El proyecto de ordenanza para la autonomía municipal de Rosario que propone el Ejecutivo al Concejo se encuentra en instancias de debate y este miércoles fue la segunda jornada en la comisión de Gobierno. Buscan su consenso antes de que termine el 2025, como otro hito del año del Tricentenario. Y en ese sentido la próxima reunión se realizará el miércoles entrante con la participación de la Casa Vecinalista y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales.
La propuesta se basa en cinco dimensiones: institucional, política, administrativa, económica y financiera. Este miércoles, los funcionarios del Ejecutivo desarrollaron la propuesta en torno a arbolado público, terrenos baldíos, nuevas herramientas de contratación y mecanismos de compra, y disposición final de vehículos.
La subsecretaria de Legal y Técnica municipal, Juliana Conti, dio los detalles de una propuesta respecto a los vehículos en buen estado que estén en el corralón y sin reclamo de sus dueños para una gestión eficiente.
Actualmente, una ley provincial y una norma municipal en sintonía, solo permiten la compactación de todos los vehículos para su venta como chatarra. La propuesta es incorporar la posibilidad de reutilización o venta en subasta pública, priorizando el menor impacto ambiental, algo que hoy no está permitido en dichas normas.
“La compactación se hace dos veces al año con la finalidad de desagotar el espacio del corralón. Ese mecanismo no es el mas eficiente, pero sí el mas sustentable y el mas transparente”, aclaró la funcionaria.
Las dos normas actuales, la local y la provincial prevén que la disposición final de un vehículo sea compactar y vender los autos del corralón como chatarra. “Lo que se viene haciendo es buscar cumplir ambas, y en ellas no está permitido reutilizarlos ni venderlos en subasta pública a precio de mercado”.
La propuesta que desarrolló entonces es crear un régimen nuevo municipal sobre el asunto, porque se están compactando autos completamente en buen estado y bastante nuevos, y es un despropósito la pérdida de utilidad así como el asunto del impacto ambiental que generan”.
Al crear un régimen propio, explicó Conti, se busca que “con la documentación correcta y con una transparencia y una trazabilidad, sean reutilizados, o venderlos en subasta pública. Y recién en caso de que no se llegue a esos dos fines, proceder a una compactación”.
En otro orden de cosas, destacó un aspecto económico: “El precio de venta como chatarra es muy menor al de un auto que se va a recuperar por ejemplo en una subasta pública”.
“Nos llamó la atención que son varios los dueños que no han reclamado autos en buen estado, y nos comunicamos con la Agencia Antilavado y ellos eventualmente toman las medidas. En algunos el origen era una sucesión, otros de dueños de otras provincias”.
El concejal Mariano Romero sugirió revisar el artículo 18 de la ordenanza N° 7025, referido al plazo de reclamo por parte de los propietarios, que fue reducido de seis a tres meses. Y la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, señaló que “en todo lo que respecta a técnica legislativa, desde el Concejo se puede mejorar y ajustar el texto. Lo central en esta etapa es trabajar sobre los contenidos y resolver las superposiciones de competencias”.
En torno al arbolado y el ambiente
Conti señaló que el plan de arbolado requiere de una mayor agilidad que la actualmente permitida, y sugirió reforzar el régimen sancionatorio, validando el Código de Convivencia y la potestad municipal para planificar, controlar y sancionar. El objetivo es evitar demoras derivadas de autorizaciones provinciales y permitir respuestas más rápidas ante situaciones puntuales.
"Este proyecto es inicio de un camino que se abrirá a otras ordenanzas para adecuar normativas seguramente. Buscamos con estos debates dar respuestas claras a cuestiones normativas y específicas. Un articulo con potestad sancionatoria en mat ambiental", destacó.
La concejala María Fernanda Gigliani reparó sobre la Ley de Ambiente y la Ley del Árbol, dado que constituyen normativas superiores y coexistentes con la autonomía. Consideró complejo abordar "una norma tan amplia con temas diversos", y planteó conocer si otras ciudades avanzan en regulaciones similares.
Fabrizio Fiatti repasó los avances sobre la ordenanza de arbolado y explicó que se viene trabajando junto a la Secretaría de Ambiente para compatibilizar la regulación con proyectos presentados por distintos concejales.
Anahí Schibelbein remarcó la necesidad de que las reformas contemplen garantías para los reclamos vecinales: “Tenemos diversas dificultades vinculadas a las atribuciones y garantías de los vecinos. Estas modificaciones pueden agilizar los tiempos, pero es necesario que exista un aval que respalde los reclamos ciudadanos”.
Terrenos baldíos
El concejal Fabrizio Fiatti precisó que el texto de autonomía introduce una modificación integral en materia de baldíos, derogando la ordenanza vigente.
El secretario de Ambiente municipal Luciano Marelli destacó luego que en numerosos casos, las intervenciones municipales en terrenos requieren órdenes de allanamiento para acceder a espacios con abundante vegetación o cercados. Es sobre ese asunto que destacó sobre una herramienta para actuar con rapidez sin vulnerar derechos de vecinos o propietarios.
Añadió que "en el área central existen viviendas con patios traseros a los que se necesita ingresar para intervenir ante situaciones de dengue o presencia de roedores", y subrayó que siempre se actúa con los resguardos legales necesarios.
La concejala Alicia Pino propuso sobre ese asunto incorporar en la redacción —o en la futura reglamentación— la presencia de un escribano público, testigos o veedores, como medida preventiva ante posibles reclamos de los propietarios.
Contrataciones y mecanismos de compra
El subsecretario de Hacienda, Ezequiel Stellato, explicó que el proyecto incorpora dos nuevas herramientas jurídicas: una de "Compra ágil" y la otra de "Remate o subasta pública".
Sobre Compra Ágil, se trata de un procedimiento simplificado para la adquisición de bienes y servicios, que permite seleccionar proveedores de manera rápida y eficiente, garantizando la competencia entre los inscriptos y optimizando los recursos públicos. En cuanto al remate o subasta pública, precisó que, "previa autorización del Ejecutivo, se establece un precio base y la adjudicación se realiza al mejor postor o a la oferta más conveniente para el Estado".
Stellato destacó que, si bien estos mecanismos son novedosos para Rosario, se aplican con frecuencia en otros municipios y resultan especialmente útiles en áreas como salud pública y alimentación, donde existen procesos con múltiples rigideces que podrían optimizarse.
Jesica Pellegrini aludió en torno a esta propuesta respecto al tema de las nuevas herramientas de contrataciones o mecanismos de compra, que "resulta conveniente considerar que, cuando se requieran casos de emergencia de gran magnitud, pueda ser elevado al Concejo Municipal para su autorización". También propuso evaluar algún mecanismo de información posterior a la utilización del instrumento, sin perder agilidad, pero aportando transparencia al proceso.
