A María Marta el departamento le pareció chico y viejo. Oscuro, húmedo. Aunque mudarse de Echesortu a Barrio Martin la acercaría al centro y al río, apenas comenzó a habitar ese nuevo hogar, supo que su vida había cambiado para peor. No tuvo ni tiempo ni demasiadas opciones para elegir cuando el propietario de la vivienda que alquilaba desde hacía 10 años le exigió cuatro veces más lo que pagaba de alquiler.
Era 2021, ya no regía el decreto de congelamiento de alquileres. Tuvo que salir corriendo, y en la huida se metió donde pudo: un inmueble sin balcones, con cerramientos desvencijados que no puede abrir fácilmente, paredes cargadas de humedad y caños que pierden agua. La cocina no funciona. Encima, los gastos centrales son altos.
Atrás quedó su “casa” de Echesortu, ubicada en un edificio recién estrenado cuando ella ingresó, con pileta de uso común. “Me tuve que ir desesperada, sin tiempo. Todos los departamentos estaban carísimos y conseguí uno más barato, que sí lo podía pagar, pero firmé el contrato muy apurada y cuando me voy a vivir, me encuentro con que había un montón de vicios ocultos”, relató a Rosario3.
María Marta es empleada municipal con sueldo aceptable y en blanco, que en el último año se le disuelve entre el pago del alquiler y la comida. Una de los tantos inquilinos que han tenido que bajar varios peldaños en sus comodidades habitacionales empujados por precios locatarios agigantados, y quienes miran con miedo e incertidumbre el porvenir. La posibilidad de quedarse fuera del sistema los aterra. La calle está muy cerca cuando se hace cuesta arriba alquilar y alimentarse. Es una sombra que crece y espanta.
Ellos y ellas son los empujados hacia una periferia geográfica y social, obligados por la economía a persistir apiñados en inmuebles más o menos habitables, bajo condiciones irregulares de locación, calculando día a día cómo enfrentar los gastos mínimos. Son los achicados, los desplazados, replegados sociales que tuvieron que recortarse más aún y hoy, transitan el borde.
Y están los que quedaron afuera. Habitantes de Rosario que ante la imposibilidad de pagar cualquier alquiler recurren a pensiones, hoteles y hostels en los que su hábitat se circunscribe a una pieza con un baño compartido. Así, resisten la calle.
Trabajar para pagar el alquiler
María Marta llega puntual a la Concejalía Popular de Rosario, un organismo dedicado a promover los derechos de las personas que alquilan en la ciudad, con más de 20 años de existencia. Atraviesa la reja de la institución, ubicada en Entre Ríos al 300, en búsqueda de ayuda ante los múltiples desperfectos que encontró en su nuevo departamento. La recibe Nire Roldán, referente del espacio y dirigente social de la ciudad.
“Soy personal de planta permanente y tengo una buena categoría, pero igualmente para mí también es carísimo pagar el alquiler. Es, como nunca, un porcentaje muy representativo de mi sueldo. El resto que me queda es para la comida, también carísima. Hemos perdido calidad de vida, es trabajar para pagar el alquiler y el supermercado”, resumió.
Ajustada como tantos otros ciudadanos y ciudadanas, a María Marta se le suma la incerteza del porvenir. El año que viene se le termina el contrato y el panorama es desolador: cada vez menos inmuebles en alquiler, triplicación o más de los precios y salarios que quedan atrás. Entonces, sabe que deberá caer en un inmueble peor que el actual: “Seguramente, va a tener que ser un departamento sin ascensor, con escalera, un poco más lejos. Siempre, bajando la calidad”, admitió cabizbaja.
“¿Cómo vamos a hacer para pagar?”, cuestionó al tiempo que admitió que ya se hace la idea de que deberá disponer de todos sus aguinaldos, de ahora en más, para reunir dinero suficiente para encarar una mudanza: “Sé que tengo que ahorrar nada más que para mudarme. No hay ni vacaciones ni comprarse libros, ni salir a cenar afuera ni nada que tenga que ver con darse un gusto”, sostuvo al tiempo que aclaró sentirse privilegiada por tener un salario fijo.
La encrucijada de la inquilina es la de miles en la ciudad y se repite en los testimonios que se escuchan en la Concejalía: personas con varios trabajos para poder afrontar el pago cada mes, trabajadores haciendo malabares para afrontar subas de extraordinarias para renovar su contrato, jóvenes que se habían independizado y que de pronto, se juntan a vivir con amigos para afrontar los gastos. Todos comparten una visión desilusionada del futuro que se piensa más precario que el presente.
