Quedó constituida este miércoles la comisión especial investigadora de la tragedia por el fentanilo contaminado, con la particularidad de que la conducción recayó en tres mujeres provenientes de distintos espacios políticos y la presidencia quedó en manos de la diputada por Santa Fe Mónica Fein, exintendenta de Rosario.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la semana pasada crear la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación, que ya comenzó a funcionar.
La primera reunión sirvió para elegir autoridades, fijar días y horarios de trabajo, y empezar a delinear la grilla de convocados.
El cuerpo está integrado por 31 legisladores de distintos bloques, con representación proporcional a la composición de la Cámara. Entre ellos hay dos santafesinos: Mónica Fein y Eduardo Toniolli.
Fein y otras dos mujeres a la cabeza
La socialista Mónica Fein (Encuentro Federal), bioquímica de profesión y que también fue secretaria de Salud de la Municipalidad de Rosario antes de ser intendenta, fue designada como presidenta del cuerpo.
En tanto, la bullrichista Silvana Giudici (PRO) se quedó con la vicepresidencia y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) con la secretaría.
Las tres son autoras de distintos proyectos de resolución para la conformación de la comisión investigadora, junto con Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre).
Qué tarea tiene la comisión
La resolución aprobada establece que el objetivo de esta comisión es investigar las causas, responsabilidades y consecuencias del brote por fentanilo adulterado que derivó en víctimas fatales y puso en alerta al sistema de salud.
También deberá relevar casos confirmados, probables y sospechosos, discriminados por fechas, jurisdicciones y situación clínica y analizar la cronología de las alertas sanitarias y las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, la Anmat y otras jurisdicciones.
Además, van a evaluar la habilitación y funcionamiento de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, señalados en la causa y estudiar las fallas en la trazabilidad de medicamentos controlados que permitieron la distribución masiva sin detección previa de la contaminación.
Para recabar toda esta información, la comisión podrá convocar a funcionarios, expertos y representantes de organismos públicos y privados, así como recibir denuncias y material probatorio. Todas las reuniones serán públicas, salvo pedido expreso de reserva.
Una vez terminado el proceso de recopilación de información, los legisladores buscarán determinar el grado de responsabilidad de organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y privados involucrados en la producción y comercialización de los opioides sintéticos alterados.
El plazo de funcionamiento será hasta el 9 de diciembre de 2025, cuando deberá presentar un informe final con conclusiones, responsabilidades y propuestas legislativas para mejorar la seguridad en la provisión de insumos médicos y reforzar la respuesta del sistema sanitario.
