En la apertura de sesiones del Concejo Municipal, el intendente Pablo Javkin anunció que enviará un proyecto a la Legislatura para que se le otorgue la potestad de designar al jefe de la Policía en Rosario. Pese al anuncio, hay una serie de limitaciones que hacen un tanto difícil que esto se pueda dar sin una reforma constitucional. Pero también se plantean salidas que pueden hacerlo aplicable.
“Voy a elevar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que seme asigne como Intendente la potestad en la designación de los jefes policialesy las facultades de incidir en la distribución de las fuerzas policiales en nuestra ciudad en el marco de un proyecto de autonomía municipal”, anunció el mandatario santafesino.
El proyecto al que hizo referencia es de autoría del diputado provincial Rubén Giustiniani e ingresó a la cámara baja en noviembre del 2020. En el mismo se plantea “reglar en la provincia de Santa Fe el alcance y contenido de la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.
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Si bien entre las competencias que el proyecto le asigna a los municipios autónomos, se destaca la posibilidad de “establecer políticas de seguridad pública, en forma concurrente con la Provincia y la Nación”, hay un impedimento constitucional en lo que solicitó el intendente rosarino.
“Por constitución, la policía provincial le corresponde al gobernador. En todo caso, el gobernador podría incorporar a los municipios para que aconsejen, pero la decisión corresponde al gobernador”, explicó a Rosario3 el abogado constitucionalista, Domingo Rondina.
En su artículo 72, la Constitución provincial establece las atribuciones que le corresponden al titular de la casa Gris y en el inciso 17 se aclara expresamente que es quien “dispone de las fuerzas policiales y presta su auxilio a la Legislatura, a los tribunales de justicia y a los funcionarios provinciales, municipales o comunales autorizados por la ley”.
Allí es dónde se plantea el principal impedimento para obtener esa facultad por intermedio de la Legislatura provincial dado que las leyes no pueden ir contra lo que establece la Constitución.
“No hay duda que la legislación en materia de seguridad y la policía dependen de la provincia y específicamente del gobernador, esto se supera con la autonomía municipal y, al no tenerla, viene el debate sobre si es con una reforma constitucional o a través de una ley provincial que tiene sus inconvenientes”, precisó el ex director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, Oscar Blando.
A modo de anticipo de lo que puede pasar en el debate legislativo, Blando recordó una situación que se dio durante el gobierno de Miguel Lifschitz, cuando el mandatario envió una ley para que la designación del Jefe de la Policía salga con acuerdo de la Legislatura y los diputados rechazaron el proyecto argumentando que se trataba de una potestad propia del gobernador.
Saliendo del camino de reforma constitucional, el propio autor del proyecto de autonomía municipal, Rubén Giustiniani, detalló una posible alternativa que tiene que ver con avanzar en la creación de una policía municipal.
“Desde mi punto de vista el camino es sancionar primero la autonomía municipal y a partir de allí ver la posibilidad de tener una policía propia. Es claro que el intendente tiene que tener injerencia hoy en la cuestión de la seguridad. En un tema de semejante preocupación para los vecinos tienen que estar cerca las decisiones de dónde está el problema”, señaló el diputado socialista.
Pero para avanzar con la posibilidad de crear una policía municipal, algo que el intendente ya había solicitado en octubre del 2021, la principal traba está en los fondos para su creación. “Si nos hacemos cargo de la policía necesitamos que la provincia nos garantice la plata para sostener toda la estructura”, confiaron fuentes municipales.
Otra alternativa sin necesidad de autonomía
Para Rondina, existe también la posibilidad de que un municipio tenga su propia policía, sin necesidad de que se declare la autonomía. “La policía tiene dos funciones, una es prevenir la ocasión de delito, patrullar, vigilar e incluso pedir identificación o detener a una persona que está por cometer un delito, toda esa función preventiva la puede organizar la municipalidad libremente, mandar una ordenanza y hacerlo”, aseguró.
Esta policía municipal (sin la declaración de autonomía) podría portar armas no letales como balas de goma, bastones, aerosoles de pimienta o pistolas de descarga eléctrica. Pero el inconveniente aquí también radica en de dónde sacar los fondos para su creación, formación y sostenimiento en el tiempo.
El debate vuelve a estar en agenda, pero no podrá comenzar su discusión legislativa hasta el 1º de mayo del 2022, momento en el que el gobernador Omar Perotti abra las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.
