- La historia del “falso robo” de hacienda al influencer Bruno Riboldi (conocido como la “Joya Agro”) expuso públicamente un duro conflicto societario en una de las principales empresas alimenticias de la región: Inalpa.
Y es que Nicolás Coscia, el imputado por “defraudación y abuso de confianza” al vender presuntamente sin autorización la hacienda de Riboldi, es también accionista minorista de Inalpa y mantiene desde hace años un choque contra los controlantes que escala en la Justicia civil y penal.
Antes de contar la historia, es preciso aclarar que todo lo que dice una parte es rechazado totalmente por la otra. El conflicto es de tal magnitud que no hay punto en común alguno, ni el más mínimo. Y los protagonistas de ambos grupos sostienen que están viviendo una pesadilla por el hostigamiento de los otros. Y, cual competencia deportiva, cada lado tiene sus propios seguidores incondicionales, siendo en los círculos empresarios abrumadora la mayoría en favor de lo que, entienden, existe un ataque artero de Coscia a la familia Boglich, accionista mayoritaria de Inalpa. ¿And la Justicia? No bajó el martillo.
Arranquemos: Inalpa —con planta en Pavón Arriba y que está entre las líderes nacionales en el segmento de legumbres— tiene como socios mayoritarios a la familia Boglich (siendo Mayra, la hija de uno de los fundadores y actual directora de la Bolsa de Comercio de Rosario, la actual presidenta) y como minoritarios a los hermanos Darío y Marcelo Coscia, cada uno con el 18%, siendo el primero vicepresidente.
El desencuentro comienza cuando Marcelo Coscia decide en 2020 ceder sus acciones a sus hijos Nicolás y Virginia. Mientras que su hermana hacía tiempo que ya trabajaba allí, Nicolás no estaba vinculado y, al tomar las acciones de la mano del tío, le ofrecen que se acerque a la compañía para desarrollar los negocios agrícolas, un tema que le interesaba. Pero, según Nicolás, cuando quiso involucrarse más en la firma, le empezaron a cerrar las puertas y hasta los marginaron de las asambleas de socios, viendo que su tío jugaba con los Boglich en esas decisiones. Incluso, asegura que detectó un movimiento ocurrido previo a su llegada por el cual, sostiene, le sustrajeron dos puntos de las acciones a su padre, quien se quedó con el 16% mientras que Darío pasó a tener el 20%.
Ahora bien: ¿Cuál es su reclamo? El centro del conflicto es que Nicolás quería que Inalpa, una empresa en constante crecimiento, reparta utilidades —que calcula son millonarias— y denuncia que, en los últimos 20 años anteriores a su llegada como accionista, nunca lo hizo. Es más, denuncia que esa situación llevó a su padre a un estado de angustia y crisis económica (pese a ser accionista de una empresa importante) hasta que, cansado y desgastado, decidió no seguir con su reclamo, cediendo las acciones a sus hijos para que continúen con la batalla.
Por el contrario, tanto los Boglich como Darío Coscia hacen causa común en sostener que, precisamente, la reinversión permanente de utilidades es lo que permite a Inalpa desarrollarse y que esa política tuvo siempre el apoyo pleno de todos los socios en todas las asambleas. Pero no solo eso; lo que veían en Nicolás detrás de su reclamo es la existencia de una suerte de “heredero tóxico” solo interesado en llevarse dinero de la empresa sin trabajar y para financiar otros negocios externos de dudosa factoría, como —dicen— quedó expuesto con el caso del “influencer”.
Para abril de 2021, con la interna ya desatada, se aprueba en asamblea incorporar el derecho preferencial de los socios para la adquisición de acciones, que en la práctica invalida la venta de acciones a terceros no herederos; una decisión a la que Nicolás se opuso porque lo vio como parte de lo que, entiende, es un plan de los accionistas mayoritarios para ahogarlo financieramente hasta obligarlo a rematar sus acciones. Incluso, aseguran que le ofrecieron en ese año unos 200 mil dólares por su 16% de Inalpa. Por el contrario, los accionistas mayoritarios entendieron que esa decisión, muy común en empresas de base familiar, se tomó precisamente para blindar la posibilidad de que en el futuro ingresen accionistas no interesados en desarrollar la compañía, sino más bien en exprimirla o incluso hasta desguazarla, un tema al que volveremos más adelante.
