Agricultores de Cataluña volvieron a movilizarse este martes con tractorazos y cortes de una decena de rutas en el país, incluyendo algunas fronterizas con Francia, en denuncia de la competencia desleal de productos de países de fuera de la Unión Europea (UE). No se registraron incidentes.

La autovía A2, que une a Barcelona con la capital española, también se encontraba cortada, así como otras rutas nacionales del interior de esta región de 8 millones de habitantes, informó la agencia de noticias AFP.

Según la dirección General de Tráfico, los manifestantes, convocados por el sindicato agrícola de la comunidad autónoma de Cataluña, Unió de Pagesos, aseguraron que tienen la intención de seguir bloqueando las rutas durante 48 horas, informó la agencia de noticias Sputnik.

Un video, publicado por el sindicato en la red social X, muestra a agricultores españoles que detienen camiones con alimentos provenientes de Marruecos y los tiran al costado de la ruta.


Esta movilización se produce tras otras convocadas en las últimas semanas, en todo el país.

La medida centra sus protestas contra la "competencia desleal de importaciones" fuera de la UE, que según los manifestantes "no cumplen las mismas condiciones exigidas a las producciones agrícolas de los países miembro", así como la "reducción efectiva de la burocracia", según un comunicado emitido por Unió de Pagesos.

Los agricultores españoles comenzaron a dar estas demostraciones de fuerza desde principios de mes, cuando columnas de casi un millar de tractores tomaron durante tres días consecutivos las rutas españolas, sobre todo en las regiones de Castilla y León, Castilla la Mancha, Valencia y Asturias.

En su momento, los sindicatos Asaja, Coag y UPA justificaron el bloqueo de rutas, señalando el "malestar" que siente gran parte del sector ante un trabajo considerado precario y difícil.

Los manifestantes exigen más dinero para luchar contra la sequía, precios justos para sus productos, así como piden mejorar las condiciones de trabajo, conservar las deducciones fiscales para el diésel agrícola y modificar la política agrícola europea.


La medida se reprodujo a nivel nacional, y para mediados de febrero, agricultores y ganaderos españoles protestaban con sus tractores frente al Ministerio de Agricultura, en pleno centro de Madrid.

Tras una reunión mantenida ese día con el ministro del área, Luis Planas, se anunció una serie de medidas para llegar a una solución.

Aunque el encuentro fue bien recibido por los agricultores, el sector descartó un acuerdo definitivo y anunció la continuación de las protestas.

En las últimas semanas, las movilizaciones resurgieron y miles de agricultores volvieron a manifestarse ayer en Madrid, tras la protesta del pasado miércoles, cuando unos 500 tractores entraron en la capital para protestar por los problemas del sector.

Las protestas masivas de los agricultores se repiten de forma expansiva en los países miembros de la UE, donde los granjeros y agricultores amenazan con bloquear las capitales europeas y exigen un cambio en la política agraria, así como la suspensión de las numerosas restricciones ambientales y las importaciones incontroladas de alimentos extranjeros baratos.

España, a menudo descrita como la "huerta de Europa", es el primer exportador europeo de frutas y hortalizas, pero su sector agrario atraviesa dificultades, debido sobre todo a la sequía que asola el país desde hace tres años.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, había afirmado a principios de mes en el Congreso que su gabinete "está con el campo", y puso en valor las medidas "desplegadas en estos últimos cinco años" para apoyar al sector.

Sánchez se comprometió a mejorar la ley de 2013 sobre la cadena alimentaria para evitar que los agricultores españoles vendan a pérdida, y a simplificar la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) europea, considerada excesivamente burocrática por los agricultores.

No obstante, el partido de extrema derecha Vox, tercera fuerza en el Parlamento y negacionista del cambio climático, es muy crítico del Pacto Verde europeo, que incluye medidas de transición ecológica en el agrosector, y lo acusa de querer "destruir" la agricultura en la península ibérica.