El fin de una era y el comienzo de otra zarandea al sistema de justicia de Santa Fe como pocas veces en su historia. Hay cortocircuitos adentro del Poder Judicial, con el Ministerio Público y con los otros poderes del Estado que son resultantes de la reconfiguración de las cuotas de poder, recambio de protagonistas y nuevos términos de relacionamiento que impone el poder político. Todo en medio de un proceso de transición en el que lo viejo está en camino de irse y lo nuevo todavía no termina de llegar.
Por estos días se dan dos acontecimientos significativos que retratan esas tensiones. Uno tiene que ver con la disputa por un espectacular edificio de justicia en la capital que se inaugura el martes. El otro es el “escrache” a una jueza por una resolución que no gustó en el gobierno provincial.
Una justicia edificante
En la disputa por el nuevo edificio judicial de la capital provincial confluyen dos décadas de conflicto entre un sector del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación.
El corte de cintas llega en medio de una guerra por el (poco) espacio reservado para la Fiscalía y la Defensoría. El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, que transita sus últimos meses en el máximo tribunal, lo dijo sin rodeos: “El MPA no pertenece más al Poder Judicial desde que se reformó la Constitución, es un extrapoder, y ese edificio es del Poder Judicial. Les dijimos: señores acá este edificio es del Poder Judicial, si hay algo que le podamos dar con todo gusto, peor primero vamos a trasladar todo el Poder Judicial al nuevo edificio”.
La última acordada de la Corte dispuso darle “un piso” de seis al Ministerio Público, que integran el MPA y la Defensoría y “seguir dialogando”. El parte de prensa del día siguiente de la Corte suma detalles que no están en la acordada: habla de 4.000 metros cuadrados, define que el piso a ceder será “el sexto” (1.600 metros cuadrados) y menciona la cesión de un inmueble que ocupa el fuero laboral que quedará desocupado por la mudanza al nuevo edificio.
El Ministerio Público rechazó el ofrecimiento. María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, cabezas del MPA y la Defensoría, pidieron una revocatoria además de una medida de no innvovar, es decir que la Corte Suprema respete los espacios que había asignado a ambos organismos en 2021 a través de la Secretaria de gobierno y exigió que no muden ningún juzgado laboral ni de otro fuero a los espacios que entienden que les corresponden. Ratificó que el edificio se construyó para ser el Centro de Justicia Penal de la capital y que el crédito tomado en 2016 para su construcción tiene afectación a ese fin, por lo tanto debe respetarse. De no cumplirse planean judicializar el caso, lo que significaría que el Poder Judicial trate una demanda contra el propio Poder Judicial. O algo así. Desde ya que ni Vranicich ni Moreno Robinson asistirán a la inauguración el próximo martes.
Dentro de la Corte el debate también está picante. Los ministros de la capital no querían “ceder” nada y que el Poder Judicial se quede con todo el edificio al amparo de la interpretación de la letra Constitucional que hizo Gutiérrez, que por supuesto está en las antípodas de la que hace el Ministerio Público. La presión de la tríada de ministros del sur que integran Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza, más el saliente Roberto Falistocco, empujó la acordada que cede “un piso” de los seis. Es más que nada, aunque no satisface el reclamo de Vranicich y Moreno Robinson.
El planteo público de que “el edificio es del Poder Judicial y ellos (por el MPA) no están más en el Poder Judicial” exterioriza el duelo de un sector de la Justicia que viene perdiendo poder progresivamente desde la implementación el Código Procesal Penal reformado hace 12 años y que tuvo su punto culminante en la reforma Constitucional. A pesar de que ese sector presionó en la convención constituyente hasta último momento para retener injerencia sobre el MPA y la Defensoría, la nueva Constitución consagró la independencia total de ambos.
La apropiación del edificio judicial cristaliza ese sentimiento de duelo. La imagen recuerda a los partidos de fútbol de la infancia en la canchita del pueblo o el barrio, cuando el dueño de la pelota se la llevaba si no le gustaba el reparto de jugadores o iba perdiendo.
La Transición
Distintas fuentes judiciales de Santa Fe y Rosario coinciden en que un efecto inmediato de la jubilación del todopoderoso secretario de Gobierno de la Corte Suprema, Eduardo Bordas –se retiró el 30 de abril–, es que comenzó a fluir información que antes estaba bajo siete llaves y que no llegaba ni siquiera cuando la solicitaban algunos ministros de la Corte.
Así es que aparecieron decenas de cargos cuya existencia y disponibilidad no conocía la mayoría de los cortesanos. Ahora se conoce que a finales de 2025, es decir poco después de sancionada la Constitución que independizó al Ministerio Público, la Secretaría de Gobierno licitó el equipamiento y señalética para el nuevo edificio de la capital provincial sin contemplar los espacios que originalmente estaban previstos para el Ministerio Público.
Es decir, la cuasi expulsión del MPA y la Defensa del nuevo edificio se tomó y ejecutó de facto poco después de terminada la constituyente, bastante antes de febrero de este año, cuando el conflicto salió a la luz. Esa información no la tenían los cuatro ministros de Rosario y se desconoce si la tenían todos los que residen en la capital.
El objetivo del edificio debería ser mejorar el servicio de justicia, no satisfacer a un sector o grupo del Estado. Tener en claro ese punto ayudaría a encontrar soluciones, las que no deberían ser unilaterales y de facto, sino, como manda la cláusula transitoria de la Constitución, por medio del diálogo y la opinión de las partes.
