Procuradores y fiscales generales de distintas provincias argentinas emitieron este lunes un comunicado conjunto preocupados por “la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico”.
El documento señala que la “gravísima situación” se viene denunciando desde hace años y por eso reclaman “una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro país”. “Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente”, indicaron.
El texto lleva las firmas del Procurador General provincia, Jorge Barraguirre; del fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini; y sus pares de las provincias de Mendoza, Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Catamarca, Chaco, Salta, Misiones, Santiago del Estero y Neuquén.
Los funcionarios judiciales de las distintas jurisdicciones expresaron que “no existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal”.
“El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad”, indicaron.
Por otra parte, indicaron en el documento que “nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática”.
“Es en mérito de ello que ponemos a disposición toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar, y proponemos que, desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo”, añadieron.
Finalmente, los fiscales y procuradores provinciales expresaron un “incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional”.
“Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos”, concluye el comunicado.
