Vicentin es muchas cosas. Es una empresa familiar nacida en el norte de Santa Fe hace casi un siglo y también una agroexportadora devenida en un pulpo multinacional con 16 firmas distintas. Unos gritan “todos somos Vicentin” (aunque a la luz de las causas judiciales por la estafa ya son más bien susurros) y creen defender la producción y el trabajo. Pero los investigadores del caso no dudan en denunciar un fraude gigantesco. El diputado provincial Carlos Del Frade es uno de ellos: “El caso es la expresión más acabada de la colonización del Estado a partir de una empresa privada con mutuos beneficios de funcionarios corruptos y, por otro lado, empresarios corruptos”.
“Los 300 millones de dólares de los créditos del Banco Nación es apenas una parte del dinero. El monto más espantoso que revela la verdad de lo ocurrido en la empresa en concurso son los 791 millones de dólares que se fugaron entre agosto de 2019 y enero de 2020”, afirmó a Rosario3 el autor de “Vicentin. Desaparecedores y fugadores. Capitalismo argentino”, el libro que se presentó este sábado.
La cifra retumba: 791 millones de dólares. Son 87 bolsos de José López, el ex funcionario kirchnerista (aunque sin el impacto surrealista de aquella imágenes de 2016 en un convento). Las fugas financieras son más silenciosas. Los guantes blancos se deslizan y no hacen tanto ruido. “Ese dinero lo depositaron en ocho cuentas de ocho directivos de Vicentin, es decir que se la pusieron en el bolsillo, con absoluta complicidad de funcionarios del Banco Central y Nación durante la gestión macrista. Esa es la gran cifra, es la que está en guaridas fiscales y esa es la que hay que buscar y recuperar”, dijo Del Frade.
El legislador del Frente Social y Popular recalcó que esos datos figuran en las causas penales que se siguen en Buenos Aires con el fiscal Gerardo Pollicita y en Rosario con Miguel Moreno. “Lo dice con claridad la causa: se hicieron 1.418 operaciones bancarias para sacar el dinero del Banco Nación vía Vicentin, es muy precisa y contundente la información”.
18 capítulos, una historia
El trabajo de Del Frade, editado por Último Recurso, nace en un prólogo con una frase de Manuel Belgrano que anticipa la trama (200 años antes). “Desengañémonos: jamás han podido existir los estados, luego de que la corrupción ha llegado a pisar las leyes y faltar a todos los respectos. Es un principio que en tal situación todo es ruina y desolación, y si eso sucede a las grandes naciones, ¿qué no sucederá a cualquier ramo de los que contribuyen a su existencia?. Si los mismos comerciantes entran en el desorden y se agolpan al contrabando, ¿qué ha de resultar al comercio?; que se me diga, ¿qué es lo que hoy sucede al negociante que procede arreglado a la ley? Arruinarse, porque no puede entrar en concurrencia en las ventas con aquellos que han sabido burlarse de ella”, le escribió Manuel Belgrano a Feliciano Chiclana el 5 de marzo de 1813.
El periodista y escritor rosarino recuerda que fue, justamente, el 20 de junio de 2020, cuando se cumplieron 200 años de la muerte de Belgrano, que cientos de personas fueron al Monumento a oponerse a una intervención nacional en Vicentin para evitar la caída del gigante cerealero. “Fue una especie de segunda muerte” del prócer, señaló.
A través de 18 capítulos que repasan la historia de la firma y la caída desatada con el anuncio inicial de “estrés financiero” en diciembre de 2019, Del Frade ofrece análisis y documentación del caso y de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Santa Fe que integra. También repasa la etapa oscura durante la última dictadura cívico militar.
¿Cuál es el corazón de la investigación, el resumen del caso? “Las operaciones para fugar el dinero. Eso lo fueron preparando, el vaciamiento empezó a finales de 2014 y principios de 2015 que es cuando inauguran Vicentin Family Group en Uruguay y empiezan a desglosar la empresa, que en realidad es un conjunto de 16 firmas”, explicó el autor.
“Trasladan acciones, capital y obligaciones desde Vicentin Saic (la empresa madre radicada en Santa Fe que está en concurso de acreedores) hacia Vicentin Family Group (Uruguay). No se puede ver ese proceso si solo se mira Vicentic Saic; se omite el grupo en su totalidad. Y esa falla tiene que ver con la ley de quiebras y de sociedades que son leyes de la dictadura, vienen de Onganía y fueron revalidada por Videla”, agregó.