A partir de 2022, el conflicto empieza a escalar judicialmente cuando Nicolás se presenta en el juzgado civil y comercial número uno de Villa Constitución para denunciar la impugnación de asambleas, pedir la suspensión de estados contables y reclamar la responsabilidad personal de los directivos, un expediente que sigue su curso acumulando resoluciones, fallos y apelaciones. Pero el accionista minorista fue por más: asegura que luego de una acción judicial de “aseguramiento de pruebas” (una suerte de allanamiento por parte de la Justicia civil) se encontró amplia documentación de la existencia de una contabilidad paralela alimentada por ventas en negro.
Por el contrario, para los accionistas controlantes son todas patrañas sin sustento las que ventila Nicolás como parte de otras tantas acciones de hostigamiento permanente contra el resto de los socios, incluso una muy delicada que terminó con denuncias en la policía. Es que tras una de las asambleas de 2022 a las que no ingresó Nicolás, a quien los Boglich tildan de violento, un supuesto “amigo” o “socio” que lo acompañó fue denunciado por actitudes de violencia de género en la fábrica contra Mayra, lo que fue corroborado por tres testigos que se presentaron a ofrecer testimonio, en un hostigamiento que siguió hasta el frente de las viviendas personales de los fundadores de la empresa. Obviamente, Nicolás lo niega, asegura que presentó filmaciones de la empresa que muestran lo contrario, que los testigos eran gerentes que actuaban a pedir de los Boglich y hasta agrega que la denuncia fue desestimada luego.
Sobre el reparto de utilidades, a ese convulsionado 2022 le correspondieron a Nicolás $18M, algo que lo enfureció y a partir de ahí todas las asambleas fueron impugnadas, observadas, denunciadas y hasta cauteladas, lo que complicó toda la operatoria. Hubo repartos de dividendos, pero siempre Coscia los observaba asegurando que el management siempre le coartaba sus derechos societarios. Por ejemplo, en 2025, según Nicolás, la empresa tuvo una facturación de 36 millones de dólares, pero la asamblea decidió distribuir 96 millones de pesos, tocándole a él solo 16 millones por sus acciones. Por el contrario, los accionistas mayoritarios siguen sosteniendo la necesidad de cuidar las cuentas de la empresa, asegurar capital de trabajo, reservarse fondos para inversiones y, sobre todo, entienden que ante la caída del consumo que se evidencia desde 2024, no es momento de repartir sino de ahorrar para poder mantener todas las fuentes de trabajo; todas prácticas que entienden son sanas frente a la voracidad de Nicolás por llevarse dividendos.
La batalla sigue escalando, y en 2024 Nicolás se presentó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para denunciar a los directores de Inalpa por administración fraudulenta. ¿Se trata de la típica maniobra de presionar vía la Justicia penal para lograr un acuerdo comercial? Eso sospechan en Inalpa y eso niega el denunciante, que asegura que el MPA está muy arriba del caso. Ante la consulta de Rosario3 a Fiscalía, desde esa dependencia evitaron hacer declaraciones, pero confirmaron que “hay una investigación en curso”.
¿Se acuerdan que más arriba hablamos de que Inalpa buscó blindar el posible ingreso de otros socios? Y es que entre aquellos que validan la postura de la empresa no son pocos los que creen ver detrás de la postura de Nicolás la mano del suegro del joven accionista minoritario. ¿Quién es? Un muy importante y millonario empresario, también alimenticio, llamado Gerardo Mauri, dueño de la fábrica de galletitas Mauri, con planta en Bigand. Si hasta detectaron que hay cauciones por acciones judiciales impulsadas por Nicolás que las pagó el industrial. Del entorno de Coscia reconocen ese aporte, pero lo asimilan a la ayuda que cualquier padre prestaría a su hija; también reconocen otros aportes de dinero a la pareja, pero desmienten rotundamente que Gerardo le pague los honorarios al estudio jurídico porteño que lo asesora, como también se dice. Es más, hasta aseguran que, por su poderío económico, si Mauri tuviera interés alguno en Inalpa no necesitaría ir por detrás, sino que, de frente, la compraría.
Como sea, ambas partes aseguran estar sufriendo un calvario y una persecución. A la espera de lo que determine la Justicia, si es que no hay acuerdo de socios, en el “círculo rojo rosarino” la postura en favor de los Boglich es ampliamente mayoritaria. Pero lo más preocupante es que el terreno de esta batalla sea una empresa cuya buena salud es necesaria en los tiempos ajustados que corren para el empleo y los ingresos, sobre todo en el interior de la provincia.