Es de público conocimiento que el edificio estaba destinado a ser el Centro de Justicia Penal, lo cual no impide que en su enormidad pueda cobijar a otros sectores del Poder Judicial. Máxime en tiempos de cambios que inciden profundamente sobre la arquitectura judicial. “Si ese edificio se diseñara hoy, seguramente se haría muy distinto, con un espíritu de coworking más que de oficinas”, reflexionó un funcionario provincial. Tiene razón. La Justicia de Santa Fe hace tiempo camina a un futuro en el que todo lo que pueda ser oralidad y digital, lo sea.
Hoy es más prioridad pensar en salas de audiencias que en oficinas individuales. Nada de esto niega que existe personal y funcionarios de Fiscalía, Defensoría y Poder Judicial que trabaja en espacios inadecuados, en edificios alquilados y tabicados a más no poder.
El presidente de la Corte Rafael Gutiérrez asumió públicamente la decisión de que el Poder Judicial se quede con el edificio. Para él no es un problema admitirlo. Al contrario, agranda el papel que más le gusta representar, el de defensor de los intereses del personal del Poder Judicial, en especial del centro-norte provincial, donde durante décadas ningún papel se mueve sin su consentimiento o el de Bordas.
De hecho, en las conversaciones que tuvo con los enviados del Ejecutivo en relación a su salida de la Corte siempre puso las inauguraciones de los edificios de Casilda y el de Santa Fe especialmente como tareas a terminar antes de irse. El Ejecutivo lo aceptó y aceleró los fondos para la obra. La otra parte de esos compromisos mutuos era que una vez inaugurado el edificio hará pública la fecha en que materializará su salida.
Gutiérrez está construyendo una alfombra roja para su salida. No busca los elogios que el gobernador Pullaro le propinó a María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuller cuando pusieron fecha a su alejamiento del cargo, sino aplausos y laureles de un sector del peronismo y fundamentalmente de empleados y funcionarios judiciales que fueron la base de sustentación de su carrera en Tribunales, la misma que en 2027 podría oficiar como plataforma de lanzamiento electoral. Lo dijo sin vueltas esta semana cuando le preguntaron sobre su futuro. “Mi único compromiso es con el Poder Judicial”. Tras 26 años en la Corte, ¿no debería haber dicho “con los ciudadanos de Santa Fe”?
Mensaje doble
El jueves, la vocera del gobierno provincial Virginia Coudanes dedicó un tramo de la conferencia de prensa a cuestionar muy duro a la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena porque declaró nulo e inválido un allanamiento de la Policía de Santa Fe que se realizó sin orden judicial, pero en línea con un protocolo de actuación del Ministerio de Seguridad para casos de flagrancia virtual que se descubren casi a diario a partir del sistema de videovigilancia asistido con inteligencia artificial que se denomina Lince.
En el procedimiento se detuvo a un menor punible, acusado de protagonizar una balacera. La objeción judicial se centró en que el allanamiento no se puede encuadrar como flagrancia si se hizo doce horas después del hecho, lo que hubiera permitido solicitar la autorización correspondiente. De todos modos aceptó la acusación y el menor quedó sujeto al proceso.
El gobierno lanzó con los tapones de punta a su vocera para que embista contra la jueza. Repitió dos veces su nombre completo ante la prensa, la tildó de “garantista” y le atribuyó liberar delincuentes a contramano del trabajo y la inversión de recursos que hace el gobierno para pacificar las calles.
El Colegio de Magistrados respondió con un comunicado. Dijo que lo dicho “desborda el marco de las razonables críticas” y reiteró que “las discrepancias deben canalizarse por vías procesales y no a través de manifestaciones públicas descalificantes”.
Lo más rico es lo que dicen en off: que la decisión de Guarrochena podrían apelarla, que no hay una acumulación de resoluciones judiciales similares que justifiquen un reclamo en ese tono y recordaron que si la cuestión es la urgencia por allanar, la Policía hoy tiene la posibilidad de hacerlo con orden de un fiscal sin pasar por el juez. “La reforma que propone el Ejecutivo para permitir allanamientos policiales sin orden fiscal ni judicial no está aprobada!”, exclamó un juez.
La reacción de la Casa Gris contra Guarrochena en realidad es un doble mensaje. Hacia el interior del sistema judicial porque considera que es un precedente que puede animar a otros magistrados a ponerse excesivamente formalistas en medio de una etapa crítica en la que intenta estabilizar la baja de delitos. El otro mensaje tiene como destinatario a quienes están al margen de la ley. Un mensaje que dice “te van a agarrar y no vas a zafar de la cana”. Es decir que el “reto” a la jueza es una demostración de que no hay lugar para grietas y que todas las partes del Estado –Ejecutivo, legislativo, fuerzas de seguridad, fiscalía y jueces– están alineados con la política de seguridad que definió y conduce el poder político legitimado en la voluntad popular.
En función de esos objetivos, el pullarismo no tiene problema en acariciar lo áspero. A ignorar buenos modales, confrontar jueces con “el sentido común” de una ciudadanía harta de la inseguridad y jugar al fleje con las garantías constitucionales con tal de que nada interfiera ni ponga en duda la firmeza de su política de seguridad. No parece preocuparle demasiado el comunicado de rigor de los magistrados, ni las críticas por sobregirarse a la hora de mostrar su desacuerdo con un fallo judicial. Su foco está puesto en que dentro de un año los santafesinos le reconozcan que esa audacia sirvió para devolver paz y orden.