Al borde
Roldán aseguró que en Rosario se evidencia “una expulsión a la periferia”, un fenómeno que no es nuevo, pero cada vez es más visible por la presión de los alquileres altos. “Antes, un alquiler significaba el 20 % del sueldo, hoy llega a entre el 50 y el 55%. Eso genera en sí mismo una expulsión a una menor calidad de vida y, además, hay muchos asalariados informales, y esta situación les pone un freno”.
Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, Diego Ferreyra, reconoció la “problemática de la expulsión” pero aclaró: “El sistema económico actual termina apartando también a los propietarios. Me pasa en el centro con jubilados que no pueden mantener el valor de las expensas del departamento que tuvieron toda la vida y ahora se les escapa. Entonces, si pasa esto imagínate de ahí para abajo, ¿qué le queda al inquilino?”, se preguntó.
El agente inmobiliario introdujo la polémica ley de alquileres en la discusión, normativa que cumplió 3 años este mes, sin buenos resultados: precios por las nubes, renovaciones inaccesibles y escasez notoria de oferta. “La extensión del contrato a 3 años con inflación acumulada hace que la gente no quiera seguir ofreciendo inmuebles en alquiler -analizó- y eso es lo más grave en términos de proyección porque lo que viene va a ser complejo, un escenario con cada vez menos viviendas en oferta y una ley a la que se trató de mejorar y nunca ha dado frutos”, vaticinó en tono gris.
Al frente de la Concejalía Popular, Nire Roldán recordó el caso de Angélica, una mujer que solía vivir en un departamento frente al río. Quedó viuda y tuvo que alquilar otro departamento más pequeño, lo cual resultó lógico ya que estaba sola y con menos ingresos. Sin embargo, llegó un momento en que tampoco pudo afrontar el alquiler de ese inmueble más chico y terminó en una pensión cuyo pago le insumía la mitad de sus ingresos. “Es cada vez más alto el valor de las pensiones porque hay menos departamentos en alquiler. Hablamos de una pieza con baño. Angélica murió adentro de la pensión”, lamentó.
“Esto le pasa a muchísima gente y tiene que ver con la especulación inmobiliaria que se está dando en ciudades de todo el país porque se resisten a la aplicación de una ley de alquileres, quieren aumentos más altos que ese valor por costo de vida y como no se da por la ley, lo que hacen es retirar los inmuebles del alquiler”, profundizó dando su mirada sobre la normativa vigente.
Habitación con baño
A las personas que se les hace imposible pagar un alquiler, “la expulsión” los deja más lejos, peor parados. En la Concejalía aseguraron que es frecuente que, una vez que un inquilino quede fuera del sistema inmobiliario, recurra a una habitación con baño en un hostel o bien, en un hotel devenido en pensión, instancias bien diferentes.
“Los hostels son turísticos, no están preparados para que la gente viva, pero sí es verdad que hay gente que no puede pagar un departamento”, confirmó Omar, integrante de la Cámara de Hostels de Rosario, quien advirtió que, aunque el hostel brinda servicios de estadía sin tomar residentes fijos como norma, “en los momentos difíciles, y sobre todo en pandemia, se usa” como una alternativa. El costo, en la actualidad, se mueve en una franja de entre 40 y 70 mil pesos mensuales, dependiendo de los servicios y comodidades.
“El hostel es un lugar a donde vienen, por ejemplo, un mes como para tomar aire, y después van buscando una residencia universitaria en el caso de los que estudian y trabajan”, remarcó el dueño del hostel Cool Raúl sobre personas a las que se les complica afrontar un alquiler. “La gente de 40 años para arriba, va más a las pensiones, pero están desapareciendo porque son modelos viejos de alojamiento. Algunas ni están habilitadas”, puntualizó.
Otra escena distinta es protagonizada por aquellas personas que, quebradas en su economía, recurren a ocupar habitaciones en pensiones u hoteles muy modestos. Un ejemplo es el viejo hotel Amenábar, ubicado en Amenábar al 1500, que en 2021 se prendió fuego. El inmueble venido a menos, mantiene 34 habitaciones ocupadas por familias que se acomodan en una pieza y comparten el uso de los sanitarios, según precisaron desde la Concejalía. “Está totalmente ocupado. Hay algún corredor inmobiliario que está alquilando un inmueble que no podría ser habitado nunca para vivir. Sin embargo, se ocupa y hay muchos de este tipo en la ciudad de Rosario”, denunció Roldán.
