La fiscal Andrea Vega habló tras la imputación llevada a cabo este jueves a Pablo Ariel Bustos (47) y Valeria Anahí Cinalli (47) por haber suministrado en al menos tres oportunidades marihuana y cocaína a su hijo de 5 años. Explicó que, por la calificación legal escogida, podrían afrontar una pena de entre 10 años y 25 años de prisión. Ambos quedaron en prisión preventiva por el plazo de seis meses. El nene se encontraba ya recuperado después de la última intoxicación que sufrió en septiembre y por la que estuvo internado en Vilela.
En conferencia de prensa desde el Centro de Justicia Penal, Vega señaló que dos de las tres internaciones de Alejo fueron por consumo de cocaína y la otra por marihuana, que se presume que fue por el vapeo en la pequeña casilla en la que vivía junto con su padre, su madre y su hermano de ocho años.
“En la primera oportunidad se tomó como una exposición ambiental. La segunda fue positivo en marihuana. En esta tercera oportunidad, habiendo pasado el riesgo de vida, no había podido ser una cuestión accidental. Por eso se descartó la posibilidad de que haya sido culposo, porque los padres saben el riesgo al que exponen a sus hijos”, aseguró.
La fiscal descartó, de momento, que los imputados se dediquen a la venta de droga, ya que en el allanamiento realizado ni bien tomó intervención, no se hallaron elementos que se utilicen para fraccionamiento y distribución de sustancias. Sí afirmó que ambos tienen un consumo problemático, que incluso pudo haber afectado a sus dos hijos desde los embarazos.
“Tienen problemas en el habla y en su actividad. Puede esto tener que ver con el consumo durante el embarazo”, apuntó.
Vega comentó que no se descarta que Alejo haya ingerido droga en otras ocasiones, aunque precisó que únicamente se tiene constancia de las tres hospitalizaciones que tuvo desde diciembre de 2024 a la fecha por consumo de sustancias.
“Hay un poco de marginalidad en la vivienda. Es pequeña, forma parte de un predio donde hay una casa de materiales más grande, donde viven otros familiares”, indicó.
Consultada por una eventual pena, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación dijo: “Partimos de un mínimo de 10 años y vamos a un máximo que supera los 25 años, largamente”. Eso es porque la calificación legal atribuida fue tentativa de homicidio agravado por el vínculo, en concurso real con suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por haber sido cometido en perjuicio de un menor de edad.