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- Ya vamos a seguir con empresas en problemas societarios internos, pero ahora vamos a profundizar algo de lo adelantado en la “previa del Run Run”. En ese episodio del podcast comentamos sobre:
- Los abogados de Rosario están muy enojados con la recientemente promulgada ley de reforma laboral porque, aseguran, afecta su patrimonio y sus honorarios. ¿De qué se quejan? Critican el pago en cuotas de los honorarios profesionales y la limitación para el pago de costas. Por estas horas evalúan realizar una presentación judicial contra estos puntos de la reforma.
- Tras mostrarse los dientes, el Ministerio de Economía de Santa Fe y la Anses negocian un acuerdo por la deuda de Nación con la Caja Provincial. “Hay tratativas sobre este tema desde hace tiempo, pero aún no hay acuerdo sobre los términos. La idea es retomar el cobro de pagos a cuenta del déficit, pero sin desistir de la instancia en la Corte Suprema”, dijo el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.
Pero los puntos que queremos profundizar son otros.
Uno tiene que ver con la presentación de una sola oferta para la licitación del sistema provincial de control de presentismo en las oficinas públicas de la provincia de Santa Fe. Para ese negocio, un contrato de unos mil millones de pesos, solo se presentó una oferta: la de SML Consultores Médicos, vinculada a la aseguradora Experta. Por ahora, solo se abrieron los sobres técnicos, pero claramente corre tranquila.
Ahora agregamos: ¿por qué no hubo más oferentes? La Provincia hizo un proceso público de consulta al “pliego en elaboración” y hubo muchas idas y vueltas (todas públicas y en el expediente) con Prevención, San Cristóbal, Colonia Suiza, Acecor y Experta. Todas querían que directamente la provincia pasara a un sistema ART, lo cual era muy difícil porque, al no haber indicadores, las ofertas hubieran sido muy altas para que las compañías se cubrieran.
En la Provincia siempre les respondieron que se trataba de un sistema previo a definir un autoseguro con monitoreo de la SRT o ART, pero que resultaba inviable realizar el salto de una vez. ¿Por qué no entraron los demás? Hay varias interpretaciones. Por ejemplo, es arriesgado para la línea gerencial adoptar una decisión de entrar sin saber con precisión los indicadores. Además, las aseguradoras no podían hacerlo directamente porque se los impide la Ley de Riesgos. Y, precisamente, fue por eso que Experta entra a través de una controlada, pero exhibiendo a la sociedad madre como parte del holding, porque de lo contrario no puede acreditar las cápitas mínimas que se exigen.
Es más, se realizaron dos consultas públicas (incluso con taquígrafos) donde las compañías participaron y en las que el gobierno les insistió fuerte para que ingresaran. Incluso estuvieron AMR, Mapaci y otros centros médicos que por volumen no podían ingresar solos y terminaron, la mayoría, como prestadores convenidos con Experta. De aprobarse la oferta técnica, este negocio para Experta (que tiene entre un 10 % y un 12 % del mercado asegurador) marcará un antes y un después; sobre todo porque si el sistema funciona en Santa Fe, es cuestión de tiempo para que lo quieran imitar otras provincias.
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- La otra cuestión a ampliar de “La Previa” está vinculada a la Hidrovía. Resulta que, a semanas de que se defina quién se quedará con la concesión, aparecieron fuertes críticas contra puntos centrales de los términos y condiciones exigidos para el nuevo operador. Estas objeciones provenían de expertos, pero también de editoriales de diarios como La Nación.
En líneas generales, las objeciones son dos: las obras de calado no son importantes en los primeros años y el peaje mínimo establecido es caro, por lo que no hay mejora de costos de fletes, al menos en un primer momento. Y la pregunta es: ¿Por qué las entidades que representan a los usuarios —el llamado "Club de la Hidrovía" en el que están la Bolsa de Comercio, la Cámara de Puertos y también la Cámara de la Industria Aceitera— lo avalan? ¿Fingen demencia?
Por un lado, plantean batalla técnica argumentando que el costo de la tarifa no baja, ya que —dicen— en el primer año hay una rebaja (sobre todo si entre puntas se la ajusta por la inflación de los Estados Unidos, ya que está en dólares) y solo empieza a subir cuando haya obras. Sobre el dragado, admiten que no hay mayores profundizaciones al principio, pero sí mejoras logísticas como ensanches de canal, zonas de rada y, sobre todo, la eliminación del famoso “cajón” entre el río Paraná y el Río de la Plata, que obliga a esperar marea alta para que los barcos puedan pasar, retrasando el tráfico de buques.
