A raíz del hallazgo del teléfono fijo en la celda del líder de Los Monos, Guille Cantero en el penal federal de Marcos Paz y la posterior justificación que dieron desde el Servicio Penitenciario sobre el largo del cable y la posibilidad de que los internos mantengan comunicaciones, Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados de Rosario, expresó que "no solo "Guille" Cantero sino otras personas consideradas de alto perfil utilizan teléfonos particulares".
En comunicación con A Diario, programa conducido por Alberto Lotuf en Radio 2, el funcionario explicó que desde la entidad presentaron un pronunciamiento "reclamando que los tres poderes del Estado aborden el tema" y agregó: "Valoramos el posicionamiento del Gobernador e Intendente sobre el caso".
Salvador, en ese sentido, afirmó que "hay pruebas y no solo Guille Cantero sino de otras personas que son consideradas de alto perfil están utilizando teléfonos particulares, mientras están cumpliendo penas o con prisión preventiva siendo investigados por ordenar actos intimidatorios desde los lugares de detención y eso no es otra cosa que celulares sin inhibición de señal, y ahí nuestro planteo en que esto es una cosa que atañe a los tres poderes".
En relación a las declaraciones de la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, Salvador dijo que lo que plantea "es cierto". "Todas las personas privadas de la libertad tienen el derecho a estar comunicados, pero también hay que indagar si las comunicaciones que están teniendo estas personas las están haciendo desde teléfonos públicos o suministrados en visitas o por alguna situación propia interna del servicio penitenciario".
"Estamos a una criminalidad muy distinta a la que estábamos acostumbrados 20 años atrás. El poder judicial cuando tuvo que llevar adelante su tarea estuvo a la altura, tiene que haber racionabilidad y sentido común, nosotros tenemos normas y disposiciones legales que reglamentan cada etapa del proceso y también del cumplimiento de las penas, esa aplicación no puede hacerse con el texto frío de la ley, no le podemos permitir a una persona investigada con pruebas suficientes que acreditan la organización de estos actos extorsivos desde los lugares de detención, no podemos ser tan ingenuos como para que gocen del derecho de estar comunicados a través de un servicio que les da el propio servicio penitenciario Federal", sentenció.
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