El expediente de la cueva financiera de Puerto Amarras, una mesa de dinero ilegal descubierta en una zona top de la ciudad de Santa Fe, sigue deparando sorpresas a medida que avanza la investigación del fiscal federal Walter Rodríguez.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la ampliación de la declaración indagatoria al ex funcionario municipal y militante radicial Ángel Yamil “Turco” Benavídez, ahora por usar datos de terceras personas para abrir cuentas bancarias, delito que equiparó con la falsificación de moneda de curso legal.

La causa se inició el 12 de septiembre con el hallazgo de 45 millones de pesos, 83 mil dólares, 22 mil euros y 23 mil reales en un departamento de Puerto Amarras, la oficina de trabajo de Benavídez.

Allí había 39 tarjetas de débito del banco Santander a nombre de distintas personas y documentación diversa. Los plásticos estaban a nombre de personas “de bajos recursos, sin empleo, changarines, habitantes de barrios carenciados, con muy poca instrucción, algunos de ellos con cierta discapacidad física”, algunas de ellas, incluso, con vínculos familiares con barrabravas de Colón de Santa Fe.

La investigación detectó que estas personas fueron captadas para que entregaran sus datos a cambio de pequeñas sumas de dinero, y que desconocían que se habían abierto cuentas bancarias a su nombre.

Algunas de las personas cuyos nombres figuran en los plásticos secuestrados contaron sobre maniobras de obtención de datos de parte de lo que, sospechan, fueron punteros políticos. Así lo explica un informe realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal.

“Un mes antes de las primeras elecciones –contó un damnificado–, vinieron a la plaza del barrio dos hombres bien vestidos en un auto Gol negro y te regalaban la suma de $2.000 pesos a cambio de que se le preste el DNI, ellos le sacaban una foto con el celular y luego te daban la plata; recuerdo que aparte de la foto del DNI te sacaban una foto de la cara, como que te escaneaban la cara. Yo sinceramente no sabía para qué era eso; sólo me interesaba la plata para poder comer. El encuentro fue en la plaza del barrio, en Monasterio y Lisandro de la Torre”.

Otro refirió que “antes de las últimas elecciones, anduvieron en el barrio cuatro personas desconocidas, ellos andaban por el barrio en un auto color azul, ofreciendo $600 pesos por el solo hecho de que le prestemos el documento para sacarle una foto”.

“A mí me pareció raro que den plata así porque sí, pero como andaba con necesidad acepté. Por eso, sospecho que pudieron usar esa foto para hacer esa tarjeta. Esta gente creo que eran políticos o punteros políticos, pero no sé para qué partido, no tenían ninguna propaganda y sólo te daban plata si le permitías sacar foto del documento. Decían que era una ayuda, pero con esa condición”, agregó un trabajador de la construcción, que admitió que siempre trabajó en negro, y que no posee tarjetas.

Ante este panorama, Rodríguez solicitó ampliar la declaración indagatoria del Turco Benavídez, que se desempeñó como funcionario municipal y luego como asesor del Concejo capitalino.

Para el fiscal no hay dudas de que Benavidez “blanqueó dinero proveniente de actividades delictivas, ingresándolos al sistema bancario –mediante depósitos en efectivo o transferencias– en las cuentas de las personas defraudadas para luego efectuar su conversión en bonos, liquidarlos y extraer dólares billetes”, entre septiembre de 2020 hasta su detención.

En las últimas horas, se conoció, además, que el juez federal de instrucción Aurelio Cuello Murúa pidió la declaración de tres hombres cercanos a Benavídez. Se trata de los operadores financieros Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, y Carlos Quartucci, el socio legal del principal imputado.

Además, el fiscal pidió el secuestro preventivo de una camioneta Volkswagen Taos Highline BL, adquirida en poco más de 12 millones de pesos hace 5 meses; de una Ford Eco Sport y la inhibición general de bienes de Yamil Benavídez y la firma fantasma "Servicios La Resistencia Sociedad Simple", como así también el embargo de los créditos a nombre de Benavídez registradas en la firma TAS Construcciones, por medio de la cual construyó un departamento en calle Juan de Garay al 2.800.