Siguiendo el rastro del dinero que manejaba una banda narco que fue desbaratada en noviembre, con trece integrantes detenidos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ordenó allanar en los últimos días una inmobiliaria con sede en Puerto Norte y el local de un sindicato. El despliegue de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se vio el lunes en distintos domicilios del centro de Rosario. Tras ello, el Grupo Roma, la firma allanada, emitió un comunicado donde aseguró no haber incurrido en delitos.
En el marco de la causa FRO 11201/2026, que investiga inversiones en propiedades de un hombre imputado por distribución mayorista de cocaína llamado Ariel Fernando Suppa –detenido en noviembre junto a 12 personas– la PSA buscó allanar una firma llamada JR Negocios Inmobiliarios en Córdoba al 1400, pero la empresa había dejado esas oficinas desde hace al menos un lustro.
Tras ello, se dirigieron a las oficinas de Grupo Roma, en avenida Carballo 186, Puerto Norte, donde se encontraría la documentación requerida en la que intervino JR Negocios Inmobiliarios. De allí, los federales se llevaron papeles y documentos de interés.
Pero la redada no terminó allí. El personal de la PSA también se presentó en San Lorenzo 2067, sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara sede Rosario), donde secuestraron dos boletos de compraventa que entregó el secretario adjunto del gremio, Andrés Enz.
Desde el Grupo Roma, el titular Pablo Cofano emitió un comunicado para despegarse de las operaciones atribuidas a los presuntos integrantes de la banda narco a la que le fueron incautados nada menos que 52 kilos de cocaína en noviembre.
“Por disposición del fiscal federal Juan Argibay Molina, se ordenó una medida de presentación (no se trató de un allanamiento) a fin de requerir documentación vinculada a la venta de tres lotes que presuntamente habría adquirido una persona que se encuentra en carácter de imputado. La desarrolladora había vendido dos lotes en 2019, los cuales cuentan con la debida justificación de fondos de la operación y la trazabilidad exigida por la UIF conforme a la normativa vigente.
La desarrolladora cumplió con sus obligaciones y entregó toda la información requerida a los fiscales Andrés Carro Rey y Juan A. Argibay Molina. Asimismo, se solicitó información sobre la supuesta venta de tres lotes más, la cual nunca se concretó. Solo existió una reserva entre el imputado y una inmobiliaria externa, no vinculada a la desarrolladora, que ofrecía lotes que no eran de su propiedad.”
750 kilos de cocaína importados
En diciembre, 13 presuntos integrantes de una organización narco detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Gran Rosario fueron imputados en una audiencia que se celebró ante el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz, quien ordenó la prisión preventiva, medida que fue revisada días atrás.
Los fiscales federales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra afirmaron que traían droga desde la localidad boliviana de Bermejo por vía terrestre para luego distribuirla en la región. Para comprender el volumen de demanda que manejaban, indicaron que en los últimos dos meses y medio de 2025 transportaron 750 kilos de cocaína.
La causa llevó once meses de investigación y consistió en vigilancia y escuchas telefónicas. Se inició en diciembre de 2024 después de una denuncia por la actividad de microtráfico que se pudo constatar en un búnker situado en Braille al 1400, en la zona norte de Rosario.
En el legajo se pudo establecer que la estructura estaba subdividida en varios estamentos.
Ariel Fernando Suppa fue ubicado como presunto organizador y financiador de los viajes en busca de los kilos de cocaína. Su domicilio de Roldán fue uno de los primeros en ser allanados. A su hermano Hugo Sebastián Suppa, Marcos José Moreira, Luca Carmelo Fabián Lucente y Juan José Alfonso también les atribuyeron dedicarse al acopio y comercio a gran escala de cocaína. Eran quienes iban a Bolivia a buscar abastecimiento, de acuerdo a la imputación.
Los presuntos miembros de la célula mayorista registraron infracciones de tránsito en aquellos trayectos al norte del país y a Bolivia en busca de la droga. Algunas de las multas se detectaron en Aguas Blancas y cerca de Salta capital. También se constataron impactos de antena de celulares de sus teléfonos en esas localidades.
Los viajes tenían un mismo patrón: idas y vueltas en uno o dos días. Y al regreso traían pocos electrodomésticos, lo que se supone que era usado de fachada para el negocio.
Para los fiscales, los hermanos Suppa, Moreira, Lucente y Alfonso vendieron 52 kilos de cocaína entre el 13 y el 27 de noviembre a Gastón Alejandro Gómez y José Fabián Ruiz, una especie de subdistribuidores de la droga.
Ruiz, en función de los indicios recolectados en la causa, era quien organizaba el búnker de Braille al 1400, que fue el que dio inicio a todas las tareas investigativas. Se supone que él administraba el flujo de distribución en Rosario, mientras que Gómez se dedicaba más al acopio y controles de provisión.
De hecho, en el domicilio de Gómez, de Vieytes al 2700, se encontraron los 52 kilos de cocaína en los operativos de la PSA del 27 de noviembre.
Los fiscales sostuvieron que en Punta Chacra, domicilio de Ariel Suppa, y en una propiedad de La Paz al 100 bis, en República de la Sexta, se incautaron anotaciones que describen que desde el 29 de agosto la presunta banda recibió 750 kilos de cocaína de máxima pureza, y que desde el 12 de noviembre hasta los allanamientos distribuyeron 500 panes de esa droga en la región.
Por su parte, también fueron acusados con un rol menor en la estructura investigada otras seis personas.