Ese proceso incluye la multiplicación de empresas offshore: un laberinto de cáscaras vacías que sirvieron de pasamanos de los activos multimillonarios de la agroexportadora, señalan las denuncias. “La normativa permite encubrir y dar la posibilildad de que queden impunes los delincuentes de guante blanco. Hay 500 leyes de la dictadura que encorsetan la democracia y le dan derechos a las minorías, especialmente a los delincuentes de guante blanco. Pasa con la ley de entidades financieras o la ley de inversiones extranjeras, por ejemplo”, completó Del Frade.
La risa de Glencore
Esos límites de la democracia ante las grandes corporaciones aparecen con forma de mueca en la página 200 del libro. “Documento 10: Carta de Glencore a la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentin”. La multinacional con sede en Suiza, socia de Vicentin, reconoce haber comprado el 16,66% de las acciones de Renova a la cerealera santafesina el 2 de diciembre de 2019, a horas de que Vicentin declarara la cesación de pagos que dejó a más de 1.700 acreedores reclamando, la mayoría de Santa Fe.
Glencore, que compró y cerró una fábrica del Gran Rosario a través de una offshore, les dice a los diputados que estarían “encantados de proporcionarle información” sobre esa operación y dónde depositaron el dinero pagado a Vicentin pero no puede hacerlo por la “confidencialidad” de los acuerdos “y obligaciones contractuales”. Suena a burla. “Efectivamente, nos dijeron: «No sean giles, no se lo vamos a dar»”, interpretó Del Frade.
“Esa es la realidad de país dependiente que tenemos, de la semi colonia que somos. Tenemos las formas de país independiente pero las empresas multinacionales son más poderosas”, dijo y analizó: “No llega la democracia a las grandes empresas, como no llega a la iglesia ni a la justicia”.
El rol del Poder Judicial, definió el legislador, “es un gran capítulo aparte: (el juez comercial de Reconquista) Fabián Lorenzini puede actuar de acuerdo a la ley, pero lo que pasa es que son las las leyes de la dictadura, eso es muy emblemático, pero se podría iniciar un proceso de enjuiciamiento sobre su compartamiento”.
Para Del Frade, lo mejor sería que “que termine cuanto antes el concurso” y de ahí “se va apoder sacar mucha información” porque “la madre de la mentira está ahí: hacer pasar a Vicentin como una empresa cuando son 16; separarla para defender a sus empresarios corruptos y montar el discurso de la identidad con Avellaneda y Reconquista”. La Justicia rosarina ya definió que los fraudes investigados se cometieron en todo caso desde la Bolsa de Comercio local y los puertos del Gran Rosario y no en las localidades del norte donde la empresa tiene mucha influencia.
“Vamos a saber, con el tiempo, cómo los síndicos jugaron para Vicentin, cómo hay un entramado del capitalismo capaz de cubrir las huellas más groseras para la impunidad”, sumó.
Quiebra o empresa pública
En marzo de este año, Vicentin informó que ganó 1,6 millones de dólares, aún con las limitaciones vigentes para operar. “La empresa tiene la gran posibilidad de volver a ser la agroexportadora de la Argentina pero en otro contexto. Nosotros estamos trabajando la idea en una empresa pública mixta con mayoría estatal por la deuda que tiene con el Banco Nación. También con la incorporación de productores, trabajadores, y cooperativas. Pero eso lo tiene que hacer el poder político, fundamentalmente el gobierno nacional porque la provincia se ha retirado del tema”, propuso el periodista y escritor.
El temor de los acreedores es que la firma vaya a la quiebra y si eso ocurre, dijo Del Frade, “vamos a tener una catástrofe social de desocupación muy parecida a lo que generó La Forestal en su cierre, un proceso demoledor una vez más para el norte: son 16 empresas, 7.000 puestos de empleo directo y 30.000 indirectos, la mayoría en la provincia, sería tremendo”.
Para el diputado, las marchas y contramarchas sobre Vicentin definen al gobierno de Alberto Fernández, con “buenas intenciones pero después es políticamente correcto con los factores de poder, el presidente es muy honesto pero muy duditativo y termina siendo un peronista convervador”.
“Una intervención del Estado permitiría presencia nacional en el comercio exterior de granos, mantener las fuentes de trabajo y también acelerar las causas penales para traer el dinero que se robaron los ocho directivos de Vicentin y los 19 funcionarios corruptos del Banco Central y Nación”, añadió Del Frade en la previa a la presentación del libro transmitida de forma online.