El fiscal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia que el Gobierno nacional presentó contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a raíz de la producción del informe para el cual se filmaron los pasillos de la Casa Rosada utilizando lentes inteligentes. Desde Casa Militar habían presentado la demanda tras la emisión del informe por considerar que, con la exposición de las imágenes, se había puesto en riesgo la seguridad nacional.
Luego de analizar el material, el fiscal entendió que los periodistas de TN no cometieron ningún delito penal, por lo que le pidió al juez de la causa, Ariel Lijo, que considere archivar la denuncia.
“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”, dice el dictamen de Pollicita, que por eso sostiene que la revisión del material periodístico “permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”.
El fiscal también destacó que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes parecidas a las que se obtuvieron en las grabaciones cuestionadas. “El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, sostuvo en su informe.
En referencia al supuesto delito denunciado, señaló que “esto es, el carácter reservado necesario en miras de la protección de la seguridad nacional, en tanto no se ha acreditado que las grabaciones difundidas hayan generado condiciones aptas para revelar secretos –extremo que, por lo demás, tampoco fue debidamente precisado en la denuncia inicial–”.
Más allá de descartar que la grabación pusiera en peligro la seguridad nacional, Pollicita aclaró: “Lo dicho no implica en absoluto que conductas o hechos como los que aquí se han denunciado hayan carecido de consecuencias jurídicas”.
“La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”, agregó.
Luego del episodio, y en medio de una fuerte escalada de ataques del presidente Javier Milei contra la prensa, el Gobierno impidió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una decisión que despertó duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor.
La decisión fue presentada oficialmente como una medida preventiva por razones de seguridad, mientras se revisaba el sistema de acreditaciones. Se justificó a partir de la denuncia y en la necesidad de profundizar una investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa. Una semana después, el Ejecutivo reabrió la sala de prensa.
