Hace un tiempo contamos en esta columna el caso de una urbanización de 70 hectáreas que un grupo inmobiliario proyecta frente al Kentucky (Funes) integrado al complejo deportivo Estancia Damfield. El desarrollo generó debate por la localización ya que ocupa parte de la laguna derivada de la presa retardataria del Arroyo Ludueña.
Más allá de que la interna política de Funes metió la cuña y que también emergen diferencias entre los modelos de negocios entre los desarrolladores empresarios que operan en la zona, la pregunta era clara: ¿Se pueden levantar allí asentamientos urbanos o es una zona inundable que su ocupación incluso puede traer problemas aguas abajo?
Hay novedades sobre el tema ¿Cuáles? “Está a la firma un convenio con el Instituto Nacional del Agua para hacer un estudio integral de toda la cuenca del Ludueña, algo que se iniciará en breve”, le dijo a Rosario3 el secretario de Asuntos Hídricos de Santa Fe, Roberto Gioria.
“Respecto de dar factibilidad hídrica por parte de la Provincia a urbanizaciones en la zona comprometida por el embalse, la represa y la cuenca, se van a esperar los resultados de este estudio”, agregó el funcionario.
Habrá que esperar, entonces, los resultados del informe que elabore el reconocido organismo técnico nacional para tener la respuesta final al interrogante central y ver si los desarrollos inmobiliarios proyectados para la zona se aprueban o no.
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Ya que arrancamos este “run run” de los negocios por el lado del mercado inmobiliario, la novedad es que Obring (en alianza con la inmobiliaria Lamelas) incorporaron un nuevo terreno de 2.500 m2 de terreno al desarrollo Abra Fisherton, que levantarán en Eva Perón y Cárcano, a pasos de la rotonda de Wilde.
De esa forma, el desarrollo (dos módulos de viviendas en planta baja y 3 pisos y otro de oficinas en planta baja y 5 pisos, junto con 1.000 m2 destinados a comercios) alcanzará ahora un predio de más de 13.000 m2 con 23.000 m2 para unidades a comercializar.
Por estas horas, los empresarios están tramitando permisos con la Municipalidad proyectando empezar a fin de mes con las demoliciones, a excepción de la casa patrimonial que fuera propiedad de Henry Fisher, que cuenta más de 100 años, y adonde allí se evalúa abrir un restorán con museo que narre la historia del barrio.
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La semana pasada el “run run” tuvo como tema central el repliegue del grupo Asgar, que irrumpió en los negocios gastronómicos de la ciudad con mucha fuerza en la post pandemia llegando a tener Spiria, 105, Asgardian, El Paso, Filo, Gringas y The Box, entre otros. Como se dijo, hubo diferencias entre los socios, que se repartieron negocios y locales para seguir caminos separados.
¿Qué podemos agregar hoy? Que hay integrantes del grupo que sobre los restos de esa experiencia piensan que están en condiciones de volver a jugar en primera; eso sí con una nueva sociedad, con una estructura más compacta y con una administración bien prolija. Todavía están terminando de afinar estrategias, pero pronto habrá novedades.
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Días atrás, la Cámara de Comercio Exterior de Rosario organizó una reunión con referentes del Banco Itaú para ver la posibilidad de operar con reales los negocios de exportación e importación con Brasil. La alternativa seduce en un principio porque sortearía las trabas y demoras que significan acceder a los dólares para pagar importaciones, pero luego aparecen restricciones como que las operaciones se deben garantizar con bienes de los socios o accionistas de las empresas no admitiendo los de la empresa operadora.
Ocurre que los empresarios del sector están desesperados porque tienen muchas dudas de cómo resolver las demoras de más de 180 días para que el Estado le habilite los dólares para pagar las importaciones. Y cuentan que hay casos que llevan más de 8 meses esperando que les autoricen el ingreso de mercadería que ya está en Aduana.
Y el cerrojo importador lo sufren también las empresas estatales, por ejemplo la EPE. En efecto, la distribuidora eléctrica provincial compró 11 mil luminarias para colocar en municipios y comunas, pero desde hace 6 meses las tiene trabada en la Aduana esperando el permiso de ingreso. En tren de resolver el tema, están gestionando el ingreso de las primeras 3.000, pero por ahora sin mayores novedades.
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Si una empresa o una entidad empresaria le pide a la Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia con tiempo que la apoye económicamente para participar, por ejemplo, en una misión comercial al exterior, seguramente encontrará una respuesta favorable del gobierno provincial.
Pero si, por ejemplo, de urgencia le pide que financie el gasto de una combi para traer a la ciudad una delegación de inversores europeos que está en Buenos Aires pero se interesaron por recorrer Santa Fe, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, le responderá que no puede pagarlo.
