El gobierno libertario y sus aliados en el Congreso nacional buscarán modificar el proyecto de propiedad privada para eliminar las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales en Argentina.
La Libertad Avanza acordó con los bloques dialoguistas para sesionar en el Senado el próximo jueves 18.
"El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es una ley ómnibus que afecta a un conjunto de sectores de nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias inquilinas", señalaron desde sectores de la oposición que juntan firmas para frentar la iniciativa.
La nueva norma deroga las restricciones más importantes de la Ley 26.737: el límite del 15% a nivel provincial o subprovincial (con un máximo de un 30% por nacionalidad), la restricción de un máximo de 1.000 hectáreas por sociedad o capital extranjero en la zona núcleo y los límites a que los capitales extranjeros se queden con zonas ribereñas o espejos de agua.
"En términos de soberanía el proyecto deroga el corazón de la Ley de Tierras (26.737) exponiendo nuestro territorio nacional a la posibilidad de ser adquirido sin límites por grandes capitales transnacionales, agravando una situación ya crítica en zonas de frontera, ribereñas, con acceso a recursos minerales fundamentales y reservorios de agua dulce", afirmaron.
Acuerdo en el Senado
LLA y los bloques dialoguistas mantuvieron este martes una reunión para consensuar los cambios sobre la venta de tierras, donde existen las mayores diferencias entre el oficialismo y las bancadas opositoras que vienen acompañando los proyectos del Gobierno.
Participaron del encuentro, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling Lara; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce.
Una de las alternativas que estudian es que en algunos casos donde un Estado o una empresa asociada a un gobierno quiera comprar tierras cercanos a la frontera tenga que tener el respaldo del Congreso Nacional, informó Eldiarioar.
En esta semana, deberían escribir los cambios del proyecto para que puedan ir a la sesión con todos los acuerdos cerrados.
En el resto de los casos, será el gobernador de una provincia quien deberá resolver si se aprueba o no la venta de tierras, pero para ello también deberá cada legislatura aprobar su propia ley de tierras.
Cada provincia conservaría la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.
