La discusión por el futuro de los biocombustibles ingresó en una etapa decisiva y tiene al agro argentino como uno de sus principales protagonistas.

El Senado analiza cambios en el régimen vigente que podrían modificar de manera significativa el mercado de biodiésel y bioetanol, dos productos directamente vinculados con las cadenas de soja, maíz y caña de azúcar.

Pero detrás del debate por aumentar los cortes aparece una pelea de mayor magnitud: un mercado estimado en US$ 1.000 millones, 25 plantas pymes y miles de empleos regionales.

Y hay otro punto que genera preocupación entre productores y transportistas: qué impacto tendrá el nuevo esquema sobre el precio final del gasoil.

El cambio que puede sacudir al mercado de biodiesel

El proyecto que analiza el Congreso propone llevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del actual 7,5% al 10%.

En el caso del bioetanol, el porcentaje de mezcla con naftas pasaría del 12% al 15%. Los nuevos niveles comenzarían a regir a los doce meses de sancionada la ley.

A primera vista, se trata de una modificación porcentual. Para la agroindustria, sin embargo, implica mucho más: mayor demanda de materias primas, más actividad industrial y un mercado interno de biocombustibles de mayor volumen.

El problema aparece cuando se analiza cómo se distribuirá ese negocio.

La soja queda en el centro de la disputa

El biodiésel argentino se produce principalmente a partir de aceite de soja, por lo que cualquier modificación del mercado interno tiene un impacto directo sobre una de las cadenas agroindustriales más importantes del país.

Argentina cuenta con una industria aceitera de enorme escala y una capacidad instalada que permite procesar grandes volúmenes de oleaginosas.

Las grandes empresas del sector sostienen que el mercado interno debería avanzar hacia un esquema más competitivo, que permita aprovechar esa capacidad y generar nuevas inversiones.

Las pymes, en cambio, advierten que una apertura sin mecanismos de protección podría dejar en desventaja a las plantas regionales.

Más de 20 plantas y 9.500 empleos, en alerta

Según los datos citados durante el debate, existen 25 plantas pymes con asignaciones vigentes para abastecer el mercado interno.

Diez están ubicadas en Santa Fe, diez en Buenos Aires, dos en La Pampa, dos en Entre Ríos y una en San Luis.

El sector estima que estas industrias generan alrededor de 1.500 empleos directos y otros 8.000 indirectos.

Para estas empresas, el punto crítico es la diferencia de escala frente a las grandes compañías integradas.

Mientras las aceiteras cuentan con acceso a materia prima, infraestructura industrial, logística y terminales portuarias, las plantas independientes deben enfrentar mayores costos para conseguir el aceite y trasladar su producción.

Por eso, el temor es que una liberalización completa termine concentrando el mercado.

El “efecto Uber” que encendió la alarma

Las pymes utilizan una comparación contundente para explicar lo que podría ocurrir: el denominado “efecto Uber”.

La advertencia apunta a que las empresas de mayor escala podrían ingresar con precios agresivos, ganar participación y desplazar paulatinamente a productores más pequeños.

Desde el sector pyme sostienen que no buscan eliminar la competencia, sino establecer reglas que permitan competir entre actores con condiciones similares.

Entre sus propuestas aparece la segmentación del mercado y la incorporación de criterios de regionalidad.

Santa Fe quiere más biodiesel

Santa Fe tiene un interés particular en la discusión. La provincia concentra una parte importante de la producción de biodiésel y de la industria aceitera argentina, por lo que un incremento del corte podría generar un mayor nivel de actividad para su complejo agroindustrial.

El Gobierno santafesino plantea llevar el corte obligatorio hasta el 15%, con la posibilidad de alcanzar el 20% cuando las condiciones técnicas lo permitan.

También impulsa mecanismos que permitan preservar la participación de las empresas no integradas.

El argumento provincial es que aumentar el uso de biocombustibles permitiría reducir la dependencia de combustibles fósiles, sustituir importaciones y agregar valor a la producción agroindustrial dentro del país.

La otra cara de la ley: el precio del gasoil

Para el campo, hay una pregunta que pesa más que cualquier porcentaje: ¿cuánto va a costar el gasoil?

El combustible representa uno de los principales costos operativos de la producción agrícola. Siembra, pulverización, cosecha, transporte y movimiento de granos dependen directamente del precio del diésel.

Durante el debate, desde el Gobierno señalaron que el biodiesel todavía presenta un costo superior al combustible fósil y que una suba significativa del corte podría trasladarse al precio final.

Las empresas que promueven un mercado más abierto, en cambio, consideran que una mayor competencia puede contribuir a mejorar la eficiencia y generar mejores condiciones de mercado.

¿Quién gana con un mayor corte?

Un aumento del corte implica, en términos simples, más litros de biodiésel dentro del gasoil que consume el mercado argentino.

Eso significa mayor demanda para la industria y una oportunidad para agregar valor a la soja.

Para el productor, el impacto es indirecto pero relevante: un mercado interno más grande para el biodiésel puede fortalecer la demanda industrial de aceite de soja y profundizar la transformación de la producción primaria dentro del país.

Pero el beneficio dependerá de cómo se estructure el mercado.

Si el crecimiento queda concentrado en pocas compañías, las pymes regionales podrían perder participación. Si, en cambio, se genera un esquema competitivo con participación de distintos actores, el aumento del corte podría traducirse en más actividad industrial en las zonas productivas.

Una batalla que excede al Senado

La discusión por la nueva Ley de Biocombustibles no es solamente una pelea entre empresas.

También define qué modelo de agroindustria quiere la Argentina. Un modelo basado en grandes plantas integradas y mayor libertad comercial, o uno que combine competitividad con participación de pequeñas y medianas industrias distribuidas en las provincias.

El mercado que está en juego mueve alrededor de US$ 1.000 millones y conecta directamente al campo con la industria, la energía y el transporte.

Por eso, la discusión sobre pasar del 7,5% al 10% de biodiésel puede parecer un cambio menor.

En realidad, detrás de ese 2,5% adicional hay más demanda de aceite de soja, más capacidad industrial, miles de empleos y una pelea por definir quién controla el negocio de los combustibles renovables en Argentina.

Tendencia: eficiencia y agregado de valor

El avance de los biocombustibles refuerza una tendencia estratégica para el agro argentino: transformar más producción primaria en el país y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

La clave estará en determinar cómo se reparte ese crecimiento y, especialmente, qué impacto tendrá sobre los costos que finalmente paga el productor.