A partir de las cero horas de este sábado comenzará a regir formalmente el nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa, aprobada por el Congreso el 27 de febrero, reduce de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. Es decir, ya a partir de este fin de semana cualquier persona mayor de 14 años que cometa un delito puede ser juzgada y penada. El ministro de Seguridad y Justicia santafesino, Pablo Cococcioni, explicó que en la Provincia, se usará un esquema sancionatorio escalonado según el tipo de delito cometido y advirtió que el efecto disuasorio no será inmediato.
En contacto con Radio 2, el funcionario advirtió que el efecto de la ley sobre la inseguridad no será automático, sino que dependerá de su implementación práctica en el territorio. En ese sentido, puntualizó: “El principal disuasivo se va a ver cuando se empiece a aplicar y cuando veamos que en delitos y particularmente en algún hecho de mediana gravedad para arriba, a lo mejor una persona de 14 o de 15 años que estaba acostumbrada o que socialmente estaba instalado que se la llevaba de arriba, empieza a ser detenido; empieza a ser procesado y enjuiciado”.
Consultado por el equipo de Radiópolis sobre si la Provincia está preparada para alojar a los adolescentes separados de los adultos en el nuevo esquema, el ministro transmitió tranquilidad. Afirmó que la aplicación de la normativa no supone una transformación estructural drástica ya que, según aseguró, “la mayoría de las cuestiones Santa Fe ya las tenía prácticamente resueltas”.
La Provincia cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil, estructurado bajo los principios del sistema acusatorio que ya funciona para adultos. También dispone de una ley de ejecución de la pena, sancionada en diciembre de ese mismo año, que contiene disposiciones que pueden aplicarse de manera supletoria a menores y establece pautas para su alojamiento. A ese marco se suman los institutos juveniles que ya funcionan.
Ahora, el con el nuevo régimen penal juvenil se plantean dos grandes ramas de medidas: las medidas alternativas y las medidas de privación de la libertad. Las alternativas no son muy distintas a las que se implementan a través de la Secretaría de la Niñez. Y el área de Justicia penal juvenil, a través de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, tendrá a cargo la medida privativa de la libertad.
En cuanto a las medidas privativas de la libertad, hay tres niveles. Lo más leve es la prisión domiciliaria, para la cual, señaló Cococcioni, se solicitará el uso de tobilleras electrónicas.
El segundo escalón contempla el alojamiento en establecimientos de puertas abiertas (Espa), una suerte de institucionalización intermedia. No es un régimen penitenciario, sino un instituto con cuidado de personal civil. Y el tercer nivel, ya en delitos más graves y violentos, con un perfil criminológico más complejo, irán a Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj). Son establecimientos a puertas cerradas, con un régimen similar al sistema penitenciario, en lugares específicos de manera que los menores no se mezclen con los mayores.
