La participación de las mujeres en las organizaciones narcocriminales se refleja en dos formas: víctimas y/o miembro. de esa misma estructura delictiva. La ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, María Florencia Marinaro, identifica tres perfiles de involucramiento: como soldaditas del narcomenudeo, encargadas de la logística, o líderes ante la ausencia de los varones, ya sea por estar muertos o encarcelados. Y se apoya en los números oficiales: las mujeres son las principales víctimas de balaceras y enfrentamientos.

En lo que va del año hay 57 muertes violentas y 39 sucedieron en ese contexto de disputa narco. El 80 por ciento, en el Gran Rosario. Otro dato no menor es la relación entre la femenización de la pobreza y la búsqueda de ingresos y respuestas en esas organizaciones ante la ausencia del Estado.

Foto del juicio contra Los Monos de 2018. Macarena Cantero (izquierda) obtuvo una probation y "La Cele", la matriarca (derecha), fue condenada a 10 años de prisión. (Foto: Alan Monzón/Rosario3)

Abogada, peronista y militante en la multisectorial de mujeres de la capital provincial, Marinaro (36 años) cree necesario seguir jerarquizando las políticas públicas que lleva el aún flamante ministerio –fue creado por el actual gobierno en junio de 2021–, cuyas riendas asumió el 23 de diciembre pasado cuando su antecesora, Celia Arena, pasó a ocupar la cartera de Gobierno.

Mientras que por estas horas tiene lugar el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en San Luis, la funcionaria recuerda las “muchas” veces que participó de este tipo de actividades como integrante del movimiento  santafesino en el mano a mano con Rosario3:

–¿Cuál es el nivel de participación de las mujeres en cuanto víctimas  de las organizaciones narcocriminales?

–En el observatorio tripartido que tenemos junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Seguridad empezamos a repensar las muertes violentas en contexto de narcocriminalidad y el rol de las mujeres en las organizaciones. El primero, y es el más común, son las soldaditas, vendedoras del narcomenudeo, similar a los varones jóvenes. Esto tiene un correlato con la cantidad de mujeres detenidas en las cárceles por ese tipo de delito.

Hay otras que se ocupan de la logística y administración pero son las menos. Y están las mujeres en los altos mandos por su relación de parentesco con los líderes hombres que por diversos motivos no están ya sea porque fueron detenidos o muertos.

Las mujeres son víctimas de enfrentamientos armados entre bandas, en detrimento o en venganza de un integrante masculino de una organización matan a las mujeres.

–¿Cuáles son los números?

–El primer corte del observatorio tripartito cuyas fuentes de información son los fiscales y el Ministerio de Seguridad (Agencia de Investigación Criminal, centros territoriales de denuncias y comisarias) es del año pasado.

En 2021, uno de los más bajos en los últimos años, hubo 37 muertes violentas de mujeres: 17 femicidios, 1 transfemicidio y 1 travesticidio.

En lo que va del 2022, hubo 57 muertes violentas de mujeres: 39 femicidioso situaciones de violencia en contexto de narcotráfico y el 80 por ciento son del Gran Rosario.

No todas las muertes violentas de mujeres son femicidios, las muertes violentas son el género y los femicidios la especie. Las carátulas de las investigaciones judiciales así lo determinan. Lo que pedimos al MPA es que se investiguen las muertes violentas con perspectivas de género para determinar si hubo o no femicidio.

–¿Qué acciones se llevan adelante desde el Estado para trabajar sobre esa realidad?

–La primera acción es la política de igualdad, romper con desigualdades estructurales de las mujeres en el acceso a la educación y al trabajo. Si vemos números de desocupación, las mujeres duplicamos a los varones. La tasa de ingresos es casi un 25% menos que los varones. Hay que romper con esa desigualdad. Esto tiene que ver con que las mujeres jóvenes madres jefas de hogar o sostén de familia y de sectores más vulnerados encuentran en la narcocriminalidaduna salida laboral o un ingreso. Claramente hay una relación entre la feminización de la pobreza y el ingreso a las bandas criminales.

Por otro lado, hay una cuestión cultural, el rol de las mujeres es ser subalternas o subordinadas como soldaditas y en esto tiene que ver con un rol de género de seguir bajo el mando de quienes producen los ingresos dentro de las familias. Y eso también significa que sean asesinadas y acribilladas con esa saña incluso delante de sus hijos o estando embarazadas.

El gran problema es que encuentran las respuestas en las organizaciones criminales que no encuentran desde el Estado. Es decisión del gobierno de Omar Perotti dar una respuesta multiagencial (Desarrollo Social, de Género, Seguridad, Trabajo), es decir inyectar políticas públicas para evitar que recurran a las organizaciones criminales.

–¿En qué políticas se traduce concretamente esa respuesta que hoy intenta dar el Estado provincial?

