La presidenta de Honduras Xiomara Castro inició esta semana con un fuerte operativo en los centros penitenciarios de ese país para combatir la violencia derivada de las operaciones del crimen organizado y las pandillas, que controlan amplios territorios y amedrentan a la población.
En el marco de una serie de "medidas drásticas" anunciadas por la presidenta, la Policía Militar del país centroamericano tomó el control de las cárceles con el fin de desmantelar a las bandas criminales que operan desde allí.
"En operaciones conjuntas con la Policía Militar y la Policía Nacional iniciamos actividades para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado", anunció José Manuel Zelaya, secretario de Estado de Defensa Nacional.
Además, remarcó: "La vida y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes la garantiza la Constitución. Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera".
En las imágenes, distribuidas por el gobierno liderado por Xiomara Castro, aparecen cientos de prisioneros sentados con las manos detrás de la cabeza, mientras son vigilados por los militares.
La vida y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes la garantiza la Constitución. Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera. @hegusave @PMOPHN @PoliciaHonduras pic.twitter.com/8R1tQ6SEZu
— José Manuel Zelaya Rosales (@JoseMZelayaR) June 26, 2023
Los oficiales hondureños requisaron las celdas de los prosioneros y decomisaron armas, teléfonos satelitales, granadas y droga, entre otros elementos. El plan es que las Fuerzas Armadas tengan el control de las cárceles por un año.
La acción militar ocurre días después de que 46 reclusas murieran calcinadas y tiroteadas en un motín entre, supuestamente, integrantes de las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, en una cárcel cercana a Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Castro describió el motín como un "monstruoso asesinato de mujeres", destituyó al ministro de Seguridad y designó una junta interventora para la prisión.
La intervención también ocurre tras un fin de semana especialmente violento: solo el día sábado hubo 21 personas asesinadas, entre ellas 13 que fueron víctimas de una masacre dentro de un billar en el municipio de Choloma, en el norte del país.
Las imágenes difundidas por las autoridades de seguridad hondureñas dan cuenta de una situación similar a la generada por las medidas aplicadas por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, orientadas también a desarticular a las pandillas locales. En ambos casos, las medidas fueron duramente criticadas por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Toque de queda
La violencia en las calles de Honduras está siendo uno de los retos más complejos para Xiomara Castro. Bajo una intensa presión de la ciudadanía que exige más seguridad, la mandataria está intentando controlar el crimen organizado a través de diversas medidas. Además de la intervención militar en las cárceles, su gobierno decretó el domingo pasado un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cuatro de la mañana para las ciudades de Choloma y San Pedro Sula (una de las más grandes del país), que han sido fuertemente afectadas por la violencia. La medida regirá durante, al menos, 15 días. El pueblo hondureño puede ver que las cárceles han funcionado como escuela del crimen. Tienen un arsenal adentro (Támara). Los resultados no se harán esperar en favor de la seguridad. @FFAAHN @SSEGURIDADHN pic.twitter.com/JL1segnOBR Gran parte del país también está bajo estado de excepción, una medida que rige desde el seis de diciembre del año pasado y que ha sido prorrogada en tres ocasiones (la última el 21 de mayo, cuando fue extendida por otros 45 días). La mandataria también está llevando adelante una operación policial llamada "Candado Valle de Sula", que busca controlar la violencia en la zona norte del país y recuperar las áreas tomadas por las pandillas. La ofensiva incluye recompensas para quienes faciliten la captura de los autores de los crímenes.
