Marcelo Porcel, un empresario de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciado por presuntos abusos cometidos contra alumnos de un colegio privado del barrio de Palermo, al que asiste su hijo.
El acusado es hijo del fundador de Argencard, la tarjeta de crédito que hace unos 30 años se vendió al Grupo Exxel. Además, es exconcesionario del shopping Oh! Buenos Aires.
El año pasado, en el marco de la presentación de este centro comercial, Porcel dio una entrevista a la revista Forbes.
Según reportó TN, allí también se describió como representante del Grupo Hatzalaj, una compañía de capitales uruguayos y panameños enfocada en el desarrollo inmobiliario comercial.
En su perfil de la red social LinkedIn, Porcel se presenta como presidente de Campazu S.A., una empresa agricultora y ganadera en la que trabajó durante 20 años.
El caso
El expediente –que se tramita bajo secreto en un juzgado criminal de la Ciudad de Buenos Aires– cuenta actualmente con al menos diez denuncias formales de jóvenes que relataron situaciones de acoso y abuso, según precisó el medio TN.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, las víctimas describieron un patrón de conducta que incluía incentivos económicos y material digital.
Los jóvenes relataron haber asistido a casas y oficinas donde presuntamente había consumo de alcohol y se realizaban propuestas vinculadas a apuestas online.
También denunciaron escenas incómodas ocurridas tras actividades deportivas, algunas de las cuales habrían sido registradas en imágenes y videos que hoy están bajo análisis pericial.
Según TN, el empresario les facilitaba alcohol en las reuniones, después dinero a cambio de consumir bebidas o de realizar desafíos, como dar una vuelta en ropa interior por la oficina.
Incluso, según consta en la causa, Porcel habría ofrecido figuritas del Mundial 2022 a cambio de tomar alcohol.
Las pruebas incluyen transcripciones de chats grupales donde el empresario organizaba encuentros y reforzaba la idea del secreto. En ese esquema, el dinero y el alcohol funcionaban como mecanismos de control, según sostienen los denunciantes.