Y la traba es burocrática ya que, por más buena voluntad y decisión política de Burcher, la plata rápido no se puede girar a raíz del tiempo que demanda la apertura de expedientes. ¿Y hacerlo a través de Santa Fe Global? Es una marca sin independencia administrativa propia.
Por eso, el funcionario se puso al hombro el armado de un proyecto de ley que, en la práctica, le otorgaría a Santa Fe Global el estatus formal de agencia y facilitaría así la realización sin tanta burocracia de actividades para la promoción del comercio internacional en la provincia.
El proyecto de ley, como suele ocurrir, avanza lento en el Senado provincial, siempre más atento a roscas políticas. Corrijo: no avanza lento; no avanza. Pero si allí se aprueba, Burcher ya tejió acuerdos con la oposición en Diputados que garantizaría su rápido tratamiento.
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El de recién fue otro ejemplo de la idea que solemos sostener en esta columna: muchos de los problemas diarios de la economía no pasan sólo por la elección del rumbo ideológico sino por las ineficiencias en aplicar y ejecutar las políticas anunciadas. Y no se trata de grandes cuestiones sino de una acumulación de pequeños y constantes trabas.
Un caso que volvió a saltar esta semana es la demorada sanción (hace diez años que está en danza; sí 10 años !!!) de una ley para maquinaria agrícola que establezca que una maquinaria es nacional cuando, como mínimo, el 60% de sus componentes son de fabricación local, permitiendo así que los incentivos fiscales y crediticios sean aprovechados por aquellas empresas (nacionales o extranjeras) que industrializan en serio en el país y no que sólo ensamblan partes traídas del exterior.
Una ley con esa disposición es la que tiene Brasil. Y por eso las fábricas locales, si quieren poder competir en el mercado brasilero, deben terminar (más tarde o más temprano) produciendo en el principal socio del Mercosur ya que así pueden acceder a los beneficios fiscales y crediticios que su Estado pone a disposición de sus industriales.
Y, precisamente, esa fue una de las razones que llevaron a la fábrica líder de sembradoras Crucianelli, con base en Armstrong, a concretar una fuerte inversión en el país vecino.
La empresa aprovechó esta semana la realización de Agroactiva para anunciar su asociación con una importante metalúrgica familiar brasilera (grupo Piccin) para montar una fábrica de maquinaria agrícola en las inmediaciones de San Pablo (ciudad de Sao Carlos). El objetivo es convertirse para 20230 en un jugador global top del sector. Ya están montando la fábrica (que estará bajo control argentino) que empezará a producir hacia fin de año.
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Sobre el caso de Crucianelli, uno de los directivos de la firma familiar, Gustavo Crucianelli, recibió a Rosario3 en Agroactiva y allí charló sobre cómo fue que llegaron a contactarse con el grupo brasilero y que enseñanzas les dejó toda la experiencia.
“Todo el proceso fue una enseñanza divina”, sostiene. El industrial cuenta que hace 20 años que tienen en la cabeza el proyecto de internacionalizar la compañía, pero que recién apretaron el acelerador cuando consolidaron su liderazgo en el mercado interno.
“Como creemos en el asociativismo, por ejemplo integrarnos con proveedores, fuimos a Propyme –que es una entidad del grupo Techint, que nos provee aceros- a contarles nuestra iniciativa, y ellos nos contactaron con la consultora ABCEB, con quien empezamos un proceso de selección de fabricantes brasileros con los que podíamos asociarnos", relató.
Con la asistencia de los consultores, empezaron entonces una raid de visitas y recorridas a empresas brasileras. “Conocimos empresarios muy importantes, colegas que nos recibieron y pudimos aprender de ellos. Varias veces estuvimos cerca de cerrar un acuerdo, pero algo faltaba”, rememora Crucianelli.
El industrial contó que al principio analizaban de los potenciales socios que visitaban su red comercial, la estructura de las fábricas, la calidad de lo que producían, hasta que finalmente entendieron que todo eso (más tarde o temprano) lo pueden adquirir o desarrollar. Y fue así que pusieron el ojo en buscar un socio con el que compartan la estructura familiar, la profesionalización del gerenciamiento y, sobre todo una comunión de valores.
“Con la familia Piccin dimos a través de un colega de ellos. Estábamos en conversaciones para asociarnos con otro metalúrgico, pero no decía que no era su momento, que no tenían justo la capacidad de hacerlo ahora. Y fue ahí que nos dijo: Ustedes tiene que hablar con los Piccin y él nos recomendó”, recuerda Crucianelli.
