Dos ex importantes ejecutivos de la multinacional cerealera Viterra (antes conocida como Glencore y que hoy es de las que más granos exportan desde Argentina) quedaron este lunes imputados por administración fraudulenta en el marco de las investigaciones penales contra la agroexportadora Vicentin.
Se trata de Sergio Gancberg y Daniel Pájaro, ambos directivos por Viterra en Renova, la planta aceitera más grande del mundo que Vicentin y Viterra levantaron en Timbúes.
Si bien la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió al juez Román Lanzón, quien lleva los casos penales de Vicentin, una caución por u$s420 mil dólares para cada uno de ellos, el magistrado les dictó como medida cautelar la prohibición de salir del país sin autorización y por eso se les va a retener el Pasaporte.
La imputación de ambos ejecutivos se suma a la imputación, que ya tiene todo el directorio de Vicentin al momento de entrar en default. En tanto, Diego Fernando Mejuto, el otro directivo de Renova al que le apuntó la Unidad de Delitos Económicos, no se presentó -con autorización- a la audiencia de este lunes y por eso será imputado con posterioridad.
Ahora bien: ¿Cómo fue que dos recientes ex directivos de una multinacional quedaron implicados? Es que el grupo Grassi, uno de los principales corredores y acopiadores de granos del país, denunció penalmente que le desaparecieron 55 mil toneladas de granos que dejó en depósito en la planta de Renova por un acuerdo que tenía con Vicentin.
La denuncia
La modalidad consistía en operaciones por medio de las cuales Commodities (que es el acopio del grupo Grassi) entregaba cereal, en depósito, en las instalaciones de Renova (controlada de Vicentín), quien asumía de dicha forma la custodia y el deber de restitución de la mercadería recibida.
Una vez que los granos se encontraban localizados en dichas instalaciones, bajo la custodia de Renova, los representantes de Commodities pactaban con quienes representaban a Vicentín, ventas del cereal depositado en las instalaciones de Renova, bajo las condiciones de tiempo, modo, precio y modalidades de pago que en cada caso se establecían.
Bajo esta modalidad, con habitualidad, desde el año 2018 y hasta finales del año 2019, Commodities entregó en depósito en las instalaciones de Renova 500.785.660 kg. de soja. De este total, vendió a Vicentín, bajo los términos detallados, 445.177.570 kg. de soja. Pero hubo un faltante de 55 mil toneladas que Grassi denunció en el medio de la crisis de Vicentin.
Para el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastian Narvaja, se trató de un caso de administración fraudulenta y por eso los imputó a Gancberg y Pájaro.
En concreto, se atribuye a los imputados Gancberg, como Presidente de Renova S.A., a Diego Fernando Mejuto, como Vicepresidente, y a Daniel Pájaro y a Daniel Buyatti, como Directores Titulares de la misma firma, haber dispuesto, sin contar con una orden expresa del depositante y violando los deberes de depositaria de Renova, de 55.608.090 kg. de soja, de propiedad de Commodities.
“Entre el 31 de mayo y el 11 de noviembre de 2019, Commodities descargó en las instalaciones de Renova 55.608.090 kg. de soja, en carácter de depósito, bajo la operatoria previamente descrita. Dicha descarga tiene correspondencia con 1925 cartas de porte en las que se ha registrado a Renova como “Destino” y a Commodities como “Destinatario”, conforme las operatorias ya expuestas”, dice el texto imputativo que firmó Narvaja.
Durante el período en el que Commodities descargó dicha mercadería en las instalaciones de Renova, esta era controlada por Vicentín. Respecto de este cereal, Commodities no efectuó venta ni transferencia alguna en favor de Vicentín, tal como sí lo hizo, desde el año 2018 con cargas que superaron las cuatrocientas cuarenta y cinco mil toneladas de soja.
“No obstante, entre el 31 de mayo de 2019 y el 10 de febrero de 2020, las autoridades de Renova dispusieron de 30.218.613 kg. de soja de propiedad de Commodities, que entregaron a Vicentín, sin que hubiese mediado acto jurídico alguno que legitimara dicha decisión. Por otra parte, entre el 31 de mayo de 2019 y el 30 de junio de 2020, las autoridades de Renova dispusieron, sin contar con autorización de Commodities, de 25.389.477 kg. de soja de propiedad de esta última firma, violando los deberes que Renova tenía como depositaria”, agrega la imputación presentada este lunes.
