Con el nuevo sistema de atención médica y control de licencias de los empleados públicos, la Provincia proyecta bajar el ausentismo laboral del 15 por ciento actual al 10 por ciento y ahorrar así unos 170 mil millones de pesos. Superada la primera instancia técnica de la licitación, el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal) podría comenzar a aplicarse ya a fin de año. Es a lo que apunta la Casa Gris, aunque de forma escalonada.
Para la concesión por dos años con opción a un tercero de este servicio de ART (en todo lo referente a la atención de salud, excluido las cuestiones vinculadas a las indemnizaciones), el gobierno llamó a licitación a principio de año. A la puja se presentó un solo competidor: SML Consultores (vinculada a la ART Experta, del Grupo Werthein), quien tejió acuerdos con importantes efectores de salud de toda la provincia.
El proceso avanzó y el oferente superó la evaluación técnica, por lo que ahora el gobierno se dispone a abrir el sobre económico, con miras a que para fin de año el nuevo sistema esté funcionando. Quieren implementarlo primero en empleados de Fiscalía de Estado, API, Catastro y la exDipos. Luego, en los profesionales universitarios de la sanidad que trabajan en la administración pública, docentes, y por último policías.
Según los cálculos del gobierno provincial, el ausentismo en el sector público santafesino es del 15%, cuando la media nacional es del 10% y en las provincias que licitaron a una ART el servicio hay casos que están en el 8%.
El objetivo que puso como condición el gobierno al adjudicatario del servicio es que a fin del primer año de operaciones el ausentismo baje al 10% generando así un ahorro anual de $170.000 millones de pesos. Para tener una magnitud de la importancia de esa cifra, el déficit fiscal que acumuló la provincia entre enero y mayo fue de $594.989 millones.
En lo que hace al servicio, el gobierno sostiene que el nuevo sistema propone mejorar la atención de la salud de los empleados públicos, el mecanismo de licencias y ausentismo, y el seguimiento de accidentes laborales.
En la actualidad, los empleados públicos autogestionan toda su atención médica laboral (enfermedad, accidente, y pedido de certificados) vía la obra social o los efectores públicos, pero no disponían de un servicio propio de ART como sí tienen los privados. Tenían que notificar a su área de trabajo dentro de las dos horas de inicio de la jornada, concurrir a una guardia o centro médico para que lo vea un profesional, solicitar el certificado, estampillarlo y presentarlo dentro de las 72 horas en los lugares donde presta servicios.
Para el gobierno, la autogestión genera desigualdades, sobre todo para empleados públicos de localidades más chicas. Pero ahora, con la concentración de trámites en la ART, esperan que se agilicen gestiones y mejore la calidad de la atención. Es más, insisten con que para el empleado resultará más simple realizar la solicitud de licencia por enfermedad o accidente.
Con el nuevo método, tienen que realizar la notificación a través de un sistema tecnológico (App, WhatsApp, o 0800) y a partir de allí esperar el contacto de un profesional que evaluará su situación y le ofrecerá atención a través de telemedicina o derivarlo ya con turno a un centro de salud.
Hay otro beneficio que el gobierno anticipa que provocará el nuevo sistema: registros actualizados de cuáles son los incidentes laborales que se generan en la actividad diaria permitiendo así realizar políticas de prevención.
