La cerealera Díaz y Forti denunció en la Justicia federal a la aceitera Vicentin porque se niega a entregar miles de toneladas de trigo y soja que tiene depositada en su planta de San Lorenzo y que le vendió a la Unión Agrícola Avellaneda. El conflicto, que pone en juego varios millones de dólares en granos, enfrenta a empresas que hasta no hace mucho tenían fluidas relaciones: Díaz y Forti operó a fazón la planta de la defaulteada apenas cayó e incluso pujó por comprarla mientras que la cooperativa de norte provincial tiene lazos comerciales históricos con Vicentin.
Cuando Díaz y Forti, de capitales rosarinos, fue suspendida en 2021 por el Banco Central a raíz de no liquidar exportaciones de granos por 700 millones de dólares, le quedaron almacenadas unas 28 mil toneladas de soja y unas 23 mil toneladas de maíz en planta San Lorenzo y en Timbues sin poder embarcarse.
Fue así que la firma inició un largo proceso administrativo y judicial para embarcar mercadería en tránsito de exportación que ya se encontraba comprometida mediante contratos de compraventa internacional, y cuyo incumplimiento conllevaría severas multas y/o sanciones contractuales para la compañía.
Luego de obtener la conformidad de la sindicatura del concurso, el juzgado que le lleva su concurso preventivo dictó una resolución cautelar que autorizaba a Díaz y Forti a embarcar los granos. Pero trabas burocráticas del gobierno nacional (Afip/Agricultura) se lo impidieron. Finalmente, decidió vender buena parte de esos granos a la Unión Agrícola Avellaneda, cambiando así de titularidad los granos.
Pero apareció un nuevo escollo: ahora Vicentin no se los entrega. Fue así que Díaz y Forti fue a la Justicia y en agosto consiguió una medida para que Vicentin les entrege los cereales, pero la empresa desconoció la orden. ¿El argumento? No entregará la mencionada mercadería hasta que le paguen lo que le adeudan en ejercicio del derecho de retención.
Es por eso, que, transcurrido más de tres meses sin poder obtener la mercadería, Diaz y Forti S.A. le solicitó al Juez Federal que ordene una inspección ocular para verificar si la mercadería sigue existiendo y en su caso en qué estado se encuentra o si ya está deteriorada.
“La temeraria resistencia de Vicentin en dar cumplimiento a las sucesivas órdenes judiciales de liberación y entrega de mercadería objeto de la cautelar de 3/08/22 genera la fuerte sospecha de que la misma haya sido dispuesta en favor de terceros en franco incumplimiento a sus deberes legales como depositaria de la misma. Y de verificarse tal extremo nos hallaríamos frente a un delito más grave que el de desobediencia judicial que sería el de administración infiel y depositario infiel”, dice la presentación firmada por Miguel Dentone, abogado de Díaz y Forti, ante la Justicia federal de Rosario. Por eso, el letrado solicita una inspección ocular de los agentes judiciales para comprobar la existencia de la mercadería.
La denunciante pide una sanción de 20 mil pesos diarios por las demoras en hacer entrega de los granos y que se adjunte el incumplimiento a las denuncia penal que presentó contra el actual directorio de Vicentin en la fiscalía federal número dos.
