Una junta de firmas fue organizada para exigir la liberación de Diego, el muchacho que terminó atropellando y matando a los dos delincuentes que lo habían asaltado. Se trata de una convocatoria realiza a través de Change.org, un blog libre y público de peticiones por Internet de todo tipo, a la que se puede acceder y sumar una adhesión.
Ayer, el juez Román Lanzón ordenó la prisión preventiva por 60 días para el conductor de 25 años. Durante el desarrollo de la audiencia imputativa por videoconferencia hubo una manifestación de vecinos en las puertas del Centro de Justicia Penal para reclamar la libertad que finalmente no fue otorgada.
“¡Libertad para Diego y juicio por jurado! Basta de criminalizar víctimas que se defienden”, es la consigna principal. Luego, le sigue un extenso texto.
“Diego C. es un ciudadano estudioso y trabajador de Rosario. Unos delincuentes tomaron la decisión de arruinarle la vida cuando le robaron su mochila con pesos y dólares ahorrados con mucho esfuerzo. Comprensiblemente fuera de sí, los persiguió con su camioneta y chocó la moto en la que escapaban, causándoles la muerte. Un hecho así es lamentable pero merece, como mucho, una sanción mucho más leve que la que correspondería a un delincuente que mata por matar, para apropiarse de lo ajeno. Diego quiso detenerlos para recuperar lo suyo, en un estado de emoción violenta y/o exceso en la legítima defensa. No es un criminal. Un jurado popular lo entendería.
Ahora bien, la gran mayoría de nuestros jueces, fiscales y abogados penalistas estudiaron con los libros de Zaffaroni, que nos dice en pocas palabras que el delincuente es la víctima, que la legítima defensa prácticamente no existe y que está mal analizar los antecedentes de la persona y la peligrosidad para la sociedad al fijar una pena o prisión preventiva. Este dogmatismo pro delincuente y pro impunidad está literalmente desangrando a nuestra sociedad, y hay que terminarlo.
En este caso, el fiscal Patricio Saldutti y el juez Román Lanzón establecen, antes de que se resuelva el juicio, una prisión preventiva de 60 días, cuando en la Argentina la prisión preventiva es sumamente restrictiva gracias al garantismo que niega el análisis sobre la peligrosidad para la sociedad según los antecedentes. En Argentina la prisión preventiva es de excepción, solo por peligro de fuga y entorpecimiento del proceso. Diego se entregó y no tiene antecedentes. No es peligroso para la sociedad y no hay fundamento jurídico para esta injusta prisión preventiva. Ella viola su presunción de inocencia.
Hay que modificar muchas leyes en la Argentina para que haya más justicia, pero también jueces, fiscales y abogados deben cambiar la mentalidad y empezar a aplicar más el sentido común y la justicia dentro del marco de las leyes vigentes. Por eso, pedimos la sanción que corresponda para este juez y este fiscal que han consagrado una flagrante injusticia, en contra de la ley. Exigimos la libertad de Diego, que es la víctima tanto de los criminales que lo asaltaron como de los funcionarios que lo metieron preso. Pedimos también juicio por jurado en la Provincia de Santa Fe, para que la sabiduría y el sentido común primen sobre los dogmas garantistas en la Justicia”.
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