–Desde Trabajo, el programa Primer empleo pensado para que las mujeres jóvenes ingresen al mundo laboral. El Santa Fe capacita, para la formación de mujeres con salida laboral. Desde Producción, el decreto de fomento industrial para incorporar la perspectiva de género a la hora de incorporar mujeres al mundo de la industria. Desde Desarrollo Social, el Santa Fe Más con líneas productivas para mujeres de sectores más postergados.

–¿Y desde el Ministerio de Género?

–Venimos trabajando en Rosario con las mujeres de la comunidad frente al contexto de la narcocriminalidad. Mientras tanto, hay 40 Puntos Violetas en distintos municipios y comunas que acercan esas políticas y otras al territorio. Están distribuidos a lo largo de la provincia y hay hasta tres Puntos según el departamento y de acuerdo a la extensión territorial.

En las grandes ciudades no hay Puntos Violetas ya que existe un mayor nivel institucional, hay instituciones municipales y provinciales donde las mujeres se pueden acercar a diferencia de poblaciones más pequeñas donde no lo hay.

–¿Hay conciencia social sobre las cuestiones de género?

–El 3 de junio de 2015 fue un verdadero hito para quienes transitamos esas plazas. En todo el país vimos mujeres de distintos sectores sociales y un consenso social para ponerle freno a las muertes violentas de mujeres y a los femicidios. Es así como se manifiesta en el Ni Una Menos. Después, claramente, falta lograr mayor conciencia de la importancia de la jerarquía de estas áreas en los gobiernos provinciales y nacionales.

Trabajamos sobre cuestiones intangibles, el paraguas son las políticas de igualdad y eso cuesta traducirlo en el común, porque los problemas son abordados sin una perspectiva de género. Un montón de los problemas cotidianos, de seguridad, sociales, de trabajo, tienen una cuestión de género y ese es un camino que el Estado va haciendo.

–¿Las minorías sexuales son realmente tenidas en cuenta desde el Estado?

–Hay avances en materia de políticas públicas con respecto a los derechos para el colectivo de la diversidad en cuanto a cupos laborales . la ley de matrimonio igualitario. En ese sentido el colectivo travesti-trans  es el que ha logrado mayor asistencia activa del Estado y en reivindicación de derechos.

Hay que inyectar desde lo cultural una ampliación de la mirada a la hora de definir políticas públicas donde ya no es todo varón o mujer sino también poner el eje en las diversidades y tener una ampliación de la mirada. Hay políticas activas, de discriminación positiva como se llama, y es el Ejecutivo el único que ha  cumplido, por ejemplo, en cuanto a cupos laborales travesti-trans para los tres poderes de Estado: hubo 23 ingresos a un trabajo formal con todos los beneficios y ha roto con la desigualdad histórica de no acceso al mundo del trabajo.

La política ahora

–¿Cómo viste la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al Ministerio de Mujeres, Génerosy Diversidad de la Nación?

–Es una decisión personal y política de ella. No tengo opinión personal. Sí me sorprendió. Ahora estamos a la espera de la designación de su reemplazante. Debe continuarse el caminoque se inició en 2019 y seguir potenciándose las políticas de género y diversidad que llegaron a varias provincias. Apelo a que sigamos transitando ese camino de jerarquización.

–La Cámara de Diputados de la provincia le dio media sanción al proyecto que incorpora en la boleta única la igualdad de género en cuanto a la aparición de las fotos de los dos primeros candidatos, ¿el gobierno avala esa decisión?

–Lo vimos positivamente ya que refuerza la ley de paridad. Me pareció extraño que se haya modificado para la elección en las comisiones comunales ya que debería estar también. El gobierno acompaña ese proyecto. Recuerden que Perotti vetó parciamente la ley de paridad para incorporar la fórmula de gobernador y vice.

–En otro reportaje dijiste que necesitamos una primera gobernadora en la provincia. ¿Lo seguís pensando? ¿Por qué debería serlo?

–(Se ríe) Hay una maduración política suficiente para que suceda. Ya tuvimos tres vicegobernadoras cuando no era común en otras provincias, o una ley de cupo después de Nación, o se avanzó sobre la paridad con el apoyo de todas las mujeres de las distintas fuerzas políticas. Y creo que hay mujeres altamente capacitadas para gobernar. Esto no es una meritocracia de género, sino reivindicar a las mujeres de la política en la provincia. Llegó el momento y estamos preparadas.

–¿Esto te genera enemistad con los hombres de la política santafesina?

–No, para nada. Vengo de un movimiento que ha reivindicado a las mujeres a lo largo de su historia desde Perón y Evita hasta Néstor y Cristina. El peronismo viene acostumbrado a trabajar de a pares.

–¿No es un espacio machista?

–Los espacios que transitamos tienen muchas veces desigualdades con respecto a las mujeres, en eso no se salva nadie. Las violencias machistas nos atraviesan en la cotidianeidad de nuestras casas, universidades e instituciones.

El peronismo siempre tuvo vocación de poder y entiende los cambios históricos. Nuestro partido consagró la ley de voto femenino en los años 50, tuvo la primera presidenta mujer, la ampliación de derechos y disidencias se sancionaron bajo gobiernos peronistas.