El caso de Ezequiel Curaba, el joven de 21 años que murió tras electrocutarse al intentar robar cableado subterráneo de la EPE para luego vender el cobre que lo compone, puso luz sobre una economía delictiva en crecimiento no solo en Santa Fe: hay bandas importantes detrás de este negocio ilegal, que cuentan con recursos e infraestructura, y que provocan pérdidas millonarias a las distribuidoras de energía de todo el país.
“Ya en 2018 empezamos a denunciar el robo de estos cables y hoy vemos que hay toda una industria delictiva alrededor” del valor de reventa de los metales que componen el cableado y otros elementos eléctricos, dijo Verónica Geese, secretaria de Energía de la provincia.
El de Ezequiel es un caso particular, pero no el único. Un joven que sin preparación ni equipamiento intenta robar parte de un cableado subterráneo y termina electrocutado. Pero en general, dijo Geese en diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2, las que actúan “son bandas que saben lo que hacen y que cuentan con información” sobre la ubicación y el situación del cableado y el resto del material eléctrico que les puede servir para la reveneta de los mismos o de los metales que contienen.
También son “bandas con formación y equipamiento como para, por ejemplo, bajar un transformador se luego se llevan en una grúa”, algo que se repite en zonas rurales. “Hay una industria que tiene como coletazos casos como el de Ezequiel, que piensa, sin información, que cualquier cable es accesible como uno que está inerte”, amplió la funcionaria.
Geese dijo que para combatir este delito se conformaron mesas de trabajo con el Ministerio de Seguridad y con los municipios y comunas, que son responsables del control de las chatarrerías que compran el material y luego lo comercializan. Además, hay una fiscal específica que se ocupa de investigar estos delitos y el entramado que los rodea. Por ejemplo, si hay complicidad de personas vinculadas a la propia distribuidora de energía que pudieran aportar datos sobre qué cables están en condiciones de ser robados sin riesgo de electrocución.
La secretaria de Energía consideró que desde 2018 a hoy el delito ha avanzado porque en los últimos años no hubo acciones para combatirlo y entonces “termina sucediendo lo del narcotráfico: la economía penetra tanto en el entramado social que termina siendo una habitualidad como para nosotros resulta ir a trabajar a una panadería”
Y advirtió: “Hay que trabajar para que esto deje de ser un delito, en cortarlo, porque el valor del metal no va a bajar, las materias primas son carísimas”. Geese dijo que si la EPE tiene que salir a comprar los transformadores y el cableado robado en 2023 el costo de reposición es de 3 millones de dólares.
