scarel es el histórico contador del grupo y por eso uno de los más complicados.
No en vano también se dispone a imputarlo en los próximos días por el famoso caso de los 200 mil dólares encontrados en la caja fuerte de su hijo y como éste no podía justificar su origen le pidió al ex titular de la Afip, Carlos Vaudagna, que diga que eran suyos, tal como se desprende en las escuchas presentadas. La idea, entonces, es mostrar al presidente de Vicentin como un recurrente infractor de las normas. Y a la luz de éstos acontecimientos, se puede decir que la semana pasada Vaudagna logró justo la probation por esa causa (pagando $1M) ya que ahora el ánimo está caldeado.
