Terminó una semana movida, donde noticias positivas se mezclaron con problemas de antigua data a la que no se les encuentra la vuelta, como seguridad y precios. Hubo relanzamiento de campañas electorales, con candidatos que largan con ventajas y otros que corren desde atrás; a otros el viento les voló los pelos pero salvaron la foto de unidad. Todo condimentado por la imperdible perla del intendente del Gran Rosario que asoció su honestidad como gobernante a la enseñanza que le cultivó su padre como administrador de un negocio que hoy es mala palabra. Hablando de eso, en el Poder Judicial se cuestionó la denuncia disciplinaria de un legislador a una jueza que intervino en el juicio abreviado al ex fiscal Ponce Asahad, pero al mismo tiempo la denuncia refleja el desconcierto que abrió en el mismo Poder Judicial que un hombre que recaudó cientos de miles de dólares de coima se vaya a su casa sin dejar un peso de multa.
La marca de Cristina
La vicepresidenta Cristina Fernández tiene mucho que ver con la continuidad de Dow en Puerto San Martín. Fue ella la que, con sus formas, en un acto público le hizo saber al presidente que no podía permitir que la industria petroquímica se fuese de Puerto San Martín a Brasil. Desde entonces el discurso casi de resignación de algunos funcionarios rotó a un rol activo que esta semana derivó en el anuncio de que Dow no se va.
También la vicepresidenta empujó un giro en cuanto al manejo de la política inflacionaria. La llegada a Comercio Interior de Roberto Feletti es indicativa de una vocación por evitar que formadores de precios y especuladores hagan y deshagan a su gusto. La intención inicial es cortar la remarcación y establecer condiciones de negociación con una activa vigilancia sobre los precios.
Es una pelea que el gobierno intentará dar en condiciones desventajosas, con el problema ya desbordado a pesar del tipo de cambio planchado y las tarifas congeladas, urgido de mostrar resultados, con casi dos años de gestión consumidos y en medio de un proceso electoral en el que no le fue bien. Además, dispone de pocos instrumentos y una historia que dice que congelar precios apenas si sirve para el corto plazo.
En campaña de nuevo
El Frente Progresista relanzó la campaña de Clara García y Mónica Fein con viento a favor, teniendo en cuenta que el ventarrón del jueves despeinó a los participantes –con la excepción del intendente Pablo Javkin que gozó del beneficio de la presencia virtual– pero no impidió la la foto de unidad. Todas las patas de la coalición dieron el presente, en especial los intendentes de los que se espera que en noviembre traccionen más votos que en la primaria.
Clara García, Javkin y Emilio Jatón son el eje del capital simbólico que el FAP ofrecerá al electorado, en busca de convencer a radicales del palo progresista que puedan no sentirse identificados con el perfil de Carolina Losada, y con una porción de votantes que no participaron en las primarias y se espera que lo hagan en noviembre.
Es en ese sector donde están concentradas las esperanzas del Frente de Todos para remontar la elección que en septiembre terminó con 10 puntos de ventaja a favor de Juntos por el Cambio. Hay un convencimiento de que el peronismo fue el más damnificado por la menor participación y para contrarrestarlo preparan un trabajo fino de rastrillaje casa por casa y boleta en mano.
El gobernador lleva a sus candidatos Lewandowski y Mirabella a todos lados y se esfuerza, quizás por consejo de asesores, en desacartonarse: cabalgata en San Justo, pasos de baile con Soledad y auto de rally en Funes. Marcelo Lewandowski hace lo suyo: cultiva el perfil futbolero y su vínculo emocional con la zona sur en la que vivió muchos años.
Ese trío será el eje de la campaña. En síntesis, la gestión provincial. El resto tiene la misión de traccionar desde la elección local, donde todos se juegan alguna concejalía o intendencia. No hizo falta la foto entre Perotti y Rossi, pero en Rosario, por ejemplo, ambos sectores comparten interés por la lista de concejales.
Juntos por el Cambio no hace olas. Su estrategia inicial es más bien conservadora, destinada a cuidar lo conseguido en la primaria y que el desgaste lo hagan los que tienen que remontar. El relanzamiento de la campaña fue en clave de unidad institucional, con la visita a Santa Fe de los presidentes nacionales del PRO, la UCR y la CC en Santa Fe. Ahora tienen que traducir eso al día a día de la campaña.
La nota de la semana la dieron Luis Contigiani y Jorge Boasso. La lista no sacó buen resultado en la primaria y Boasso decidió probar volviendo a ser el Boasso de otros tiempos, el de la lengua filosa, el gesto adusto y los afiches bizarros, esta vez contra la expresidenta. Apunta a sacarle votos a JxC y con ese objetivo copia la lógica de la campaña con la que cobró notoriedad Carolina Losada. El diputado nacional Contigiani eligió no ser parte de eso y bajó su candidatura con un crítico pronunciamiento público. Amargo final para una diputación que tuvo un antes y un después de la ley de interrupción voluntaria del aborto.
