De cara a una audiencia preliminar a juicio, el fiscal José Luis Caterina presentó en las últimas horas los pedidos de pena para 19 policías provinciales y dos civiles involucrados en la investigación por el fraude con fondos para combustible en Rosario. Entre los requerimientos, destacan los 12 años que la acusación pide para el ex titular de la Unidad Regional II Daniel Acosta, considerado el jefe máximo de la asociación ilícita, y los 14 años de prisión para Daniel Domínguez, su secretario privado. Además, la Fiscalía solicitó 8 años para la empresaria Mónica Bianconi, titular de la estación de servicios Gas Auto Tiferno, clave en el desfalco al Estado provincial. En tanto, fuentes del caso indicaron que hay cuatro acuerdos abreviados próximos a firmarse, tres de ellos vinculados con imputados colaboradores.
A un año del escándalo que sacudió a la Unidad Regional II, la etapa preparatoria del proceso penal está próxima a concluir. El fiscal Caterina presentó un escrito acusatorio de más de 300 páginas que incluye pedidos de pena que van entre los 14 años y los 3 años y 4 meses para un total de 21 acusados por diversos delitos, como integrar una asociación ilícita, peculado de caudales públicos, defraudación y cohecho, entre otras figuras penales. Además, solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como pena accesoria prevista para el delito de peculado, atribuido a todos los acusados.
A la fecha, ocho ex altos mandos continúan detenidos en prisión efectiva: Acosta; Domínguez; Diego Santamaría, ex jefe del Comando Radioeléctrico, con pedido de pena de 7 años; Héctor Saucedo, ex jefe de la Brigada Motorizada, también con un pedido de 7 años; Juan Alberto Villordo, ex numerario de Motorizada, para quien el fiscal pidió 5 años de prisión; Diego Luna, ex integrante del Cuerpo de Guardia de Infantería (CGI), con un pedido de 5 años; Roberto Blanco, ex integrante de la Sección Logística, con un pedido de 6 años y 8 meses, y Juan Manuel Herrera, subjefe de Motorizada, con un pedido de 5 años.
Caterina investigó una defraudación al Estado provincial organizada dentro de la Unidad Regional II para obtener retornos mediante sobrefacturación y facturación fantasma de combustible en la estación Gas Auto Tiferno, ubicada en Ovidio Lagos 3974. El acuerdo espurio con la firma, según la causa, operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025.
En la cúspide de la estructura de poder vertical, el fiscal ubicó al otrora jefe de la URII Acosta, y a su secretario y amigo Domínguez “como organizador central”.
Por debajo de esa cúspide seguía la plana mayor, integrada por jefes de secciones operativas o cuerpos, quienes supervisaban a “encargados de carga” responsables de la facturación trucha, mientras que los civiles Mónica Bianconi y Daniel Reynoso participaban de la maniobra desde Tiferno.
El listado de evidencias incluyó, entre otros elementos, informes de GPS que detectaron cargas en camiones y móviles que nunca se movieron de su dependencia; registros fotográficos de efectivos retirando sobres con dinero en Tiferno; el secuestro de 25 millones de pesos y neumáticos sustraídos hallados en el domicilio particular de Domínguez; y más de 300 tarjetas Visa Flota junto con un posnet de la estación en la casa del policía Juan Villordo.
De acuerdo con la Fiscalía, se detectaron irregularidades en el estado de los móviles, algunos de los cuales realizaban cargas diarias de combustible a pesar de estar fuera de servicio e incluso incendiados. Y, no menos importante, entre las pruebas figura la declaración como imputado colaborador del policía Gerardo Ramírez. Ahora, según trascendió, la causa sumaría otros dos arrepentidos.
Según el planteo fiscal, Acosta fue el jefe máximo de la asociación ilícita montada en la Unidad Regional II para desviar fondos destinados al combustible policial. La acusación sostiene que incluso antes de asumir comenzó a diseñar el esquema, ubicando en puestos clave a personas de confianza como Domínguez y Gerardo Ramírez. El fiscal remarcó que Acosta se mantenía en las sombras por su jerarquía dentro de la fuerza, pero estaba al tanto de toda la operatoria: aprobaba pedidos extraordinarios de combustible, amparándose en la emergencia en seguridad y la necesidad real de aumentar el patrullaje. Recibía información sobre inspecciones internas y avalaba un sistema de “multas” (llamada OGM –oficina de gestión de multas–) y presiones para garantizar que cada sección entregara retornos de dinero. También se le atribuye haber condicionado la continuidad de jefes policiales para que se plegaran a la maniobra y haber liderado la asociación ilícita hasta los allanamientos de mayo de 2025.
Respecto de Domínguez, la Fiscalía lo describió como el principal organizador operativo del entramado y el encargado de disciplinar a mandos medios y subordinados. Según la acusación, utilizaba su posición como jefe de la Secretaría Privada de Acosta para exigir retornos de dinero, imponer sanciones informales y generar temor entre policías que podían sufrir traslados o represalias si no cumplían. El fiscal señaló que Domínguez ejercía un control permanente sobre la recaudación ilegal, supervisando a Ramírez y reclamando pagos incluso mientras vacacionaba en Brasil junto a Acosta. Además, lo acusó de haberse enriquecido de manera considerable con la maniobra y de haber desplegado un esquema de coerción y lealtades internas que sostuvo el funcionamiento de la organización criminal dentro de la estructura policial.
