A pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos, personal policial allanó este miércoles una escribanía del microcentro rosarino y secuestró documentación que será analizada en el marco causa que se le sigue al financista Daniel Andrés Casanovas, que posee expedientes abiertos en Rosario y en Salta por estafa y administración fraudulenta. No hubo detenidos.
Casanovas es un financista rosarino que actualmente está imputado por estafa y administración fraudulenta en el marco de la caída de su grupo empresario en 2019. Lo último que se sabía de él es que se encontraba detenido en Salta. De hecho, antes de concretarse su detención, en mayo, fue sacado a los golpes de un restaurante de la localidad de Las Lajitas. El agresor sería un productor agropecuario, acaso perjudicado y devenido acreedor del financista.
Personal de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), allanó una reconocida escribanía a pedido del fiscal Miguel Moreno. Del estudio, los agentes se llevaron todo tipo de papeles que fueron sellados y puestos en cadena de custodia.
La crisis de Casanovas arrancó con el default de su agro-ganadera Cereales del Sur (CDS), de fuertes operaciones en el norte argentino, que dejó impagos granos que había recibido en condición a fijar. Tampoco devolvió los fondos que tomó de terceros para su Fideicomiso Ganadero Norte dedicado al engorde de ganado.
Pero rápidamente su cesación de pagos se extendió a su agencia de Bolsa (CGV), con oficina en el centro de Rosario, y a su financiera extra bursátil (Rosario E-Trader), también con base en la ciudad. Además, tenía otra empresa financiera “Daniel Casanovas y Asociados S.A” que tampoco abonó sus compromisos.
Sus operaciones fueron suspendidas por los mercados y comenzaron negociaciones particulares con sus clientes en busca de acuerdos privados de pago. Sin acuerdos, todo terminó en la Justicia.
El porqué del allanamiento a la escribanía
Apenas defaulteó (y antes de concursarse), Casanovas armó un fideicomiso que incluyó como beneficiario a algunos acreedores que tenía como garantía de pago 800 hectáreas a nombre de una SA llamada José Cano, que él controlaba. Ese fideicomiso cumplió y pagó.
Con el avance de las investigaciones por estafa, se le trabó una medida cautelar que le prohibía innovar con la titularidad de sus activos no corrientes. Y ahora Casanovas quería armar un nuevo fideicomiso (con otros acreedores) volviendo a poner como garantía esas 800 hectáreas.
Los abogados de Casanovas se defendieron diciendo que era una ampliación del fideicomiso previo a la cautelar. El fiscal hizo suyo los argumentos de los denunciantes y luego de pedir sin éxito en reiteradas ocasiones a Casanovas la información, ordenó los allanamientos. La escribanía no participó de la maniobra denunciada (ni siquiera figura en la denuncia) sino que, según Fiscalía, en su poder están las escrituras del campo y documentación del fideicomiso. Y el allanamiento se produjo porque Casanovas no quiso mostrar los papeles.
Dos frentes penales
A mediados de 2021, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Miguel Moreno, lo imputó por estafa, administración fraudulenta y violaciones a la reglamentación del warrant. El fiscal lleva adelante la investigación que tiene como querellantes a unos diez clientes del grupo con un perjuicio a los clientes de 4 millones de dólares.
En mayo, la fiscal penal salteña María Celeste García Pisacic imputó de forma provisional a Casanovas y a su esposa, Samanta Bravo, como presuntos coautores de los delitos de retención indebida (tres hechos), libramiento de cheques sin provisión de fondos (dos hechos) y desbaratamiento de derechos acordados (un hecho).
La investigación de la fiscal salteña, que corre en paralelo a las que está llevando a cabo en Santa Fe el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se inició por numerosos hechos delictivos ocurridos en el departamento Anta en perjuicio de productores agropecuarios que se vieron afectados en su patrimonio con relación al comercio de granos.
