Luego de las críticas de la directora nacional de Migraciones sobre la falta de controles en Santa Fe, Capital Federal y Córdoba a quienes regresan del exterior, el gobierno provincial anunció que se intensificarán las tareas de seguimiento hacia los santafesinos que deben cumplir con los siete días de aislamiento.

“Es un operativo que se viene trabajando previamente, desde el 0800 se hace un control para coordinar con las personas que ingresan al país con un PCR negativo y en Ezeiza se le hace otro testeo”, explicó en De 12 a 14 (El Tres), el representante de Migraciones en Rosario, Matías Fernández.

Según detalló el funcionario nacional, el protocolo vigente para quienes llegan del exterior establece que, en el caso de que el PCR que se le realiza en Ezeiza dé positivo, se tienen que alojar en un hotel y cumplir con el aislamiento hasta recibir el alta. “Lo que nosotros controlamos son los siete días de cuarentenas posteriores a quienes les da negativo ese hisopado”, indicó.

Una vez en sus domicilios y mientras cumplen la semana de aislamiento, "la provincia los contacta y se les asigna un turno para que se realicen un nuevo PCR cuando se cumple el plazo”, añadió Julieta de San Félix, secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de la provincia de Santa Fe.

“Si bien la disposición nacional establece que es el viajero el que tiene que hacerse cargo del test, la provincia está asumiendo ese costo para que la gente pueda acceder y hacerlos. Una vez que se obtiene un resultado negativo, recién ahí pueden salir”, remarcó De San Felíx.

Con respecto a los controles, los funcionarios revelaron que en Rosario y la región hay unas 300 personas que tienen que cumplir con el aislamiento, pero al momento de acercarse a corroborar el correcto cumplimiento, en un 30% de los hogares inspeccionados no se encontraron a quienes debían estar aislados y en otros casos los datos que habían presentados eran falsos.

“Esos casos han sido recurrentes, uno trata de contactar a las personas y, de no lograr ubicarlos, se les libra un acta y se da paso a la acción judicial”, remarcó De San Félix. “A lo que apuntamos es a la solidaridad, más allá de la sanción que pueda darle la Justicia, el daño ya está hecho”, concluyó Fernández.