Desde este sábado, con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, la edad de punibilidad bajó de 16 a 14 años en Argentina y comenzó a funcionar un nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional. Sin embargo, para el fiscal Luis Schiappa Pietra, reducir la reforma a ese único aspecto sería injusto ya que la norma modifica de manera integral el sistema de responsabilidad penal adolescente, con nuevas penas y distintas modalidades para abordar los delitos cometidos por menores.
En diálogo con El mejor día de la semana (Radio 2), el fiscal a cargo de la Unidad de Responsabilidad Penal de Menores de Edad explicó que la nueva legislación reemplaza el esquema que estaba regulado por el decreto-ley 22.278 y establece “un nuevo régimen de penas, una forma distinta de abordaje”.
En Santa Fe, además, la implementación parte de una situación particular. Schiappa Pietra recordó que la provincia cuenta desde el año pasado con un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que modificó las prácticas anteriores y estableció, entre otras cuestiones, que la Fiscalía sea el órgano responsable de investigar y perseguir los delitos cometidos por menores de edad. Hasta entonces, esa tarea estaba en manos de los jueces de menores.
Pero uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo puesto en la relación entre los adolescentes y las organizaciones criminales. Schiappa Pietra, que durante años tuvo a su cargo investigaciones vinculadas al crimen organizado en Rosario, sostuvo que la presencia de menores dejó de ser un fenómeno aislado. “Lo que yo estoy viendo ahora en este último tiempo es que prácticamente en todas las organizaciones criminales con algún nivel de planificación y organización, hay chicos menores de edad”, afirmó.
Según el fiscal, esa participación también se refleja en las causas judiciales. “Principalmente en Rosario tenemos una incidencia importante de casos que compartimos con adultos”, señaló, en referencia a investigaciones en las que aparecen menores y mayores involucrados en empresas criminales. A su entender, esa situación “ha dejado de ser algo excepcional para ser constante”.
Schiappa Pietra también marcó una diferencia con otras regiones del país. Dijo que, a partir de conversaciones con fiscales de otras zonas, observa que la fisonomía de la criminalidad juvenil es distinta en Rosario y que la participación de menores en estructuras criminales tiene aquí una incidencia particularmente importante.
En ese contexto, consideró que la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad forma parte de un proceso político-criminal que lleva más de una década y media. “Hay que ser muy respetuoso de ese proceso democrático que tuvo esta discusión y bueno, nosotros lo que tenemos que trabajar es con mucha preocupación y enjundia en aplicar la ley”, sostuvo.
¿Qué puede cambiar para los menores?
Consultado sobre si la nueva legislación puede solucionar la incorporación de adolescentes a las organizaciones criminales, el fiscal evitó hablar de una solución inmediata y la ubicó como una herramienta más dentro de una estrategia más amplia del Ministerio Público de la Acusación.
Explicó que desde el MPA ya existe un trabajo orientado a construir investigaciones sobre las estructuras criminales y los mercados vinculados a la violencia y la comercialización de drogas. “Esta va a ser una herramienta más que se va a incluir en ese conjunto de tareas”, afirmó.
En ese sentido, Schiappa Pietra prefirió poner el énfasis en el proceso antes que en un resultado inmediato. “Yo hablar de «solución» no porque no entienda que los problemas tienen que tener una solución sino porque me parece que a veces es muy importante el camino que uno comienza y recorre antes que el resultado final”, explicó.
Uno de los interrogantes que abre la baja de la edad de punibilidad es si las organizaciones criminales podrían comenzar a buscar chicos todavía más jóvenes para utilizarlos en la comisión de delitos. El fiscal admitió que es una posibilidad: “Sí, eso puede pasar”, aunque aclaró que la franja de entre 14 y 16 años ya estaba identificada como un sector en el que se producía participación e inserción en determinadas estructuras criminales.
Al mismo tiempo, remarcó que los menores de 14 años no quedan completamente fuera de la intervención estatal. Santa Fe cuenta con un régimen para personas que todavía no alcanzaron la edad de punibilidad, que permite actuar frente a delitos cometidos por menores y articular con las agencias de protección y asistencia del Poder Ejecutivo.
Del encierro a las medidas alternativas
Para Schiappa Pietra, otro de los aspectos centrales de la reforma es que no se trata únicamente de incorporar a más adolescentes al sistema penal ni de ampliar el uso de la prisión. “El encierro debería ocupar un lugar excepcional en el contexto de todas las otras posibilidades que tiene el Estado de abordar esa conflictividad”, sostuvo.
El fiscal explicó que la nueva ley contempla una multiplicidad de penas que no necesariamente implican privación de la libertad. Incluso dentro de las penas de prisión existen distintas modalidades: prisión domiciliaria, privación de la libertad en establecimientos semiabiertos y alojamiento en establecimientos cerrados.
A esas alternativas se suman respuestas de menor intensidad, como la amonestación y la obligación de realizar tareas comunitarias. La propia norma establece, de esta manera, un esquema gradual de sanciones que aumenta en intensidad de acuerdo con la gravedad del hecho.
Sobre la amonestación, Schiappa Pietra explicó que puede aplicarse ante hechos de menor lesividad y consiste en una audiencia en la que intervienen las partes y el tribunal para advertir o amonestar al adolescente que cometió la infracción.
Así, frente a la entrada en vigencia del nuevo régimen, el fiscal planteó que el desafío no pasa solamente por la posibilidad de detener a adolescentes desde los 14 años, sino por cómo aplicar un sistema que combina distintas respuestas y que reserva el encierro para los casos en que resulte necesario.
