El Concejo Municipal santafesino aprobó de manera unánime una ordenanza de concejales del interbloque de Juntos por el Cambio que propone endurecer las sanciones para aquellas personas que organicen fiestas clandestinas en el marco de la pandemia. Las multas van entre quince mil a veinticinco mil Unidades Fijas (UF), lo que a valores actuales rondaría el millón de pesos.

El diario Uno de Santa Fe informó que la ordenanza indica que serán consideradas “clandestinas” aquellas reuniones de personas que se realicen tanto al aire libre o en espacios cerrados y sean contrarias a las disposiciones vigentes. El proyecto fue ingresado tiempo atrás por la concejala Luciana Ceresola y su compañero de bloque, Sebastián Mastropaolo (PRO).

Según la ordenanza aprobada, serán sancionados tanto los propietarios, poseedores y/o tenedores del inmueble en el que se realice, así como las personas responsables de la organización. Los montos varían entre quince mil Unidades Fijas (UF) a veinticinco mil. Actualmente, el valor de la UF es de $45.78, por lo que las multas oscilarán entre los $686.700 a $1.144.500.

Además, se decomisarán los elementos necesarios para la realización del evento. En caso de que se trate de un inmueble, piezas o infraestructuras pertenecientes a un comercio habilitado, se lo inhabilitará por hasta 180 días. Se establece, también, la posibilidad de que el juez de faltas aplique como penas accesorias, la realización de cincuenta a cien horas de trabajos no remunerados de solidaridad con la comunidad.

El dinero que se recaude por las multas será destinado a políticas sanitarias relacionadas a la emergencia sanitaria.

Luciana Ceresola, una de las autoras del proyecto, afirmó que “en los últimos meses hubo una gran proliferación de fiestas clandestinas y vemos que muchas personas no se hacen eco de la emergencia sanitaria. Si bien estas sanciones fuertes no resuelven el problema de raíz, sí van a desalentar este tipo de acciones. Una fiesta clandestina no es una picardía, es un delito para la salud de todos”.

“A causa de la situación sanitaria hemos visto modificada la manera de convivir y socializar, de cuidar nuestra salud, de trabajar, de estudiar y hasta de movernos. Por todo ello, es imprescindible que todos (individual y socialmente) acompañemos el esfuerzo y sacrificio que realizan padres e hijos para retomar sus clases presenciales; así como la gran cantidad de empresarios y trabajadores para reactivar y mantener sus fuentes laborales”, subrayó la concejala del PRO, Luciana Ceresola.

"Las autoridades de control deben trabajar a destajo para que aquellos que livianamente se desentienden de esta situación y promueven la violación de las normas socialmente acordadas para disminuir los efectos del covid-19 sean sancionados, pero también abocarse en la prevención de dichos eventos", finalizó la autora del proyecto de ordenanza.