Los cerealistas Juan Carlos Guardati y Ángel Torti quedaron este miércoles detenidos en el maco de una investigación por fraude. Temprano a la mañana se realizaron allanamientos ordenados por la Unidad de Delitos Económicos y Delitos Complejos en relación a investigación por estafas a 158 clientes de la agencia de Bolsa (GYT) y la presentación de balances falsos.
Los procedimientos, pedidos por el fiscal Sebastián Narvaja, fueron llevados adelante por personal de la Agencia de Investigación Criminal en zona de calles Salta al 100 y Mitre al 1300 donde se secuestró material de interés para la causa.
"En dichos procedimientos se ordenó la detención de los identificados como A.T. y J.C.G. quienes serán llevado a audiencia imputativa el día de mañana a las 11hs en el Centro de Justicia Penal Rosario", se informó oficialmente.
La situación es la siguiente. El fiscal Narvaja imputó a mediados del mes pasado por estafa a todo el directorio de GyT por el caso de un empresario transportista al que le vaciaron el saldo de la cuenta que tenía abierta en esa agencia para operar con cauciones en el mercado de valores causándole un perjuicio patrimonial de 19 millones de pesos.
En rigor, se trató de una nueva imputación contra los directores, que ya fueron acusados por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos de realizar maniobras similares contra 42 pequeños ahorristas a los que también les manotearon los saldos líquidos de sus cuentas para operar en Bolsa ($1.189.138 pesos y $448.950 dólares) presuntamente para tapar el rojo en el que habían entrado sus negocios cerealistas.
GYT supo ser top del mercado granario argentino hasta que defaulteó en febrero de 2020 con un pasivo comercial que orilla los $3.000 millones de pesos sumando todas sus empresas, que están en concurso de acreedores desde mediados de 2020.
Lo cierto es que con respecto al caso del transportista, el juez Hernán Postma trabó el embargo de una propiedad personal de Juan Carlos Guardati. Pero además, el damnificado y los empresarios tejieron un acuerdo resarcitorio ante el incidente, posibilidad que habilita el proceso penal.
No obstante, el fiscal Narvaja siguió la pista de que en el acuerdo quedaba firmado que una de las condiciones para efectuarse el resarcimiento era el voto favorable del transportista en el concurso de acreedores que se tramita en la Justicia comercial.
Pero eso es un delito ya que está prohibido comprar los votos, como se interpreta del convenio entre las partes. En efecto, según el artículo 180 del código penal, la empresa convocada no puede establecer una ventaja o mejora (ofertada y concretada) adicional a un acreedor por fuera de la convocatoria.
En otras palabras, es lícito que los cerealistas hayan ofertado con bienes propios una reparación a quién los denunció. Lo ilícito es que una condición haya sido a cambio del voto favorable en una convocatoria. Para el fiscal Narvaja, en este caso claramente hubo una compra de votos y habrá que ver qué define el magistrado. Lo llamativo del caso es que la condición haya quedado escrita, porque siempre hay rumores y versiones de acuerdos de palabra.
Precisamente, los allanamientos de este miércoles fueron para conseguir el documento firmado entre las partes. Y al confirmarse la existencia del acuerdo en el escrito, se procedió a detener a los dos directores.
Como los titulares de la empresa están en libertad provisional, según lo dispuesto por el juez Alejandro Negroni al momento de ser imputados por primera vez por los casos de los pequeños ahorristas estafados, se abre la posibilidad de que Guardati y Torti queden detenidos de manera preventiva por más tiempo. La palabra final la tendrá el juez Hernán Postma en la audiencia del jueves a las 11.
Habrá que ver ahora el impacto de las detenciones en la convocatoria de acreedores, sobre todo si se profundizan investiaciones sobre otras conformidades al concurso. Con todo, según los abogados comerciales de GYT, la empresa estaba sumando adhesiones a su oferta de pago y había expectativas en conseguir las mayorías.
