¿Por qué se expanden los discursos de odio contra la población migrante como si fuese un peligro creciente si los datos en Argentina reflejan lo contrario? Dolores Linares, investigadora del Conicet y del Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa (IEHSOLP), desarrolló en Rosario cómo es “la construcción de una amenaza” y la “(in)securitización de las migraciones en la política de Javier Milei”.
La licenciada en Relaciones Internacionales afirmó que el país giró de la perspectiva de derechos humanos al paradigma securitario, que entiende al tema “como un problema de seguridad nacional y lo vincula con la criminalidad, el terrorismo y el narcotráfico”.
A pesar de que Argentina tiene “un alto porcentaje de regularización documentaria y un saldo migratorio positivo pero decreciente”, la política de La Libertad Avanza (LLA) impuso modificaciones que restringieron el acceso a derechos y complejizaron los trámites de ingreso y permanencia de extranjeros.
Los datos estadísticos disponibles, sin embargo, no condicen con la lectura del gobierno. Los censos nacionales reflejan que en 1980 la población nacida en otro país era el 6,8%, en 1991 bajó al 5%, en 2001 descendió al 4,2%, tuvo un leve repunte en 2010 hasta el 4,5% y en el último registro de 2022 cayó al 4,2%.
“La proporción de migrantes sobre la total va bajando (aun con el arribo en gran escala de venezolanos). Además, en los últimos diez años se resolvieron 1.500.000 trámites de residencia”, explicó Linares. Según la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), el Renaper y la Encuesta Nacional Migrante de Argentina, por lo menos un 90% de esa población se encuentra en el país de forma regular.
La hipótesis de la académica es que el gobierno adoptó un régimen securitista para equiparar la realidad de otros países, en especial Estados Unidos, “como parte de una estrategia de acoplamiento que posicione al país, por medio de la criminalización de la migración, como un aliado estratégico en la región”.
“Ese posicionamiento —siguió— ataca los derechos de las personas más vulnerables y los persigue con operativos policiales, todo sin costo político alguno, dado que los migrantes, aunque cuenten con residencia permanente, no tienen el derecho al voto en elecciones presidenciales. Como consecuencia, se espera que aumente la irregularidad documentaria –porque está probado que las políticas restrictivas no detienen el arribo de extranjeros, solo los transforman en irregulares, casi «clandestinos»– y también que crezca el estado de vulnerabilidad que la condición migrante entraña”.
Linares abrió así un simposio organizado por el Grupo de Estudios sobre Migraciones (Migres) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Mariana García, directora del espacio que depende de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, expuso sobre un proyecto de investigación en marcha. “Diagnóstico sociodemográfico de la población migrante en Rosario” es un trabajo con entrevistas a colectividades, ejecutores de políticas públicas en los tres niveles del Estado, fundaciones y personas migrantes.
Se trata de una actualización de un informe que el grupo realizó durante la pandemia a pedido de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. “Los hallazgos de aquel trabajo fueron que las políticas particulares de migraciones en la ciudad eran pocas e incipientes. Surgían colectividades nuevas, como la haitiana, la colombiana, la venezolana, junto a otras más tradicionales, como la boliviana, paraguaya o brasileña, y otras de origen africano y chino. Hay pocos refugiados y solicitantes de refugio, la mayoría de origen africano, cubano, sirio y árabe, con mucha demora en la resolución de los trámites”, resumió García.
Dentro de los inconvenientes detectados, aparecieron la falta de acceso a la vivienda y la discriminación. Como parte de esos relevamientos, recordó que está abierta la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (Enma) dirigida a personas mayores de 18 años nacidas en el extranjero.
Democracia zombie y superioridad moral
Desde España, Gorka Moreno reflexionó sobre “El auge de la ultraderecha como síntoma de la crisis de esta democracia”. El docente e investigador de la Universidad del País Vasco compartió estudios en los que el fenómeno es apreciado por la sociedad de forma desproporcionada.
Mientras que el porcentaje real de la población extranjera es del 13% en ese territorio, la percepción de los encuestados la ubica en 24%, casi el doble. Algo similar ocurre con la procedencia: tres de cada cuatro piensan que la mayoría de los migrantes llegan desde el Magreb (la región norte de África con Marruecos, Argelia y Túnez a la cabeza). Eso tampoco es cierto.
Sin embargo, la divulgación de esa información no cambia por sí sola esa percepción. “Dato (solo) no mata relato”, resumió Moreno y explicó que “los prejuicios y estereotipos están muy internalizados”. Sobre esas creencias generalizadas trabajan los discursos de la ultraderecha o neofascismos. La ideología xenófoba, la imagen del extranjero como el culpable de los problemas de una nación, no es algo nuevo. Pero sí es un rasgo saliente de la actualidad cómo la política genera “espacios de impunidad”, es decir, un contexto que habilita “comportamientos”: que el odio pase a la acción.
Según el Observatorio Vasco de Inmigración, esos discursos permean más en personas con menores ingresos y educación básica, mientras que los sectores más acomodados y universitarios tienen sentimientos positivos hacia el tema. Habló, en ese sentido, de su particular teorema del “culo”: “Uno piensa desde donde está sentado”. Hizo un resumen crudo de esa idea con dos modelos encontrados. Por un lado, una persona con un empleo irregular y sueldo bajo que puede ver una competencia en el migrante que estaría dispuesto a hacer lo mismo por menos dinero. En cambio, un académico con un cargo fijo y un ingreso alto (no sería el caso de los argentinos) podría contratar a una niñera extranjera a un bajo costo para, por ejemplo, asistir a un seminario con tiempo.