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Ya que nos fuimos para el lado de los fierros, el viernes, General Motors anunció que la producción de la chevrolet Tracker se incrementará a fin de año en el complejo de Alvear.
El mes pasado alcanzó la producción de la unidad 25 mil, con ventas que crecieron en mayo 215% en la comparación interanual, siendo en el SUV del segmento B más vendido en lo que va del año; eso sin contar que le permitió a la producción de la planta santafesina conquistar un nuevo mercado como el colombiano.
Pero el anuncio de General Motors de duplicar la producción de la Trucker viene con un lado B. Y es que a fin de año dejará de producir el modelo Cruze. Si bien es usual el cambio de ciclo de los vehículos tras 6/7 años (y en GM lo califican como “exitoso ciclo de fabricación”), también es real que el Cruze no terminó de hacer pie en Brasil (principal mercado de exportación de General Motors Argentina) al tiempo que los consumidores de ese segmento se están volcando hacia los SUV y las camionetas.
Eso sí, la terminal automotriz seguirá produciendo los repuestos para la línea Cruze en el complejo industrial durante los próximos 10 años. Y el personal de la planta que estaba en la línea del Cruze ahora irá a la de la Tracker.
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Frente a la planta de GM en Alvear está el nuevo centro corporativo de La Segunda, grupo asegurador que esta semana organizó un encuentro con periodistas para, además de celebrar el día del periodista, mostrar su nueva imagen institucional y analizar la marcha del mercado.
“Hace un mes y medio que nuestros sistemas ya están funcionando de manera totalmente normal”, cuenta Mario Teruya, director comercial de La Segunda Seguros, sobre el ataque de ciber-terroristas que sufrió el grupo asegurador.
El ejecutivo aclaró que el corazón y la base de datos del sistema operativo nunca fueron afectados sino que el secuestro de datos operó sobre información parcial disponible en las pantallas de las computadoras. “Y lo más importante: no pagamos los 5 millones de dólares que nos exigían como extorsión”, resaltó Teruya.
“No estamos cómodos ni tranquilos”, dijo –por su parte- el CEO de La Segunda, Mario Castellini, sobre el ritmo de habilitación para acceder a dólares por parte del Banco Central para pagar reaseguros en el exterior. “Permiten pagos aislados, sin fluidez, pero vimos que el ministro de Economía, Sergio Massa, está en tema”, agregó.
Y un dato interesante que dejó el CEO fue que el 26% de la cartera de inversiones del grupo está en títulos públicos argentinos. "Es de los pocos instrumentos cuya renta acompaña inflación. Igual estamos cautos. Llegamos a estar en 30%", dijo Castellini.
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“Las Aseguradoras tienen interés en invertir en bonos de infraestructura para diversificar riesgos”, dijo –precisamente- el presidente de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión (FCI), Valentín Galardi, en su paso por Rosario.
Según contó, los FCI administran 19 Fondos de Infraestructura por un monto cercano a los $250.000 millones. Esos fondos son aportados principalmente por inversores institucionales, destacándose el rol de las compañías de seguro, la Anses, las Cajas de Previsión y las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo; y bien podrían ser usados por municipios y comunas para financiar obra pública, sobre todo ahora que los presupuestos públicos están ajustados.
Y si bien preparar a municipios y comunas para salir al mercado de capitales supone una ingeniería operativa, normativa y financiera que necesita la colaboración de entidades empresarias y del gobierno provincial, lo que queda claro es que hay dinero en el mercado. Y que también hay necesidad de los inversores institucionales de colocarlos en productos a largo plazo (como es un bono para financiar obras), sobro todo si la garantía es la coparticipación.
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Y ya que nos metimos por el lado de la obra pública, hay una historia que es para ir a comprar pochoclo.
Resulta que el Ministerio de Infraestructura de Santa Fe citó el miércoles a los presidentes de las Cámaras de Construcción de Rosario y Santa Fe para informarles que cada contratista deberá firmar actas en la que aceptan “ralentización” de cobros, tal como anticipamos que se disponía hacer el gobierno ante la falta de fondos para sostener el ritmo de obras.
Los dos dirigentes empresarios no se cerraron ante la propuesta porque entienden la delicada situación, pero pidieron que en paralelo se les salde la deuda ya que todavía hay certificados de obras sin abonar desde enero, cuando por ley deben pagar a 60 días aunque la mayoría no cobra antes de los 90 días (con suerte).
Pero cuando la respuesta fue que no había plata, estalló la calentura y de inmediato llamaron a conferencia de prensa para exponer el tema al otro día.
