Encontró rechazos legislativos el proyecto del gobierno de Santa Fe que busca crear por ley un “Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario”; un organismos para planificar, ejecutar y administrar proyectos comerciales, industriales, inmobiliarios, deportivos y culturales en los que estén involucrados bienes o inversiones municipales y provinciales, como el Arena en la ex Rural. Las resistencias provienen del propio frente gobernante y en sectores de la oposición justicialista por razones de fondo, pero también por lo que entienden fue un intento de tratamiento exprés a una temática importante que amerita más debate y análisis.

Según el proyecto de ley oficial, cuyas líneas principales fueron desarrolladas en una nota de Rosario3, la constitución del ente no supone en modo alguno que se desactiven todos el ordenamiento jurídico ya establecido para el armado de estos complejos y la realización de proyectos sino que, sobre todo, su función será del constituirse en la instancia institucional y formal de encuentro permanente para garantizar la concreción de las iniciativas con independencia de los vaivenes políticos.

El desarrollo del Arena en el predio de la ex Sociedad Rural del Parque Independencia aparece en la lista de los proyectos que podría tomar el ente. Es que allí la Provincia está financiando las obras para acondicionar el predio para Juegos Odesur y sobre esa estructura, luego la Municipalidad licitará a un operador privado para que complete las inversiones y pueda recibir grandes shows. 

Pero hay más grandes proyectos urbanos con competencia entre Municipio y Provincia que quedarían bajo la órbita del ente, como el mega complejo inmobiliario y comercial a desarrollar en las manzanas de la cárcel de la Unidad Penitencia Tres en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo.
 

Disidencias internas y externas
 

El gobierno provincial había presentado el proyecto para tratamiento legislativo en las sesiones extraordinarias, logrando la aprobación en el Senado. Pero en Diputados quedó trabado, en principio, porque el propio socialismo se opuso.

Pero además de las disidencias internas en el bloque oficialista, el proyecto generó el rechazo del bloque legislativo que encabeza el ex gobernador Omar Perrotti que se opuso a la velocidad con la que se pretendió avanzar sosteniendo que requiere más discusión, control y participación, y no un tratamiento apurado sin demasiado debate. 

Y es que entienden que no es un trámite menor, sino ante la creación de un ente con amplísimas facultades, manejo de recursos públicos y fuerte impacto urbano en una de las principales de la provincia. En concreto, estas son las 10 críticas que le hacen:

1. Creación de una estructura paralela al Estado. El proyecto crea un ente público no estatal que desplaza funciones propias del Estado provincial y municipal, sin justificar por qué las herramientas existentes resultan insuficientes.

2. Nulo control externo. El Ente no estará sujeto al régimen de procedimiento administrativo ni a controles periódicos, limitándose la rendición de cuentas a comunicaciones formales de balances. si bien se incluye una sindicatura (control interno) se deja librado al estatuto su integración y funcionamiento. A su vez hay ausencia total de control externo: no se menciona expresamente la supervisión por parte de los órganos de control estatales existentes, más allá de la posibilidad de intervención del Ente por el Poder Ejecutivo provincial ante incumplimientos graves o acefalía (art. 17). Tampoco se prevé informe periódico a la Legislatura ni al Concejo Municipal. Considerando que el Ente administrará fondos públicos aportados por ambas jurisdicciones, sería lógico que esté sometido a algún tipo de auditoría externa.

3. Concentración de poder en el Ejecutivo Provincial. El Director es designado exclusivamente por el Poder Ejecutivo provincial, sin participación del Municipio ni del Poder Legislativo, pese a tratarse de proyectos de fuerte impacto local.

4. Riesgo de discrecionalidad en contrataciones y decisiones. Al no aplicar el régimen de compras y contrataciones públicas, se habilita un amplio margen de discrecionalidad, aun cuando se invoquen principios generales de transparencia.

5. Participación desequilibrada de actores privados. Se incorpora a la Bolsa de Comercio con representación plena, mientras que otros sectores sociales, vecinales o ciudadanos quedan relegados a un Consejo Asesor sin poder decisorio.

6. Consejo Asesor sin incidencia real. Los sectores culturales, deportivos, industriales y comerciales solo participan de manera consultiva, sin garantías de que sus opiniones incidan en las decisiones finales.

7. Ambigüedad en el manejo de fondos públicos. El Ente administrará aportes provinciales y municipales, pero responde únicamente con su patrimonio, diluyendo responsabilidades políticas frente a eventuales perjuicios.

8. Falta de planificación urbana integral. El proyecto no exige articulación explícita con el Plan Urbano de Rosario ni con políticas territoriales existentes, lo que puede derivar en intervenciones fragmentadas o contradictorias.

9. Riesgo de captura institucional. La combinación de autonomía amplia, participación privada y controles débiles expone al Ente a ser capturado por intereses económicos concentrados, en detrimento del interés público.

10. Prioridades equivocadas en el contexto actual. En un escenario de restricción presupuestaria, se propone crear una nueva estructura administrativa en lugar de fortalecer capacidades estatales ya existentes y con control democrático.

Con ese análisis sobre la mesa, el sector de Perotti va a presentar un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados para que el gobierno provincial responda sobre:

  • Razones por las cuales se pretende crear un ente público no estatal que desplaza funciones propias y atinentes al Estado provincial y municipal.
  • Dado que el Ente administrará fondos públicos tanto de la jurisdicción provincial como municipal, indique los motivos por los cuales se prevén solamente mecanismos de control interno, eludiendo todo otro mecanismo de control.
  • Atento el fuerte impacto social del Ente proyectado, fundamente las razones por las cuales su Director será designado exclusivamente por el Poder Ejecutivo Provincial.
  • Indique los motivos por los que se elude la aplicación del régimen de compras y contrataciones públicas.