Las principales cámaras empresarias de la industria del biocombustible hicieron este viernes una denuncia pública al gobierno nacional porque “de manera arbitraria, discriminatoria e ilegal, continua con la decisión de no calcular, actualizar y determinar el precio de venta acorde a los costos reales que tiene la industria y al marco regulatorio vigente para la actividad, en abierta violación de la ley 26.093, situación que lleva más de 11 meses”.

Ocurre que las empresas pymes son la que tienen prioridad para vender el bio a las combustibles para el corte obligatorio con el gasoil y las naftas. Pero como operan en un mercado regulado, el gobierno les fija el precio mensualmene. Durante todo el gobierno de Mauricio Macri, la administración -por medio de distintas herramientas- pisó los precios y la actualización quedó por debajo de los costos, bien a pedir de las petroleras. Por eso había expectativas en las fábricas (que están instaladas en su mayoría en Santa Fe) de que con el nuevo gobierno (ya que durante el mandato de Néstor Kirchner diagramó el esquema vigente) la situación mejore. Pero nada cambió ya que las actualización de precios fue mínima.

Esto implica que las 28 empresas de biodiesel (instaladas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santiago del Estero) no trabajan desde hace más de 5 meses, acrecentando y agravando aún más la crisis que atraviesa el sector, colocándolo en un estado de situación terminal.

“Luego de las declaraciones del Gobernador Arcioni, de la provincia de Chubut, en las que le solicita, sin medias tintas, al Presidente que privilegie a las empresas y provincias petroleras por sobre las productoras de biocombustible, se aclara el sentido de las inacciones que, desde hace un año, viene ejerciendo el gobierno nacional. Queda más que en evidencia quiénes son los privilegiados con la decisión de dejar fundir a las empresas pymes del biodiesel de todo el país, y nuevamente ganan los poderosos de siempre, constituyendo un “falso” progresismo”, denuncian las empresas.

La no publicación de precios por parte del gobierno nacional no hace otra cosa que contribuir a la destrucción de la industria nacional de biodiesel, beneficiando así los intereses de las empresas petroleras, a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo y en abierta violación a leyes nacionales y tratados internacionales a los que nuestro país adhirió”, resaltan.

El comunicado lleva la firma de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.

“Así, aún con toda la buena voluntad, no es posible continuar para las empresas, y esto es absolutamente conocido por el Sr. Secretario de Energía de la Nación como así también por el Sr. Ministro de Economía y el Sr. Ministro de Desarrollo Productivo. Por lo tanto, no queda más que pensar que lo que buscan es el cierre de las empresas y la caída del régimen de biocombustibles, acatando así lo que dictan los petroleros, provincias y empresas, mientras que las provincias que más aportan fiscalmente para sostener a los combustibles contaminantes, quedan condenadas a seguir siendo la billetera del negocio que beneficia a unos pocos, los mismos de siempre. Es imposible ver en estas actitudes el tan declamado federalismo”, agregan las entidades.

“Resulta inentendible que nuestro país, siendo uno de los principales productores mundiales de biodiesel, no cumpla desde hace más de 8 meses con los porcentajes legales de corte obligatorio; siendo, por otra parte, importador de más del 30% del gas oil que se consume, y existiendo capacidad ociosa de combustibles renovables y alternativos de producción nacional. Eliminar el corte obligatorio de biodiesel le generará al país una salida de divisas por más de U$S 500 millones, adicionalmente a las divisas por las importaciones de gas oil que actualmente ya viene realizando el estado nacional, presionando aún más sobre las débiles reservas de dólares del Banco Central”, concluyen los empresarios.