La detención este martes al mediodía del corredor de granos rosarino Sebastián Grimaldi, acusado de millonarias estafas contra el Banco Macro y la exportadora de granos Cofco, concentró la atención de la opinión pública. Pero en materia de investigaciones penales por delitos económicos, este martes estuvo muy cargado de información porque hubo noticias sobre dos casos muy resonantes como son el de la agroexportadora Vicentin y el de la agrofinanciera Guardati Torti (GyT).
Guardati Torti
El juez Hernán Postma trabó este martes el embargo de una propiedad personal de Juan Carlos Guardati -uno de los dos socios de GyT- luego de que todo el directorio de la empresa quedara “imputado por administración fraudulenta en concurso real con estafa en grado consumado y habiendo actuado con ánimo de luto” por el caso de un empresario transportista al que le vaciaron el saldo de la cuenta que tenía abierta en esa agencia para operar con cauciones en la Bolsa causándole un perjuicio patrimonial de 19 millones de pesos.
Se trata de una nueva imputación contra los directores de la casa de Bolsa y corredora de granos que supo ser top five, quienes ya fueron acusados de realizar maniobras similares contra 42 pequeños ahorristas a los que también les manotearon los saldos líquidos de sus cuentas para operar en Bolsa ($1.189.138 pesos y $448.950 dólares) presuntamente para tapar el rojo en el que habían entrado sus negocios cerealistas. También fueron imputados por presentar balances falsos.
El fiscal Sebastián Narvajas, de la Unidad de Delitos Económicos, es quien lleva adelante las investigaciones, y en una audiencia realizada este mañana en el Centro de Justicia Penal sumó la nueva imputación contra el directorio de GyT.
Como había adelantado Rosario3, un empresario transportista denunció penalmente a la empresa a principios de 2020 con el patrocinio del abogado Paul Krupnick. Según su denuncia, invertía de manera regular en cauciones en pesos en la Bolsa a través de GYT. Pero cuando la empresa defaulteó en febrero de 2020, el cliente encontró que le habían vaciado su cuenta en la que tenía invertidos 19 millones de pesos. Al reclamar por su dinero desde GYT le aseguraron que se lo iban a devolver al tratarse de un cliente de larga data y porque su descalce financiero era temporario. Y por eso le dieron un cheque a 30 días por el monto desaparecido. Pero llegado el día del cobro, el cheque no tenía fondos, y por eso el empresario presentó finalmente la denuncia penal.
En la audiencia de este martes, el fiscal presentó el caso y ni la querella (el empresario) o la defensa (a cargo de los abogados Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo) hicieron observaciones. Y si bien Narvaja no presentó medidas cautelares, el abogado del transportista solicitó una caución real como el embargo de una propiedad personal de Guardati (que se estima tiene un valor de 30 millones de pesos y está fuera del concurso de acreedores en marcha de las empresas del grupo), pedido que no tuvo objeción por el lado de la defensa y que el juez terminó aprobando.
La no objeción de la defensa es un indicio claro de que hay un intento de la empresa de lograr un entendimiento con el transportista y que el embargo operaría como una suerte de garantía.
Vicentin
Por la tarde, el juez penal Ismael Manfrín presidió una audiencia en la que se definió una probation (suspensión del proceso) para una investigación derivada del caso Vicentin que involucró al ex titular de la Afip Santa Fe, Carlos Vaudagna.
En el marco de las audiencias imputativa contra el directorio de Vicentin, realizada en octubre de 2021, el jefe de los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, reveló que Vaudagna había dicho que eran suyos unos 200.000 dólares hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, ex contador y actual presidente del directorio de Vicentin, en el marco de un allanamiento. Pero de las escuchas presentadas por el fiscal se supo que como Gastón no podía justificar el origen de ese dinero, Omar recurrió a Vaudagna, que sí tenía una suma declarada que le permitiera hacer pasar por suyo el dinero y fue así que afirmó que el dinero era suyo y que lo había dejado como parte de operaciones inmobiliarias.
A partir de ese hecho, Vaudagna fue imputado (en libertad) por el delito de falsedad ideológica y comenzaron las negociaciones entre las partes. Fue el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Mariano Ríos Artacho, quien llevó adelante las conversaciones con la defensa de Vaudagna y en las que finalmente se definió “la suspensión del proceso” a cambio del cumplimiento de una serie de medidas de conducta y el pago de un millón de pesos. Que Vaudagana no haya sido funcionario en el momento en el que ocurrió el hecho, que no haya habido un daño a un tercero y que con el depósito se resarce lo ocurrido explican porque ambas partes consideraron que una “probation” en esas condiciones era una solución razonable.