Fue ahí que ese encendieron las alarmas del gobierno, sobre todo del ala política y los operadores electorales de Perotti, ya que mostraría que la marcha de la obra pública está lejos del escenario color de rosa que muestran los spots publicitarios del gobernador y ahora pre-candidato a diputado provincial.
Por eso a última hora del miércoles, desde Infraestructura llamaron a las Cámaras para anunciarles el compromiso del gobierno de depositar $5,000 millones más otros $2,000 millones en cheques de pago diferido, cifras que achican la diferencia.
Si bien al gobierno le alcanzó para desactivar la conferencia, los constructores quedaron más enojados que antes por la súbita “aparición” de esos millones. Casi que lo interpretaron como una tomada de pelo. ¿Por qué no se los dijeron de entrada, si el dinero estaba? ¿De dónde salió el dinero? Eso nos lleva al próximo punto….
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Quienes siguen con lupa las finanzas provinciales señalan que el gobierno ya está empezando a utilizar los famosos fondos que tenía depositados a plazo fijo (y que tanto le criticaron al ministro Walter Agosto) para cubrir gastos y apagar incendios.
No en vano, el déficit del primer trimestre fue financiado reduciendo stock de liquidez. En marzo, por caso, tuvo un cierre de caja de $80 mil millones, apenas un poco por encima a lo que necesita para pagar un mes de salarios públicos, cuando en el pasado llegó a tener guardados para pagar casi dos meses de remuneraciones estatales.
Pero hay dos “perlitas” más del manejo de las cuentas públicas santafesinas. Una es la sospecha de que la Provincia está usando los bonos que liquida del cobro de la deuda que Nación tiene con la Provincia y que estaban asignados para financiar inversiones (obras y bienes de capital) para pagar gastos corrientes.
De así serlo, no se trata de ilegalidad alguna. Es que la provincia se lo “presta” al Fondo Unificado de Cuentas (Fuco) mientras aguarda el pago de las obras y cuando así lo tiene que hacer pide que le restituyan la plata. Por eso que las obras vayan más lento y se liciten a menor ritmo permite tener a ese dinero adentro del sistema de cuentas públicas.
Y la otra perlita es la siguiente: para la oposición el déficit económico que empezó a tener en enero la Provincia obedece al nivel elevado de gasto corriente (no inversión) mientras que el oficialismo asegura que se debe a que los ingresos ya no están robustos como antes (en gran parte por la sequía).
Pero ahora quienes tienen contactos regulares con el Ministerio de Economía santafesino cuentan que la preocupación que les transmiten los funcionarios es que la Nación (que enfrenta serios problemas financieros) dejó de pagar en tiempo y forma los aportes a la Caja Previsional y tener que abonar esos montos con fondos propios es lo que está tensionando las cuentas y dejándolos en déficit.
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Y hablando de retrasos en los pagos, una demora que en tiempos de alta inflación estresa la salud de las empresas, el viernes la Asociación Médica de Rosario emitió un comunicado en el que advierte “las demoras en los pagos por parte del sector financiador” y la falta de actualización del valor de los servicios y honorarios.
La mutual -que controla, por caso, al Hospital Español- fue al hueso: “Vemos que esto se está agravando en virtud de las apremiantes condiciones económicas en la que se encuentran los centros médicos de la ciudad, lo que no solo pone en riesgo numerosos puestos de trabajo, sino que también puede conducir a la reducción de los servicios”.
Ante esta situación, la AMR sostuvo que “mucho se puede hacer desde los estados provincial y municipal, en especial a través de beneficios en tasas e impuestos”.
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Vamos terminando. Esta semana el puerto de Rosario fue noticia por la protesta de camiones que estuvieron en la calle días esperando para descargar. Más allá de los inconvenientes para el tránsito, los choferes se las vieron difícil en zona sur sin seguridad y sin servicios, como baños. Toda una invitación para no querer volver.
La pregunta es: ¿cómo puede ser que una buena noticia, que es que haya actividad fuerte en el puerto, se convierta en una mala noticia? Por la falta de inversión en infraestructura de parte del empresa concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR).
En efecto, al operar con un solo muelle (porque el otro tiene riesgo de derrumbe) no se puede rotar rápido la mercadería almacenada y entonces se llenan los galpones demorando toda la logística de descarga de camiones.
A todo esto, el dirigente camionero, Sergio Aladio, llevó la voz cantante del reclamo de los choferes, pero también –en diálogo con Pablo Moto en El Contestador por Radio Dos- dejó un mensaje al gobierno provincial: “No nos usen a nosotros para resolver un conflicto en el puerto que no es nuestro”.
