El fiscal Matías Di Lello, a cargo de la Fiscalía Federal de San Nicolás, le solicitó al juez federal de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruzo, que cite a prestar declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica Atanor SA, y a ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales, a quienes imputó por su responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona.
En su presentación, que dio a conocer el portal Fiscales, el fiscal les imputó a los seis responsables de la firma química haber contaminado –por lo menos– hasta el 16 de julio de 2020 el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley de Residuos Peligrosos” –resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios–, lo cual –sostuvo– puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de la ciudad del noreste bonaerense.
De acuerdo con las pruebas recabadas en la investigación, había presencia de atrazina en las muestras químicas del agua, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.
Respecto a los cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control, el fiscal les imputó “haber incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”.
La investigación se inició el 3 de junio de 2014 por una denuncia de vecinos de San Nicolás que solicitaron que se investigara a la firma química por la comisión de delitos contra la salud pública.
En aquella oportunidad, los denunciantes manifestaron que, desde hacía varios años, la planta local de Atanor generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados. También denunciaron que se abrían las compuertas de la laguna de afinamiento para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas.
Por otra parte, las personas denunciantes expresaron que sufrían daños en su salud y que se produjeron diversas muertes entre los habitantes del barrio Química, que guardarían relación con la actividad contaminante de la planta.
Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió la declaración indagatoria de tres presidentes de un organismo de supervisión provincial por haber omitido cumplir con las disposiciones de la Ley provincial en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua.
El fiscal consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”, y que tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes.