Pero, por sobre todas las cosas, lo que entienden es que “es ahora o nunca” el pase a manos privadas. La concesión venció en 2020 y pasaron cinco años de administración pública sin obras de mejora, lo que hizo que la vía navegable perdiera competitividad. El objetivo central es que se licite a un operador privado que encare las obras a riesgo empresario (sin subsidio), y para eso hace falta un gobierno con fortaleza y decisión política para hacerlo, algo que en Argentina no siempre está al alcance de la mano en esta cuestión tan delicada. Así que insisten en que lo prioritario es el pase a manos privadas y luego se irán acomodando los tantos.
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- ¿Les parece una de los sospechosos de siempre que tiene esta columna?. Resulta que e. miércoles 8 de abril a las 13:00 horas, en la sede del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario se llevará a cabo la audiencia pública de juicio en el marco del expediente caratulado: “COCIR c/ Ceballos, Mario s/ denuncia” – Expte. N° 25/2024, contra el Corredor Inmobiliario Oscar Mario Ceballos, Matrícula. N° 782.
¿No les dice nada el nombre? Se trata de la supuesta "presta martícula" de Andrés Lux, el broker inmobiliario imputado de múltiples estafas financieras a los clientes a quienes les ofrecía invertir en negocios inmobiliarios de alta renta. Bueno, como él no era matriculado, la tesis era que para concretar las operaciones usaba “prestada” esa matrícula, y la sanción puede marcar un antecedente porque no son pocas las sociedades (mejor armadas que las de Lux) en las que hay “presta matrículas”.
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- Una de consumo. El sector supermercadista, que suele cultivar una queja constante similar al del chacarero, está muy molesto por la retirada del Banco Nación de las promociones de las cadenas.
Y es que los bancos presionan para que sean los supermercados los que absorban más costos de las promociones, a lo que las cadenas insisten con qu. por la suba de costos y menores ventas no tienen margen.
En lo que sí parece que tiene asidero el lamento supermercadista es en materia de precios: dos grandes del sector como Arcor y Unilever avisan que podrían llegar listas de precios con subas del 5 y 8%
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- Otra de licitaciones, pero esta vez municipal. La intendencia está más que satisfecha por la participación de tres oferentes en la licitación por el estacionamiento medido, cuando desde la oposición se aventaba con que solo se presentaría, otra vez, Tránsito Rosario, la actual concesionaria.
Las ofertas presentadas corresponden a:
- SAEM SA - IT NET SA - TRANSITO ROSARIO
- SONDA ARGENTINA.
- DECISIONES EMPRESARIALES SRL - NOMADE SOFT SRL
Todo indica que esta última tiene serios problemas de antecedentes, por lo que no pasaría el filtro de la oferta técnica.
Así que la batalla final estaría entre las dos primeras. Tránsito juega de local, pero atención con Sonda que viene de hacer presentaciones de servicios muy importantes a nivel nacional para el sistema Sube que lo dejan bien colocada
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- Volvamos, ahora sí, a las batallas accionarias, semanas atrás contamos que el grupo de accionistas históricos que tiene como referente al CEO de Bioceres Crop, Federico Trucco, dejó atrás el ostracismo informativo y salió a intentar recuperar el centro del ring de la opinión pública contando su versión de los hechos que derivaron en la crisis financiera que atraviesa la otrora estrella del nuevo firmamento corporativo.
Como ya dijimos, en líneas generales, lo que sostienen es que Trucco está enfrentado a la empresa controlante de Moolec, firma que también cotiza en Wall Street y que controla el megamillonario uruguayo Juan Sartori, a quien sindican de provocar la crisis financiera para intentar quedarse de manera hostil con el control de Bioceres Crop, que hoy tiene sus acciones en Wall Street por el piso pero que es vista como la joya de la abuela del grupo.
Muchas cosas importantes se desprenden de lo que dice el grupo de Trucco. Por ejemplo: tienen la duda de si detrás de la avanzada está Sartori propiamente dicho o, en realidad, es un negocio de sus abogados en el país, el muy poderoso estudio jurídico líder Marval O'Farrell Mairal.
