A un año del doble crimen vial que se registró en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca, en donde Agustín López Gagliasso atropelló y mató a Tania Gandolfi y a su hija Agustina García cuando conducía su Peugeot 206 a más de 120 kilómetros por hora, el abogado de los integrantes de la familia que sobrevivieron explicó por qué no solicitaron la pena máxima que establece el Código Penal para este tipo de casos.
El joven de 20 años que conducía el vehículo fue imputado por los delitos de homicidio simple con dolo eventual de la mujer de 41 años, homicidio simple con dolo eventual de la adolescente de 17, y lesiones leves con dolo eventual, en concurso ideal en calidad de autor y en grado de consumado.
En el mismo hecho ocurrido en la costanera céntrica de Rosario sobrevivieron Diego García, de 45 años, esposo y padre de las dos víctimas, y su otra hija, de seis años, que tras el siniestro fatal tuvo que ser derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con politraumatismos que no requirieron de una intervención mayor. Los cuatro habían viajado a la ciudad desde Córdoba por turismo.
El abogado de la familia, Claudio Puccinelli, comentó que están esperando el avance de la causa para que se confirme la realización del juicio. “Teníamos la esperanza de que se hiciera en los primeros meses de este año, pero lo veo un poco retrasado”, dijo en diálogo con El Contestador (Radio 2).
Mientras López Gagliasso sigue en prisión preventiva y con la investigación en curso, Puccinelli explicó que “si bien la feria judicial en materia penal fue derogada por el gobierno provincial, la cantidad de gente que queda trabajando es reducida”, lo cual se ve reflejado en los tiempos. En ese sentido, señaló que “en los primeros días después de la feria” van a trabajar para que se cumplan “los pasos necesarios para llegar a juicio cuanto antes”.
El abogado también explicó el motivo por el cual tanto el Ministerio Público de la Acusación como la querella coincidieron en pedir una pena de 18 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos, cuando el Código Penal establece que la pena para este tipo de hechos puede ir de 8 a 25 años de prisión.
“Si bien la familia tenía inicialmente la idea de pedir el máximo, lo cual es lógico, el sistema judicial y penal en Argentina y el mundo establece que las penas deben graduarse en base a determinados caracteres”, indicó Puccinelli, y precisó que para solicitar una pena se evalúan aspectos como “la naturaleza del hecho, lo que motivó a la persona a llevarlo adelante, si hubo premeditación, las circunstancias sociales y personales”, entre otros.
Por ello, sostuvo que consideraron como “razonable” la pena solicitada, al tratarse “de un chico tan joven y primario en este tipo de hechos”. Dicho eso, Puccinelli aclaró que contemplaron los antecedentes de infracciones de tránsito de López Gagliasso.
Según indicaron desde la Municipalidad luego del doble crimen, en 2023 el conductor del 206 había dado positivo en un control de alcoholemia, motivo por el cual se le había retenido la licencia de conducir por un mes. Al año siguiente, cometió dos infracciones por manejar a una velocidad superior a la permitida en distintos puntos de la ciudad.
Puccinelli también recordó que “quedó descartado que haya sido una carrera o una competencia de velocidad”, hipótesis que se barajó inicialmente debido a que en las imágenes que registraron el recorrido del auto quedó grabada una motocicleta que lo sobrepasó a la salida del túnel Illia. A partir de testimonios, se determinó que en esa secuencia hubo “una acción individual de López Gagliasso de perseguir al motociclista”.
“Estos elementos ameritaban una pena en consonancia con lo que pedimos, que incluso es superior a las que se han solicitado en otros casos con la misma calificación legal”, añadió el abogado.
Sobre el estado de la familia, Puccinelli comentó que Diego está “como estaría cualquier padre y esposo después de que le arranquen su proyecto de vida”. “Perdió una hija y tiene otra a la que asistir él solo. El negocio familiar, que lo llevaba principalmente Tania, ya no está más, por lo que tiene que asumir actividades que desconocía”, contó.
En el caso de su hija, dijo: “No sabemos cuál va a ser el alcance del daño, es imposible de medir porque las consecuencias las va a tener cuando sea mayor y entre en la adolescencia. La falta de la madre, que en este caso era jefe de familia, va a ser visible mucho tiempo después”.
También expresó que aunque la resolución judicial no reparará el daño, sí es importante para que la familia pueda salir adelante. “La sentencia de condena es un bálsamo nada más. No cura, pero alivia”, concluyó.