Y agregó: “Algunos quieren sacar al concesionario privado y el privado quiere que le renueven para invertir. Bueno, que se junten y arreglen las cosas. No nos utilicen a nosotros provocando a los compañeros que no pueden descargar para que se arme lío”.
El dirigente sindical dio en el punto. Y es que hay que recordar que rige una conciliación obligatoria y la empresa tiene que acomodarse a una serie de exigencias que les puso el Ministerio de Trabajo de Santa Fe tras las últimas inspecciones que realizó. Como sea, en el Enapro siguen con su estrategia de ajustar a derecho la actividad de TPR.
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Ya que nos fuimos para el río y la logística, como venimos reportando en Rosario3 hay creciente malestar en los usuarios de la hidrovía (agroexportadores, navieras, puertos cerealeros, etc.) por la decisión del gobierno nacional, que administra la vía navegable, de explorar la posibilidad de aumentar las tarifas del peaje porque debe dragar más por la crecida mientras le bajan los ingresos por el menor paso de barcos a raíz de la seca.
Resulta que el tema le dio aire a quienes en el sector privado siempre miraron con rechazo la gestión estatal (que cobra el peaje y contrata a dragadoras privadas para las tareas), pero que hasta ahora no tenían margen para protestar porque la Administración General de Puertos (AGP), organismo estatal a quien le encomendaron la tarea, tenía superávit.
Pero con esta avanzada tarifaria se revaloriza la postura de que la mejor forma de conducir la vía navegable es con una concesión a un operador privado que vaya a riesgo empresario que no que transfiera sus problemas a los usuarios.
Envalentonados los críticos, empezaron a hacer números sobre la gestión estatal. Y algunas conclusiones son llamativas. Y es que números que ponen sobre la mesa cuestiones que la gestión estatal sean tan eficiente como se la presentaba el año pasado:
Aseguran que la bajante extraordinaria del Paraná "les regaló" 39 pies de profundidad al nivel de referencia de contrato (37 de calado navegable) en el Paraná Inferior y el Paraná de las Palmas. Fue así que AGP contrató dragados por 13 millones de m3 en lugar de los 30 millones de promedio que se dragaba durante la concesión que terminó en 2021.
Si hubieran administrado bien, dicen los críticos, ese ahorro cercano a u$s 100 millones les permitiría afrontar la baja de ingresos por menor tráfico ocasionado por la sequía, y mantener la profundidad de 39 pies alcanzada.
Es que los canales del Río de la Plata tienen barros fluidos navegables de mas de 3 pies, por tanto -destacan- una "gestión competente técnicamente y responsable en el uso de recursos" podría haber habilitado 3 pies incrementales de calado navegable.
Cada pie son 5000 toneladas por cada buque Panamax que cargan en promedio 50.000 toneladas en la hidrovía, es decir se podrían haber ahorrado 10 % de los costos logísticos de ese tramo y además estaríamos a 3 pies de los 42 pies propuesto como objetivo por el Estudio de Latinoconsult entregado por los usuarios de la hidrovía al Ministerio de Transporte de la Nación en Septiembre 2020.
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Para cerrar este “run run” como siempre sostenemos en esta columna, Rosario es mucho más que la insufrible e insoportable inseguridad que la carcome a sangre y fuego.
Y es mucho más en gran parte por el empuje de sus instituciones de la sociedad civil. Y en este caso destacamos al Banco de Alimentos Rosario (BAR), que tuvo el viernes su cena anual. Un encuentro multitudinario que se realizó en Metropolitano que reunió a los principales actores del mundo económico y político de la región.
El BAR es una organización que convierte recursos comestibles que perdieron su valor comercial para disminuir las cifras de desperdicio y los índices de inseguridad alimentaria.
“Venimos a agradecer, y a reafirmar nuestro acompañamiento y colaboración. Felicitaciones a los trabajadores y a los aportantes, por multiplicar esta tarea y por decir presentes en cada uno de los barrios de Rosario”, destacó el gobernador Omar Perotti durante la actividad a la que asistieron unos mil comensales.
Junto al presidente saliente del BAR, Fernando Cáceres, y el entrante, Jorge Massoud, Perotti recordó: “Nos tocó en el inicio de la gestión enfrentar uno de los desafíos más importantes, que fue ver cómo hacíamos que en pandemia, la gente que necesitaba alimentos no salga a buscarlos, y Rosario tenía en su gente la respuesta. El BAR fue una herramienta clave, y hubiera sido muy difícil si no estaban presentes. Esa acción dejó a todos la enseñanza de que lo público y lo privado pueden trabajar bien, y exitosamente, y pueden potenciarse y resolver situaciones graves”.