Apuntan como una “traidora” a Gloria Montarón Estrada, exdirectora legal histórica del grupo y quien durante años formó parte del equipo jurídico de Bioceres, pero que en el contexto de la reestructuración societaria quedó alineada con la nueva conducción y participó en las decisiones adoptadas en la asamblea de diciembre de 2025. Los señalamientos contra ella también se basan en su paso por Marval O'Farrell, y le adjudican firmar despidos en el Indear sin pagar las correspondientes indemnizaciones. Más allá de los señalamientos que haga ese grupo, no puede pasar desapercibido que ante el cambio de dirección de los accionistas, los ejecutivos —por más alta posición que tengan— deben avalarlos, y no por eso son traidores.
Algunos apuntes para sumar: desde el grupo de Trucco señalan que al asociarse con Sartori en 2019 para su salida en Wall Street “pusieron al tiburón en la pecera”, ya que ante la primera necesidad de reestructurar negocios para hacer frente a las tensiones financieras de 2024/2025, quiso tomar el control potenciando aún más el estrés de las cuentas. Pero no hay que olvidar que Bioceres, como grupo, tuvo antes dos momentos de alta tensión financiera. ¿Cómo dicen que los solucionaron desde el management? Recurren a la frase: “abrazamos a los acreedores” e “los integramos al holding”. ¿Será que en esta oportunidad uno de ellos, Sartori, rechazó el abrazo y dijo “córranse que, si la chocaron, ahora conduzco yo”?
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- Más allá de eso, el telón de fondo es el debate sobre si, ante las dificultades de hacer biotecnología en Argentina —un país con altas dificultades para acceder a financiamiento privado y sin redes comerciales propias, entre otras grandes trabas— el modelo elegido por Bioceres es el adecuado. Un modelo de crecimiento apalancado en lo financiero, que desde que empezó a cotizar en Wall Street hacía que su management pareciera más preocupado por el valor de la acción y más desligado de la economía real.
Asoma, entonces, otro modelo de integración de ciencia y negocio. Menos marketinero, pero con bases industriales más sólidas. Un rumbo que pensó menos en escalar rápido para llegar a las luces de Wall Street (con los domicilios fiscales en países de baja tributación, como hizo el grupo) y más en generar infraestructura de equipos y profesionales que, asentados productivamente en el país, exportan a todo el mundo.
Un modelo que tiene claros referentes como Zelltek, una empresa que, instalada en el Parque Tecnológico del Litoral, hace más de 30 años que trabaja en biotecnología (hoy es parte del grupo internacional Amega Biotech) y que desde hace años es la empresa de la ciudad de Santa Fe que más divisas en exportación genera. Sí, más que cualquier industria tradicional.
Un modelo que también tiene un claro referente en Rosario, como Wiener Lab, que a fuerza de 50 años de inversión real se convirtió en la empresa de diagnóstico in vitro más grande en Latinoamérica, llegando a tener mil empleados. No son los únicos. También están Keclon y Terragene, y a esta última empresa queríamos llegar porque hay novedades importantes.
Fundada en 2006 en la provincia de Santa Fe por científicos del Conicet, la compañía de biotecnología se convirtió en una de los cinco líderes mundiales en la producción de indicadores biológicos y químicos utilizados para monitorear y controlar procesos de esterilización, desinfección y lavado. Es más, exporta más del 90% de su producción a más de 70 países y cuenta con una cartera de más de 300 productos de vanguardia tecnológica.
Bueno, la novedad es que vendió su negocio principal a un holding multinacional. Y no se trata de cualquier grupo, sino que el adquirente es el segundo a nivel mundial en ese negocio, por lo que se integra a lo más alto de la pirámide del sector. Y adquirir esa espalda es fundamental para mantenerse en un sector que requiere permanentes inyecciones de capital y redes globales de financiamiento y comercialización. Para el grupo Terragene, con base fabril en Alvear, la venta significa desprenderse de un tercio de su empresa, ya que las otras unidades de negocios, como Protergium, seguirán bajo titularidad y conducción de los socios fundadores.
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- Como siempre decimos en esta columna, la investigación científica anclada a la biotecnología (para agro o salud) es uno de los motores de la nueva industrialización, y en Santa Fe —pese a la crisis de Bioceres— hay todo un entramado empresario y profesional muy competitivo, de clase mundial. Y vaya que lo hay: si hasta la científica Raquel Chan, reconocida por su descubrimiento del gen resistente al estrés hídrico en cultivos, acaba de ser avisada que recibirá una condecoración por su aporte a la ciencia de una de las principales organizaciones internacionales. Pero dejemos que sea ella quien lo anuncie.
