La marcha que organizan para este viernes los trabajadores de la tabacalera rosarina Bronway hacia la sede de Afip de Alvear y Salta deja expuesto el papel de la Justicia Federal a la hora de dirimir cómo se reparten el millonario negocio las empresas multinacionales y nacionales. El principal problema es el precio de las etiquetas que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que superan incluso el valor del producto en los quioscos, lo que pone fuera de juego a las tabacaleras más pequeñas.
“La Afip no está entregando los Instrumentos Fiscales (estampillas) para la producción de cigarrillos. Por eso hay en riesgo 220 puestos de trabajo de manera directa y tantos otros de manera indirecta, justo en esta fecha tan particular, justo unos días antes de las Fiestas. Esto lleva incertidumbre a tantas familias sin saber qué va a pasar con estas”, señala el mensaje de los organizadores de la protesta.
Pero, en rigor, los empleos no están en riesgo, ya están afectados. La tabacalera local, que produce las marcas Pier y Dolchester, suspendió esta semana 110 trabajadores por no poder producir y vender al no tener acceso a las estampillas que otorga la Afip, y por ende no puede producir y vender cigarrillos.
La situación es la siguiente. La ley de impuestos internos que aplica a los cigarrillos determina un monto fijo de pago fiscal que no guarda relación al valor del producto en la calle. En otras palabras, se impuso un piso de pago de impuestos que es superior al precio actual de comercialización de las marcas más baratas. Por eso, el pago sólo lo pueden afrontar las tabacaleras internacionales con marcas que tienen precios de venta superiores en el paquete. Por el contrario, las marcas nacionales que salen a la calle con un precio al público menor (como Pier y Dolchester, que cuestan 150) tiene un precio de venta menor al monto impositivo a pagar.
Ante esta situación, las empresas nacionales iniciaron un camino de reclamo judicial por la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la ley 27.430, que fue ganando resoluciones favorables en distintos tribunales federales. Y es que las empresas sostienen que el impuesto atacado no se conforma con extraer una parte importante de las ganancias de la empresa sino que, además, su pago la condena a la descapitalización y quiebra.
La ley que estableció un piso mínimo a tributar argumenta que busca reducir la demanda de tabaco y evitar la mortalidad y la morbilidad atribuibles a las consecuencias de su consumo. Pero para las tabacaleras nacionales se incorporó un monto fijo mínimo de tributación a fin de desalentar la venta de cigarrillos a precios muy bajos, además que los cigarrillos de “gama media” generan el mismo daño que los cigarrillos de “gama alta”, por lo que no ven justificación para que tributen montos diferentes.
Mientras el tema de fondo se dirime en las distintas instancias judiciales, las empresas nacionales empezaron a lograr medidas cautelares de la Justicia Federal que las exima del pago de los montos mínimos establecidos por la ley para los distintos tipos de productos. Así pasó en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y en la provincia de Salta. Pero en Rosario, hace seis meses que Bronway espera la resolución de la cautelar por parte de la Cámara Federal con asiento en la ciudad.
El tema es que como ahora Afip sacó una resolución que establece que sólo las empresas con cautelares vigentes pueden recibir estampillas, la tabacalera local queda fuera de juego por las demoras de la Justicia federal en dictar la cautelar. Es por eso que luego de marchar a la Afip, los trabajadores de la empresa irán hacia los tribunales federales para reclamarle a los camaristas Vidal, Toledo y Pineda que avalen la cautelar.
Bronway no es la única empresa complicada por la demora de la Justicia Federal. También está una tabacalera de la ciudad de Santa Fe (For Men). Ambas empresas ya estuvieron haciendo gestiones ante el propio gobernador Omar Perotti, quien prometió tomar cartas en el asunto. Entre las dos empresas santafesinas hay 500 empleos directos en juego (y 5000 indirectos). Y al igual que Bronway, For Men también inició con las suspensiones. Entre ambas firmas, ya tienen este viernes 200 empleados suspendidos.
Sobreseído
En otro orden, el titular de Bronway, Darío Ippólito, fue sobreseído en la causa por contrabando por el Juzgado penal económico Nº 2. “Se resuelve sobreseer a Ippólito en orden a los hechos oportunamente investigados como presuntamente constitutivos del delito de contrabando por considerar que no ha sido corroborado algún hecho de vinculado al comercio exterior que pudiera determinar la continuación de la investigación en torno a la comisión de delitos”, señala la resolución del Poder Judicial de la Nación.
