La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, calificó como “dificultoso y desmoralizante” investigar los homicidios en Rosario porque la mayor parte de sus mentores está ya condenado y en prisión. Fue muy contundente con respecto a la Policía de la calle que “debe ser solución y no parte del problema” y sobre la que pidió “planificación” a la dirigencia política, además de “planes a largo plazo” y “consensos básicos” para afrontar las tasas “alarmantes” de violencia y asesinatos que hay en la ciudad en un contexto de organizaciones criminales y economía delictiva.
También aprovechó para dejar un mensaje sobre el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA): “Nos piden que funcionemos en forma independiente pero resulta que tenemos leyes disciplinarias para con los fiscales que comprometen esa independencia”. Sobre las amenaza e intimidaciones que reciben los fiscales por parte de imputados, incluso durante las audiencias, las consideró una “falta de respeto al Estado” a las que no deja de investigar y sobre las que dice “no tener miedo” ya que de lo contrario “no estaría en éste lugar”.
A la fiscalía de Rosario ingresaron más de 150 mil causas durante el 2022 sobre un total de casi 260 mil en toda la provincia, es decir un 60 por ciento de la conflictividad penal de Santa Fe. Debería contar con al menos 80 fiscales, pese a que hubo 12 nombramientos y 10 de ellos eran adjuntos que ascendieron a titulares. Hay 10 vacantes aún más 5 fiscales que ascendieron a jueces. La jurisdicción alcanza también a San Lorenzo, Casilda y Cañada de Gómez. Es sin duda la jurisdicción más compleja de gestionar y a la que se sumó el apartamiento del fiscal regional acusado de corrupción.
A todo ello le puso el cuerpo Iribarren, una mujer con experiencia y antecedentes en la Justicia que está anotada en el concurso para Fiscal General de la provincia, algo que se definirá en abril próximo ya que esta semana fueron nombrados los integrantes del jurado después de la demora producto de la renuncia de varios de sus miembros originales.
Iribarren, esposa y madre de hijos adolescentes, cuenta poco de su vida privada y está metida de lleno en su abarrotado escritorio de expedientes y carpetas al que cuida mostrar. Frente a Rosario3 se abrió al diálogo sobre la compleja coyuntura que atraviesa la ciudad en materia de narcocriminalidad: -¿Qué explicación le encuentra al récord en la cantidad de homicidios que se registró en Rosario durante el año pasado? -Terminamos el 2022 con tasas alarmantes de violencia y homicidios en Rosario y un sistema de administración de la violencia por parte de las organizaciones criminales que se ha profundizado. La ciudad tiene la tasa más alta de homicidios a nivel país, aunque todavía no alcanzamos las cifras de otras ciudades de Estados Unidos, México o Colombia. Observamos que una enorme cantidad de homicidios ocurren en contextos de organizaciones criminales o economías delictivas que no hay en otras ciudades, incluso los otros homicidios que se dan por disputas personales o en ocasión de hechos de robos se mantienen o disminuyeron en toda la provincia. Tenemos cada vez más hechos de violencia asociada al narcotráfico y eso repercute en el modo de investigar que requiere de una complejidad mayor ya que se debe esclarecer quien está de detrás, quien ejecutó y quien ordenó. Y encima se agrega un problema mayor y es el comercio ilegal de drogas cuya incumbencia es federal. Casi siempre terminamos investigando a gente que está presa, algo más dificultoso y desmoralizante. -Esto pone en duda la efectividad del sistema penitenciario ya que la mayoría de los delitos se ordenan desde la cárcel. -Es que el Estado tiene que funcionar de manera mucho más orgánica. En la provincia hay que renovar autoridades cada cuatro años y es un período demasiado corto para proyectar planes a largo plazo que se requieren para abordar un problema así. Si la dirigencia política no entiende que se necesitan consensos básicos para acordar planes a largo plazo es muy difícil de enfrentar esa compleja realidad. La Fiscalía recaba pruebas y lleva a juicio, pero resulta que terminamos investigando causas de otros estamentos estatales. El factor social que implica la planificación de las grandes ciudades también es un factor que permite el desarrollo de las bandas narco-criminales y eso es responsabilidad que va desde el municipio, la provincia y otras esferas del Estado. Otra cuestión es que cualquiera puede advertir que la Policía es una herramienta fundamental en la seguridad, pero a la Policía de la calle no la ordenamos nosotros. Podemos solicitar ciertas actuaciones pero no depende del MPA. A la Policía le falta planificación a largo plazo, tiene que ser solución y no parte del problema, distintos estamentos se tienen que poner de acuerdo qué hacer con la Policía. Hay muchos políticos y legisladores que acompañan y comprenden