Con variantes, la frase “sabemos que esto volverá a pasar” fue la más repetida en las tres horas de jornada pública sobre los incendios en las islas realizada este jueves en el Concejo Municipal de Rosario. El fiscal federal Claudio Kishimoto fue la palabra más esperada y, si bien no pudo dar muchos detalles porque los juicios están en marcha, reveló que este año se sumaron 12 demandas penales y en total él tramita desde Victoria 37 procesos contra los posibles responsables del fuego y el humo.
Aunque el mayor impacto se produjo en 2020, el aumento de las denuncias fue progresivo. Ese año, en marzo, la Municipalidad de Rosario inició una demanda que este 2025 tuvo una novedad (fueron sobreseídos los 42 acusados). En 2022, se sumaron siete nuevas causas. En 2023, otras siete y lo mismo en 2024.
Este año, ya son 12 los trámites judiciales abiertos y Kishimoto explicó a Rosario3 que eso se debe a una mejor coordinación y comunicación con actores en el territorio, como las fuerzas federales que patrullan.
Ese amplio daño a la salud y a la vida en el humedal del Delta del Paraná, que las organizaciones ambientales denuncian como “ecocidio”, sigue vigente. En lo que va de 2025, se registran más de 30 mil hectáreas quemadas y sólo en el mes de septiembre hubo 13 mil, según expuso el abogado ambiental Matías de Bueno, en base a datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
“El mayor fracaso hasta el momento es que no sepamos quién prende el fuego. Son 200 parques Independencia de la ciudad de Rosario, ¿cómo se nos pasó sin darnos cuenta?”, señaló De Bueno.
“Crónica de un fracaso”
La "Jornada Pública para la exposición y debate sobre el estado de las causas judiciales donde se investigan los incendios en los humedales del Paraná" comenzó pasadas las 17 en el Concejo y hubo unos 30 expositores.
Después de Kishimoto, la subsecretaria de Legal y Técnica de Rosario, Juliana Conti, recordó que “la estrategia de la Municipalidad se remonta al año 2008 (otro año pico de incendios), pero lamentablemente no tuvimos ningún resultado satisfactorio desde el punto de vista jurídico”.
Conti dijo que la resolución de esa primera causa por la creación de espacios para tratar la problemática fue declarada “abstracta” en 2014. Recalcó las fechas (con seis años de diferencia) “para dar cuenta de las demoras en el ámbito judicial”.
“En 2008 ya se preveía que esto se iba a agravar y en 2020 tuvimos la reaparición con mayor crudeza de los incendios”, dijo y explicó que entonces cambiaron la estrategia y pasaron a la demanda penal. En marzo de ese año, acompañaron la presentación con la georreferencia de los focos y fueron aceptados como querellantes. La Municipalidad agregó luego 60 focos más a las yo presentados.
Pero, al menos hasta ahora, los 42 acusados fueron sobreseídos y se espera por el resultado de la apelación del fiscal Kishimoto, concretada en abril de este año.
Pasadas las 18, se abrieron las exposiciones del público, pautadas en tres minutos. La convocatoria del presidente de la comisión de Ecología y concejal de Ciudad Futura, Julián Ferrero, fue amplia y diversa. Hubo una combinación de organizaciones ambientales, propietarios de tierras, investigadores (que argumentaron por ejemplo la "pérdida de identidad del humedal" después de las llamas), funcionarios y bomberos, de la región y también de Victoria: incluso estuvo presente la intendenta Isa Castagnino (quien después pidió visibilizar el reclamo de recursos para el Delta en tiempo de ajuste del Estado).
Rodolfo Martínez, de la Multisectorial por los Humedales, abrió con preguntas que de una u otra manera regresaron en varios discursos. “¿Sabemos cuántas muertes tuvimos por el humo?”, dijo sobre la mezcla de letalidad que tuvo la pandemia y los efectos en los humanos del ecocidio desde 2020 a 2022. “Todo hace pensar que esto va a volver a suceder”, agregó sobre las ausencias de respuestas.
Romina Araguas, de la Asociación de Abogados Ambientalistas y del Paraná no se toca, amplió la impunidad del fuego a todo el territorio del humedal: “Estamos reclamando por la falta de legalidad en las islas, que es un lugar de absoluta falta de control”.
El ecocidio está ahí latente, entre cazadores furtivos o productores que hacen terraplenes ilegales, y “se iba a dar cuando faltara agua”, añadió sobre la bajante del río que se inició en 2019. Proceso histórico que aún persiste.
“La Justicia no está a la altura. Los únicos condenados han sido los apicultores que no tienen la mayor responsabilidad mientras que la causa Baggio (contra ganaderos y propietarios) no se siguió”, acusó y señaló que “la Corte Suprema lo único que ha dicho es sobre el cumplimiento del Piecas; necesitamos una justicia participativa porque no solo va a volver a pasar, está pasando”.
Reclamó “garantizar el derecho humano al ambiente, más en este contexto donde parece que todo vale”.
La concejala y abogada Jesica Pellegrini recordó, al igual que María Eugenia Schmuck en la apertura de la jornada, que el Concejo pidió ser querellante en las causas y no fue admitido. Pareció titular lo que explicaron Kishimoto y Conti sobre la falta de condenas o verdad jurídica sobre los responsables de los incendios: "Es una crónica de fracasos e impotencias".
A las muchas voces que acusaron a los productores rurales de quemar pastizales para renovar pasturas para el ganado, como principal explicación del fenómeno, siguieron otras tantas de propietarios de tierras nucleados en la Comunidad Islera Asociación Civil. Federico Vignale dijo que su familia está desde el año 1933 frente a Rosario y que nunca se produjo una crisis del fuego como en estos años. “Vemos en el territorio que hay muchos acampes, se generan fuegos, sabemos quiénes prenden fuego, es la gente que va y quiere hacer un asadito”, acusó.
Leonardo Scarparo aseguró que los ganaderos del humedal producen “en armonía con las crecientes y las bajantes” y “es falso que provocamos incendios porque sería destruir el alimento de nuestros animales, las reservas de invierno, viviendas y alambrados”.
“Es irracional”, argumentó y afirmó que “el verdadero problema es la falta de control” ante “turistas que prenden fogatas y cazadores furtivos”.
Ángel Borello, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, fue un poco más lejos. Concluyó que se acusa a los ganaderos por “cuestiones dogmáticas en el ambiente de los ambientalistas”, incluso pidió salir de un criterio “envenenado” por la militancia ecologista.
Hubo murmullos en el recinto del Concejo pero se mantuvo el respeto durante tres horas y todos pudieron hablar. Jorge Bártoli, de El Paraná no se toca, además de advertir la crisis profunda que vive el río con una bajante histórica desde 2019, que se suma el dragado y otros factores, valoró esa convivencia democrática.
Al término del debate, Ferrero agradeció la “amplia participación de todos los sectores” y no se privó de una última aclaración en términos personales: "Esta no es una lucha dogmática. Es de las más pragmáticas que pueda haber porque estamos peleando por la vida, por todas las vidas, del ecosistema y de todos los que estamos acá".
El aplauso cerrado fue el epílogo de un buen encuentro que expuso la impunidad y la falta de certezas a cinco años de una crisis socioambiental que aún tiene demasiadas deudas abiertas.
