La Justicia frenó un intento del defaulteado financista Daniel Casanovas de vender un campo en Salta pese a que tiene prohibido desprenderse de activos mientras se lo investiga por estafa. Así lo definió ayer en audiencia el juez penal Alejandro Negroni, luego de que el fiscal Miguel Moreno, con respaldo de un grupo de querellantes, explicara la maniobra.
La situación es la siguiente. Casanovas defaulteó a mediados de 2019 todos sus negocios financieros y cerealeros y sus compañías, la agropecuaria se llamaba Cereales del Sur (CDS), terminaron en convocatoria de acreedores.
En enero de 2020, el malogrado agente de Bolsa rosarino acordó con un grupo de acreedores, entre los que estaban instituciones como el Mercado Argentino de Valores (MAV) y también inversores con deudas no documentadas cumplir sus compromisos poniendo como garantía una fracción de 800 hectáreas del campo de 2.800 hectáreas que tenía en Salta a nombres de una de sus empresas llamada Jose Cano, valuado en torno a los 3 millones de dólares.
Como Casanovas había perdido toda confianza entre sus acreedores, se armó un fideicomiso con ese predio como bien de garantía que administró una entidad de seriedad reconocida y probada responsabilidad que es Rosario Fiduciaria.
Mientras el financista empezaba a cumplir sus deudas a ese grupo de acreedores, al tiempo que enviaba sus empresas a convocatoria, el Ministerio Público de Acusación (MPA) avanzaba con investigaciones por presuntas estafas luego de que muchos ahorristas lo denunciaran penalmente. Fue así que Casanovas, y el resto de los directores de sus empresas, fueron finalmente imputados por diversos delitos económicos y la Justicia prohibió que se pueda desprender de activos.
Al haber ingresado antes al fideicomiso, esas 800 hectáreas habían quedado afuera de la prohibición de venta mientas dure su vigencia, originalmente prevista hasta 2023.
Cuando solo quedaba a principios del año pasado un saldo por abonar (en su mayoría se pagó), una empresa recientemente formada llamada Acción Digital, que levanta muchas dudas de los acreedores, compró saldos impagos y logró que se prorrogue la vigencia del fideicomiso. Fue en ese momento que Rosario Fiduciaria, habiéndose pagado las acreencias a las entidades bursátiles, se retira y se nombra, a pedido de Acción Digital, un nuevo fiduciario que no tenía la prestancia institucional del anterior, maniobra que también levantó suspicacias en los acreedores.
Si se vencía el fideicomiso y la acreencia se pagaba, esas hectáreas tendrían que volver a Jose Cano y quedarían inhibidas. El tema es que, según contó ayer el fiscal Moreno durante la audiencia, el fideicomiso informa que como Casanovas no pagó esa deuda que tenía Acción Digital se debía ejecutar la garantía y vender el campo.
El año pasado hubo dos intentos de venta hasta que para octubre pasado trascendió que se vendieron las 800 hectáreas valuadas en 3 millones a 1 millón de dólares, rebaja de precios que también suma sospechas a la maniobra. El comprador fue Luis Proto, que creo tiene arrendado el campo hasta el 2026, con un contrato de subarrendamiento que le hizo Cereales del Sur (CDS), que a su vez le alquiló el campo a la empresa Jose Cano.
Fue ahí que un grupo de querellantes denunciaron la maniobra y pidieron que se deje sin efecto la supuesta venta a un supuesto tercero porque violaría la medida cautelar.
El fiscal Moreno, entonces, pidió ayer a la Justicia que no valide las prórrogas que tenía el fideicomiso, que como se dijo vencía en 2023, y que se dé marcha atrás con la venta, volviendo el patrimonio a la empresa de Casanovas y, por ende, quedando inhibido de venderse hasta que se resuelva lo penal. Y fue eso, precisamente, lo que falló el magistrado Negroni.