“Estas circunstancias fueron advertidas por las autoridades de Commodities al imponerse de la documentación relativa al Concurso de Vicentin. Y la maniobra en Renova muestra que todo Vicentin fue un plan diseñado y ejecutado para estafar”, resaltó Gustavo Feldman, abogado de los Grassi, junto con la doctora Viviana Cosentino, quienes calcularon la mercadería desaparecida en el orden de los 26 millones de dólares.
La defensa
Tras escuchar las imputaciones, Sergio Gancberg, ahora ex directivo de Viterra, tomó la palabra para negar haber cometido un ilícito. “Rechazo o niego haber cometido algún ilícito. Me incomoda la imputación porque no merecemos estar acá”, sostuvo Gancberg, quien trabajo en Viterra 37 años, siendo los últimos 25 años director. A la hora de retirarse, en mayo del año pasado, era director para sudamerica, cargo que obtuvo 10 años.
Se defendió explicando que Renova no compra ni vende granos, sino que fue fundada para prestar servicios industriales a sus socios Vicentin y Viterra, que son los que compran granos y venden harina y aceites, y por eso es ajeno total a las maniobras denunciadas.
“El objetivo de Renova fue armar la mayor fábrica de molienda de sojal del mundo, con una inversión de 1.100 millones de dólares. El foco de Renova está puesto en generar capacidad de molienda en una escala que genere mejor rendimiento económico y para eso se necesitaba asociar varias compañías, una formula muy utilizada en el país y en el mundo”, agregó.
Según explicó, Renova no opera las plantas en cuanto al flujo. “Presta servicios a dos socios, Vicentin y Viterra cobrándoles una tarifa. Renova no compra, no vende, no paga y no cobra mercadería. No tenemos departamento comercial. No hay nadie que pueda comprar o vender. Toda la capacidad industrial y de depósito es cedida por una tarifa a los socios. No había gente preparada para hacer negocios, mucho menos un contrato de depósito. Quien otorgaba los cupos en Renova: Vicentin y Viterra. No Renova”, insistió.
“Yo fui director desde el inicio por Viterra. ¿Qué discutíamos en el directorio? Qué inversión hacer, qué diseño industrial, que personal conseguir, cómo financiar los equipos, etc. Renova pretendió ser la mejor industria de molienda de soja del mundo. Se discutía los equipos, la seguridad, el mantenimiento. Esos son los temas del directorio. No se discutía si compro o vendo soja o aceite. Se discutía las cuestiones de industria. Luego Vicentin y Viterra, eran los que llevaban la soja, y recibían los productos. Renova estaba ajeno al flujo, al movimiento”, insistió Gancberg.
Críticas y dudas
"La primera vez que me junte con los Grassi fue luego de la crisis de Vicentin, pero nunca nos hablaron de los granos en depósito. Nos pidieron financiamiento por la situación de iliquidez que tenían, algo que no prosperó. La carta documento llegó luego”, agregó Gancberg.
A su turno, Pájaro ratificó todo lo dicho por Gancberg. Un dato que no pasó desapercibido. Tanto Gancberg como Pájaro contaron que se retiraron de la compañía el año pasado, luego de la crisis de Vicentin, tras acumular décadas de trabajo y llegar a cargos de directores. En la actualidad, ambos asesoran empresas. Tampoco Mejuto sigue en la firma
Por su parte, Víctor Corvalán, el abogado de Gancberg y Pájaro, insistió con que “las relaciones eran entre Grassi y Vicentin, mientras que Renova no tuvo nada que ver y por eso sus directores no pueden tener el mismo encuadre penal que los directores de Vicentin”, en un claro intento para que no los asimilen con los directivos de la aceitera santafesina.
La resolución del juez
Finalmente, el juez Lanzón avaló la imputación contra los directivos de Renova que propuso la fiscalía. “Hay una aparente responsabilidad. Y jamás la forma en que está organizado un grupo empresario puede ser escudo para deslindar responsabilidades penales”, resaltó el magistrado. Y si bien les dictó la prohibición para salir del país sin aviso, rechazó el pedido de la Fiscalía para que dejen una millonaria caución.
Por otra parte, Lanzón incorporó a los efectos registrales a tres ejecutivos en las imputaciones por otras causas. Se trata de Miguel Víctor Vallazza y Alberto Macua por acciones vinculadas a los derechos de cobro a favor del Banco ING que Vicentin cedió al fondo BAF; y también a Vallazza y a Javier Gazze por la presentación de documentación falsa al contratar créditos con el Banco Macro.