Más abajo
“Cuando el ciudadano que alquila ya no puede pedirle más a un amigo o a un familiar tiene que ir a un lugar donde las condiciones son en negro y acepta un contrato de alquiler cada vez más precario. Se trata de inmobiliarias truchas que, en forma violenta, si a los 3 meses no pagás, «vengo y te saco». Es un desalojo que usa la fuerza o la presión verbal”, obsdrvó sobre la escena que se conforma cuando se agota la posibilidad de saldar las cuentas.
De acuerdo a lo expuesto por Roldán, se trata muchas veces de inmobiliarias vinculadas al negocio narco. “La gente que vive en un barrio sabe que hay “señores” que alquilan inmuebles que tienen un vicio redibritorio - defectos ocultos en inmuebles que, de haber sido conocidos por el inquilino, no se hubiera concretado la operación inmobiliaria- pero ético, es decir, un vicio por problemas de papeles. Son inmuebles ocupados violentamente o que son de personas que están detenidas, que no tienen la posibilidad de tener un título de propiedad”, apuntó.
“A unos cien los tenemos en vista, pero nosotros decimos que hay más de mil y sobre 10 estamos trabajando”, completó.
“Hemos detectado inmuebles que son casas de ocupación donde viven distintas familias, funcionan como pensiones truchas”, continuó. “Significa 30 a 40 familias viviendo en un mismo lugar. Esa gente que está allí, es gente que alquilaba”, remarcó.
Si se puede reducir la vida de un grupo de personas a una habitación, hay un escalón que conduce todavía más abajo. “Cuando una persona no puede pagar más, va a las calles de la ciudad claramente, o a un asentamiento, donde le venden o le alquilan un pedazo de tierra personas que administran un suelo que no es de ellos”, expuso.
Un freno
La irregular forma que toma el mercado locatario en el que cae la persona que no tiene recursos suficientes, complejiza más la situación de por sí precaria de este tipo de inquilino. “La única forma de evitarlo y frenarlo es que exista un registro de contratos de alquileres”, planteó Roldán y explicó que la ley nacional establece la inscripción formal a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). “En todo el país, de entre los 3 y 5 millones de contratos de alquiler, hay menos de 300.000 inscriptos”, subrayó.
“Rosario es una ciudad que tiene miles de departamentos ociosos, y hay más de un 50 por ciento del mercado de alquileres en negro”, sentenció el dirigente y consideró que esto debilita al inquilino a la hora de hablar de precios, condiciones y exigencias tanto para habitar como para abandonar un inmueble.
Para Roldán, también pierde poder porque “en el mercado inmobiliario de la ciudad de Rosario están entrando las franquicias internacionales”. Según expuso, la altísima concentración que llevan adelante tiene un nombre: “extractivismo urbano”. “Es el fenómeno real de lo que sucede en el territorio de Rosario, pero todavía no se divisa ni se entiende”, alertó.
La Concejalía propone tomar una medida excepcional por 180 días por la cual, el contrato de alquiler que no esté inscripto en Afip no pueda aplicar aumentos. Y, en paralelo, creen que el Estado nacional debería concretar un programa nacional de alquiler social por el cual, a la persona que no tiene la posibilidad de alquilar un inmueble, se le otorgue dinero para una locación por tiempo determinado.
“Es transitorio, pero sería una alternativa a la ausencia de una política pública para la construcción de inmuebles”, propuso, al tiempo que dejó en claro que la solución tiene que ser integral, es decir, un trabajo conjunto de los 3 niveles estatales.
Pasaron 21 años desde la conformación de la Concejalía Popular, nacida de las luchas sociales germinadas en el revoltoso 2001. Para Roldán, la situación del inquilino hoy es peor que la de aquellos días: “Se vivía la expulsión de gente que no podía alquilar a la periferia, pero el valor del alquiler era el 25% del salario de los trabajadores. Hoy es el 50% y hay un silencio que no se entiende, es una masa gigantesca de personas que no resiste, no protesta ni se queja”, estableció.
“Es un problema vergonzante, quizás por eso no reclaman”, entendió. “No hay un espíritu que diga «sí, soy inquilino», creen que está mal pelear por sus derechos a vivir mejor”, finalizó.
