El Ministerio de Transporte de la Nación firmó este jueves el contrato de concesión de la gestión de la hidrovia a la Administración General de Puertos (AGP), organismo que desde la semana que viene gestionará el sistema troncal de navegación fluvial.
Con la rúbrica del contrato entre el ministro Alexis Guerrera y el titular de la AGP José Beni, el organismo portuario quedó formalmente autorizada para iniciar una etapa transitoria mientras que el flamante ente de control y Gestión de la Vía Navegable en paralelo organizará una licitación de largo plazo con mejoras de fondo (en obras y servicios) y luego adjudicará el futuro contrato por el dragado, balizamiento y cobro del peaje de la vía fluvial por la que se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino.
Según el contrato de 22 páginas, y al que tuvo acceso Rosario3, la AGP gestionará la hidrovía durante "un plazo de duración de doce (12) meses prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la Licitación". La concesión a la empresa privada Hidrovía SA (una UTE entre Jan de Nul y Emepa) termina el 11 de septiembre, tras haber sido prorrogada su vigencia noventa días.
Durante ese plazo, la AGP cobrará el peaje que pagan los barcos que transitan por la vía navegable y con esos fondos contratará (al principio de manera directa y luego por una licitación corta) los servicios de dragado y balizamiento de manera separada para mantener operativa la vía fluvial. En principio, durante la contratación directa Jan de Nul haría las tareas de dragado.
Si bien la idea es que sea una administración de transición que administre el sistema actual, el decreto de concesión lo habilita "para la eventual revisión de tarifas y/o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago".
Sobre el tema, en concreto dispone que "toda determinación del Cuadro Tarifario deberá estar debidamente justificada en análisis e informes técnicos, económicos, financieros y legales previos y en la consideración de los hechos, actos y sus consecuencias que la hayan causado; y, asimismo, deberá estar debidamente fundada en un examen detallado de la estructura de costos y de todos los demás elementos que conforman el servicio de la Concesión". Y aclara: "El Cuadro Tarifario redeterminado será aplicable a los QUINCE (15) días a partir de su aprobación. Como condición necesaria para su consideración, toda propuesta de modificación del Cuadro Tarifario por el Concesionario, como así también, toda respuesta a solicitudes de información en la materia, que pudiese requerir el Concedente, deberá ser acompañada con los correspondientes informes técnicos y contables".
En rigor, la AGP busca primero hacer pie, garantizar el servicio y ponerse en detalle con toda la información vinculada a la gestión diaria de la vía navegable. No obstante, hay voluntad de analizar la conveniencia y factibilidad de rebajar tarifas, como reclaman los usuarios privados.
También, según dispone el contrato, la AGP será ahora "la autoridad de control actuante", pudiendo poner en marcha un "plan de obras a ejecutar" hoy no previsto. "Se le dio instrucción a la Administración General de Puertos para que, mediante los contratos que celebre como Concesionario incluya como condición la incorporación del personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1366/14, prestando servicios para aquella", agrega el contrato.
"El Concesionario deberá asegurar la continua operatividad y navegabilidad de la Vía Navegable Troncal en forma ininterrumpida y en condiciones de absoluta normalidad e igualdad durante las veinticuatro (24) horas del día", dice el texto.
Y luego aclara: "El Concesionario no asume la obligación de ejercer las funciones de policía de seguridad, aduanera, ambiental e hidrológica en la Vía Navegable Troncal, las que serán ejercidas por la Prefectura Naval Argentina, la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las autoridades ambientales competentes, el Servicio de Hidrografía Naval del Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional del Agua, respectivamente".
