Dos internos de la cárcel de Piñero con vínculos con la narcocriminalidad más rústica fueron imputados por regentear un búnker dentro del penal, con venta de droga a otros reclusos y cobro de las deudas a sus familiares.
La investigación comenzó después de que familiares de presos denunciaran que les reclamaban dinero por drogas que habían comprado sus allegados dentro del presidio. Según el comunicado de la Fiscalía, la droga entraba gracias a mujeres embarazadas que, como visitas, no pasaban por los escáneres de ingreso.
Los imputados son Ezequiel Rodolfo “Colo” Romero y Axel Ignacio Herrera, junto con Natalia G. y Yamila R., que cumplían distintos roles en la organización. La fiscal Brenda Debiasi les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas y por haber sido cometido dentro de un lugar de detención. La jueza María de los Ángeles Granato dictó la prisión preventiva para los tres primeros y dispuso la libertad de Yamila R. con medidas alternativas.
Según la acusación, el negocio tumbero funcionó al menos desde abril de 2026 hasta el 12 de septiembre, cuando fueron detenidas las mujeres. La droga era fraccionada en dosis y vendida principalmente a presos de la Unidad Penitenciaria Nº 11.
La investigación señala que Romero se encargaba de conseguir la droga, indicaba dónde retirarla y cuánto había que pagar. Después le daba instrucciones a su pareja, Natalia G., para que hiciera ingresar el material al penal y lo acondicionara para la venta. Para evitar los controles de los escáneres de visitas, se valían incluso de mujeres embarazadas que ingresaban como visitantes o como “ranas”. Natalia también recibía los pagos y se encargaba de reclamar las deudas a los familiares de los consumidores.
Axel Herrera, también detenido en Piñero, gestionaba junto con Romero el ingreso de la droga y utilizaba a su madre para cobrar las deudas generadas por las ventas. Parte de las ganancias era entregada a Romero a través de Natalia G.
La otra mujer imputada, Yamila R., tenía como función guardar y entregar la droga a Natalia G. y a la madre de Herrera, quienes luego se ocupaban de ingresarla al penal.
En el allanamiento realizado en su casa de Cafferata al 3900 fueron secuestrados 153 gramos de marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo.
En la vivienda de Natalia G., en Carlos Uriarte al 7700, barrio Godoy, encontraron unos gramos de marihuana, otra balanza y anotaciones vinculadas con la venta de droga.
Crimen narcoterrorista
Herrera es quien espera juicio acusado como autor material del asesinato del chofer de la línea K Marcos Daloia, ocurrido el 7 de marzo de 2024. Fue uno de los crímenes más conmocionantes de la historia criminal reciente de Rosario. Según la acusación, aquel día subió al colectivo en Mendoza y Guatemala, se hizo pasar por pasajero y, una vez que arrancó la unidad, disparó dos veces contra el chofer con una pistola calibre .380. Fue un crimen al voleo, contra un trabajador de la movilidad, para generar conmoción pública.
Daloia murió tres días después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
Herrera fue detenido en julio de 2024 después de que sus familiares lo reconocieran en un video difundido por el Ministerio Público de la Acusación. Los allegados acudieron a un pastor evangelista, quien intervino para que se entregara. En aquella investigación surgió que el ataque contra Daloia había sido cometido a cambio de dinero que Herrera necesitaba para saldar una deuda por drogas con narcotraficantes detenidos.
Por su parte, Ezequiel “Colo” Romero cumple varias condenas por asociación ilícita, homicidio y por la fuga de la cárcel de Piñero ocurrida en 2021. Es señalado como uno de los soldaditos de la banda de Claudio “Morocho” Mansilla.