“Por eso, hay que tener cuidado con la superioridad moral del progresismo”, dijo y criticó a quienes califican de “tontos” a los trabajadores que votan a la ultraderecha. En todo caso, correspondería pensar por qué esos líderes lograron interpretar mejor el malestar de amplios sectores sociales. Diferenció, en ese sentido, distintas ramas de esa corriente: desde ultraliberales como Milei en Argentina a proteccionistas como Trump en Estados Unidos y otras variantes europeas, pero todos coinciden en el rechazo al migrante. Analizó ese factor común: “En la búsqueda de responsables, es un colectivo débil, un chivo expiatorio, un otro que no es parte de la comunidad”.
¿Cuál es la causa de esa narrativa que avanza? “La democracia oxidada”, se respondió el investigador. Ese concepto lo explicó en tres puntos. Primero: la burocracia de los estados y la lentitud o ineficacia para responder a problemas reales de la población (la motosierra de Milei en la campaña 2023). Segundo: la distancia entre los representantes y las personas representadas (la casta, otro pilar del anarcolibertario). También existen factores de poder que juegan en esa dirección (algo que se vio con las plataformas y aplicaciones en las elecciones de Brasil).
El resultado es un sistema democrático “zombie” que tiene un cuerpo –léase instituciones, poderes y elecciones–, pero que por dentro está muerto. En esa realidad, no es tan importante el eje de las derechas y las izquierdas, sino la distinción entre ganadores y perdedores de la globalización. “Es necesaria una nueva narrativa que ofrezca un proyecto de futuro conjunto, con cercanía y empatía, no desde la superioridad”, dijo y enfocó en la construcción de sociedad: “La comunidad no son las redes sociales, son los espacios, los barrios”.
“La oficina de migraciones es una comisaría para nosotras”
Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), habló en la jornada de la precarización y la clandestinidad a las que son empujadas quienes ejercen ese trabajo, en particular las mujeres migrantes y sobre todo quienes no tienen la residencia firme.
Contó que en la Casa Roja que ese espacio tiene en Constitución, Buenos Aires, se acerca un 80% de extranjeras. Como no pueden alquilar un departamento en común porque está penalizado y quien figura como inquilina puede ser acusada de explotación sexual, buscan sobrevivir en las calles o comparten pensiones.
Las políticas de persecución del gobierno nacional buscan, no la regularización de las personas en esa situación, sino la expulsión del país. En ese punto, se conectó con la primera expositora del Simposio Migres de la UNR (en relación a la ineficacia del punitismo que multiplica la irregularidad). Explicó que hubo una reacción y ellas cambiaron su estrategia: “No se va más a la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), es como una comisaría para nosotras”.
“Si vemos un chaleco celeste de la DNM o se acercan a hacernos una encuesta después de una detención, no contestamos, porque buscan expulsar”, aseguró la autora del libro “Vida de putas”. Si bien la mayoría ya tiene los dos años de residencia para regularizar su situación, suelen faltar papeles. Buscan evidencias de su estadía en sus historias clínicas de hospitales, en certificados de estudio, en el envío de remesas vía Western Union, por ejemplo. “Antes no les dábamos valor a estas cosas, pero ahora sí”, resumió.
Orellano habló en el Congreso sobre Democracia y en el marco del paro nacional de trabajadoras sexuales, del pasado 3 de noviembre. La medida inédita fue tomada después de cuatro homicidios registrados en octubre. Dijo que “nuestras vidas importan” y recordó a Tatiana, Daniela, Paola y Bárbara, tres de ellas rosarinas y dos asesinadas en la ciudad.
“Me hablan de cambiar en 2027, pero no estamos llegando. No está buena esta vida. No está bueno prender velas a las compañeras muertas, ni juntar alimentos o tener tuberculosis. Este sistema no nos gusta, no nos sirve. Más que votar quiero prender fuego la urna”, dijo y resonó también la ponencia anterior del profesor vasco y una profunda crisis sistémica.
Tránsito y sexilio
La jornada, que incluyó otras mesas y un taller antirracista, la cerró Enrique Coraza de los Santos con el trabajo que realizan en la frontera sur de México sobre distintas formas de movilidad forzada. A diferencia del filósofo Rocco Carbone, quien acusó a los gobiernos fascistas de temer no tanto al migrante en general, sino a la unión de los trabajadores nativos y extranjeros, el historiador nacido en Uruguay trazó otras fronteras divisorias. Para él, lo transversal para pensar políticas sociales son “las personas que están en una situación de vulnerabilidad”. Se puso como ejemplo: “Yo soy migrante, pero estoy en una situación de privilegio frente a otras realidades”.
Con base en los análisis de la organización “El Colegio de la Frontera Sur”, Coraza de los Santos no se refirió a emigrantes o inmigrantes ni a identificar lugares de origen y de destino, sino que se enfocó “en el tránsito”. Llamó a comprender “los recorridos” de las personas que muchas veces se quedan en un punto intermedio.
A contramano del preconcepto que atribuye el desplazamiento forzado al crimen organizado mexicano, encontraron en las entrevistas realizadas muchos casos de “sexilio”, concepto que implica huir de la violencia por orientación sexual. Una discriminación que suele ocultarse bajo la declaración inicial de “buscar un mejor trabajo o irse a estudiar”, reveló. La movilidad forzada es, entonces, buscar un espacio de seguridad en un sentido mucho más amplio al que suele pensarse.
