La Justicia rosarina condenó este miércoles a los integrantes del clan “Insaurralde” por el delito de tráfico de estupefacientes en la ciudad, bajo la modalidad de comercio y en forma organizada. Además incautaron bienes de la banda y hay dos abogados investigados.
El fallo fue del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario y establece que en la primera parte de la investigación quedó probado cómo los imputados realizaban distintas actividades dentro de la cadena de tráfico de drogas.
Éstas iban desde la provisión en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora hasta su venta, con distintas modalidades como delivery o el comercio desde sus domicilios y distintos puntos de venta.
En Rosario, las actividades señaladas eran realizadas principalmente en los barrios Vía Honda, de la zona sudoeste, y en bulevar Seguí y Suipacha, en la zona sur de la ciudad.
Por otro lado, en la segunda fase investigativa se probó cómo luego de ser detenido, Ramón Javier Insaurralde siguió dirigiendo la organización desde su lugar de prisión, con otros integrantes como sus “brazos ejecutores”, principalmente su hijo Fernando y su sobrino Brian, todos del mismo apellido.
Las condenas
En el juicio oral que se llevó a cabo en Rosario, el Tribunal, integrado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y María Ivon Vella condenó a Ramón Javier Insaurralde -principal investigado- a la pena de 18 años y tres meses prisión, como organizador de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio.
Asimismo, se condenó a Fernando Insaurralde a 10 años de prisión; Brian Insaurralde a 9 años; Arnaldo Andrés Vivas, Roxana García Sipe y Gabriel Mancilla a 8 años; Héctor Cañete, Omar Osvaldo Espíndola (pendiente la unificación con otra condena a prisión perpetua que quebrantó al no volver de una salida transitoria) y a Santiago Antonio López a 7 años de prisión.
También se condenó a Natalia Gabriela Insaurralde, Ángel Manuel Pinto, Grover Eber Becerra Vera, Luciano Nicolás Antonelli, Rosa de los Milagros Ponce, Patricia Liliana Blanco, Carlos Alberto Rodríguez y Leiza Estefanía Carriazo a la pena de 6 años de prisión, como autores penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en forma organizada.
Además, a Pilar Soledad Toledo, Sebastián Alejandro Arriola, Brenda Tamara Villena, Santiago Domínguez, María Carla Insaurralde, Marianela Sofía Insaurralde y Mauro Isaías Insaurralde a 3 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito. Las penas dictadas son coincidentes con las solicitadas por el fiscal general Federico Reynares Solari.
De Buenos Aires a Rosario
En el debate oral y público, que se extendió por un mes, para el fiscal Reynares Solari quedó plenamente acreditado que los imputados se proveían de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires y una vez en la ciudad de Rosario los distribuían en distintos puntos de ventas, ubicados principalmente en Vía Honda.
También se juzgaron dos causas acumuladas por conexidad subjetiva y objetiva, atento a que el jefe de la organización, Ramón Javier Insaurralde, junto a su hijo Fernando y la pareja de este último, Leiza Estefanía Carriazo, se encontraban imputados en ambas causas.
Los hechos ventilados en el debate dieron cuenta de la existencia de dos organizaciones: la primera, que fue desbaratada en febrero de 2017, cuando se logró interceptar un aprovisionamiento de estupefacientes y luego una serie de allanamientos de distintos domicilios que surgían de las tareas investigativas que realizó el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En ese marco, se secuestró gran cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo en distintas monedas y vehículos.
Posteriormente a ello, e iniciada una nueva investigación, se acreditó cómo la actividad delictiva no cesó y en esta ocasión se realizaba con su jefe dando las directivas desde la cárcel.
Decomiso y más investigados
Por último, el Tribunal ordenó el decomiso del dinero secuestrado y de distintos vehículos, en línea con lo solicitado por Reynares Solari, atento a que algunos de eran utilizados para cometer los hechos y los demás eran el producto del delito, ya que ninguno de los imputados tenía actividades lícitas coincidentes con sus ingresos.
En tanto, continúan bajo investigación dos abogados penalistas, ya que sospecha que podrían formar parte de la banda narco liderada por el clan Insaurralde.
El fiscal mencionó que hay audios donde los letrados exceden el asesoramiento jurídico y le sugieren "descartar todo" durante allanamientos; arreglar con un comisario por 30 mil pesos; e incluso planificaron negocios con el cabecilla con respecto a fiestas electrónicas.