la independencia de los fiscales, muchos otros no -¿Qué medidas se van a tomar desde el MPA frente al aumento de causas? -Frente a un aumento de cantidad de homicidios que pasó de 18 casos cada 100 mil habitantes a 22 cada 100 mil, hay que replantearse la forma de trabajar ya que más recursos o más fiscales no tenemos. Para 2023 pensamos en destinar más herramientas al área de Homicidios, trabajar los hechos cuyas víctimas son mujeres que han ido en aumento en los últimos tiempos, vincular o ir asociando homicidios es decir investigar por conflictos y no por zonas geográficas, y fundamentalmente atacar la médula de las organizaciones criminales que es el apoyo de funcionarios públicos que existe realmente y las economías que generan esas bandas. Para esto hay que profundizar el intercambio de información con Fiscalía Federal con la que venimos trabajando asiduamente. -El vecino siente que es víctima de un hecho delictivo va a denunciar y esa denuncia no se investiga, que muchos hechos que se denuncian no se investigan -Es que la Fiscalía absorbe dentro de esos 150 mil legajos que ingresaron el año pasado por ejemplo conflictos que otras áreas del Estado no soluciona. Córdoba tiene la tercera parte de las causas, pero resulta que en Santa Fe atajamos todo lo que ingresa al sistema penal como conflictos entre vecinos o familiares. A un fiscal se puede acceder y seguramente la gente termina sintiendo que no tuvo respuesta adecuada porque se sobrepasa el sistema. Cada persona que es víctima de un delito merece una respuesta aunque hay que tener en cuenta que muchos delitos se neutralizan con prevención porque es muy difícil investigar si no hay policía presente que lo evite. Muchos delitos pueden prevenirse si sus autores son detenidos en flagrancia. Muchos delitos son casi imposibles de esclarecer si las actuaciones o detenciones no son inmediatas. Debe haber mayores recursos para las investigaciones, pero también de haber mayor presencia policial para disminuir esos hechos. -¿Con esta estructura sobrepasada en cuanto a cantidad de expedientes es casi imposible pensar entonces en desfederalizar las causas por narcomenudeo? -Es una decisión. Nunca las decisiones pueden ser aisladas sin una estructura que las sostenga. Eso debería ir con un análisis sobre el impacto que tendría en la Fiscalía provincial y con los recursos suficientes. No puedo decir si estoy de acuerdo o no, una decisión así no sirve sino va acompañada de los recursos. -¿Cómo viven o enfrentan las amenazas e intimidaciones que han recibido como fiscales por parte de algunos imputados? -Sabemos que es parte de nuestro trabajo, somos los que ponemos la cara ante los que cometen delitos. El problema es el modo. Si vemos que esas amenazas se hacen frente al juez o frente al defensor público es más grave porque se trata de una falta de respeto o una forma de des-jerarquizar al Estado. Las amenazas se investigan como un delito más y se generan instancias de protección cuando hay riesgo. No debemos aceptar la naturalización de esas amenazas porque si queremos que el MPA funcione debe ser acompañado por recursos y su independencia necesaria. Y esto último se ve con el cambio de las leyes sobre la disciplina de los fiscales. Nos piden celebridad contra el crimen e independencia y por otro lado tenemos leyes que comprometen esa independencia. Hay leyes que frente a cualquier instancia administrativa estás a punto de ser juzgado por los actores de la política. -¿No se sienten defendidos por la clase política? '-Hay muchos políticos y legisladores que acompañan y comprenden la independencia de los fiscales, muchos otros no. Que continúe la ley disciplinaria de los fiscales o quien detente el poder de sancionarte responda a un órgano del Estado que dependa de otro Poder, no es acompañar la independencia del MPA. -¿Cómo llevas vos las amenazas e intimidaciones? Lo mismo que le pasa a los otros fiscales, tomamos los recaudos necesarios para neutralizar o minimizar riesgos. Si tuviera temor no estaría en éste lugar. -Te tocó asumir en forma interina la conducción de la Fiscalía Regional después del apartamiento del fiscal regional anterior por una causa de corrupción. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo pérdida de confianza y desprestigio? -Hay que tener en cuenta dos aspectos. Internamente el liderazgo del fiscal anterior estaba desgastado, había un distanciamiento con los fiscales, no había pautas claras desde lo laboral, y tuve que generar un ámbito de confianza para con los fiscales así ayudarlos o conducirlos en pos de mejorar la calidad de respuesta y las condiciones de trabajo. Externamente, había que resaltar que cuando algún funcionario se lo acusa de corrupción es la propia institución que genera el rechazo y fueron fiscales los que lo investigaron y uno de los acusados hoy está condenado.
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