Qué Grandis
Una de las apostillas de campaña más comentada y viralizada la protagonizó el intendente de Puerto San Martín durante la inauguración del coloso estadio cubierto de la Municipalidad más rica de la provincia. Carlos De Grandis, que es amigo del senador Armando Traferri pero en la interna jugó con Perotti, los invitó a los dos. Fue en ese escenario donde, conmovido por el logro del estadio, explicó: “Levantando quiniela clandestina mi padre me enseñó lo que era la honestidad. Me sirvió en la vida para manejar los recursos de esta ciudad que bien administrados son inmensos”.
De Grandis no es un recién llegado a la política y entiende que en los tiempos de su papá levantar quiniela clandestina era casi una travesura, ni siquiera estaba considerado delito; pero hoy, en la Santa Fe de 2021, en media de una guerra de titanes, y con los dos titanes sentados ahí, tiene otra significación. ¿Lo traicionó la emoción como nos pasa a todos cuando miramos hacia atrás y a los seres queridos? ¿O fue un mensaje para desdramatizar y acercar posiciones? A algunos logró confundirlos y a otros divertirlos en la inacabable tarea de viralizar la sentida pieza de oratoria.
Tensión en Tribunales
Hablando de juego clandestino, el Colegio de Magistrados salió con los tapones de punta a defender a la jueza María Isabel Mas Varela después de que el senador Armando Traferri presentara una denuncia disciplinaria en su contra ante la Corte provincial por haber homologado el juicio abreviado que le permitió al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad recuperar la libertad.
Más allá del comunicado formal, en el que se expresa que “las herramientas legales previstas para juzgar la responsabilidad funcional de magistrados y magistradas no deben ser utilizadas para modificar o controlar el contenido de las decisiones jurisdiccionales” y que para eso existen las vías procesales adecuadas, la denuncia fue leída en el Poder Judicial como un intento de condicionar el accionar de los jueces que, además del juicio abreviado, pront. deberán definir sobre el acuerdo de condena que negoció Leonardo Peiti, el capo de la asociación ilícita investigada.
Traferri y su abogado Oscar Romera cuestionaron varios puntos del abreviado de condena a Ponce Asahad, pero hay uno especialmente que lo describen así: “Ponce Asahad admitió su culpa, pero salió en libertad y con plata en el bolsillo”. Refieren a que el procedimiento abreviado no contempló la multa económica prevista en el artículo 259 bis del Código Penal para los casos de cohecho y tráfico de influencias de funcionarios públicos que establece que “se impondrá conjuntamente una multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto o valor del dinero” percibido. Este articulado es fruto de una reforma reciente: entró en vigencia en marzo de 2018, ocho meses antes de que Ponce Asahad comenzara a recaudar (por lo menos lo que se pudo probar) cientos de miles de dólares en coimas.
Dejando de lado a Traferri y su abogado que denuncian esta cuestión en beneficio de su estrategia legal –esta semana el procurador de la Corte Jorge Barraguirre dictaminó a favor de que se permita avanzar en la investigación–, la omisión de la multa no pasó desapercibida en el resto del Poder Judicial.
Ponce Asahad y su ex jefe Serjal dañaron la confianza pública en el MPA y se enriquecieron a costa del lugar que ocupaban. El primero se fue a su casa después de pasar un año y medio detenido, sin devolver un peso ni reparar el daño. En algo tienen razón los fiscales cuando dicen que esa condena “es un antecedente histórico a nivel nacional” puesto en relación a la catastrófica experiencia de persecución de la corrupción institucional que tiene el país.
Probablemente pasen muchos años hasta que veamos aunque sea una condena de un año y medio de prisión. La contracara es que Ponce Asahad estaba detenido, filmado, confeso. Era el caso perfecto para la condena ejemplar.
El acuerdo de condena tampoco contempló costas, que si bien no es obligación legal, sí es política del MPA desde que en 2017 una instrucción del fiscal general Jorge Baclini instó a que en todos los juicios y acuerdos abreviados los fiscales calculen y promuevan el cobro de costas cuando hay condena.
En Rosario, una muy buena medida de la fiscal interina María Eugenia Iribarren apenas asumió el cargo fue reforzar aquella instrucción que no se estaba cumpliendo. En la actualidad todos los fiscales tienen orden de calcular las costas cuando preparan un procedimiento abreviado. El dinero de Ponce Asahad le hubiera venido muy bien al MPA para suplir los serios problemas de equipamiento, personal e infraestructura que padece.
La inquietud que queda flotando es si el MPA, a diferencia de lo que pueda pretender un sector de la política, está dispuesto a ampliar la investigación sobre juego clandestino en base a los indicios recogidos que apuntan a una red de amplia extensión temporal, territorial y partidaria.
