Tras la media sanción en el Senado al proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en Santa Fe, desde el gobierno provincial manifestaron su respaldo a la iniciativa y señalaron que la medida apunta a “ordenar la calle” y reforzar el control del territorio.
La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, Virginia Coudannes, sostuvo en La primera de la tarde (Radio 2) que el posicionamiento oficial está vinculado a una política más amplia: “Si algo tiene nuestra gestión como marca es el control del territorio, con planificación, método y logística. Entendemos que esto también abona al orden en la vía pública”.
El proyecto ya cuenta con media sanción y deberá ser tratado en Diputados. La iniciativa incorpora la actividad de los trapitos al Código de Convivencia y establece sanciones que pueden llegar hasta los 20 días de arresto.
Coudannes remarcó que se trata de una problemática extendida en distintas ciudades de la provincia: “Es una situación que molesta al vecino, que incomoda y que muchas veces genera situaciones complejas por amenazas y extorsiones”.
En ese sentido, aportó datos concretos sobre la magnitud del fenómeno: en Rosario se registran en promedio 16 llamados diarios al 911 vinculados a cuidacoches, mientras que en la ciudad de Santa Fe se contabilizan entre 4 y 5. Según indicó, los tiempos de respuesta policial rondan entre los seis y siete minutos.
La funcionaria explicó que, más allá del marco provincial, serán los municipios quienes definan la aplicación concreta de la normativa. “Cada ciudad tiene su dinámica, por lo que cada una tomará la modalidad normativa respecto a esto si decide avanzar con la prohibición”, señaló.
No obstante, aseguró que la provincia acompañará el proceso con recursos de seguridad y trabajo territorial. “Vamos a colaborar en la identificación de zonas de mayor vulnerabilidad, como áreas bancarias, comerciales, corredores escolares o espacios vinculados a la nocturnidad”, detalló.
Además, subrayó que la eventual implementación requerirá distintas etapas y un abordaje integral que incluya la dimensión social. “Después de la sanción vienen pasos que tienen que ver con la fiscalización, el relevamiento y la registración. También hay un componente social: los gobiernos locales deberán generar estrategias para estas personas, con apoyo en programas de formación y capacitación”, explicó.
Por último, Coudannes indicó que el ministerio ya viene trabajando en controles en la vía pública que incluyen a cuidacoches, así como en la intervención ante casos de amenazas o extorsión, que son canalizados a través del 911.
“Entendemos que esta decisión puede contribuir a un mayor orden en la vía pública, sobre todo en los sectores más vulnerables”, concluyó.
